Macri y el operativo “Aprender”

Por Hernán Andrés Kruse.-

El martes 18 comenzó la primera etapa del operativo “Aprender”, una serie de pruebas implementadas por el Ministerio de Educación tendientes a evaluar a 1.400.000 alumnos de escuelas públicas y privadas. Según la información recabada por los gremios sólo en la CABA el presentismo apenas alcanzó el cincuenta por ciento. El proyecto macrista cosechó numerosos rechazos de gremios docentes, padres, docentes y alumnos. Hubo escuelas tomadas, cuestionarios rotos o tachados, hojas en blanco y marchas de protesta. Un estudiante escribió en la hoja “queremos evaluar a Bullrich para saber si es apto para el cargo que ocupa”. Alejandro Demichelis, secretario de prensa de Ctera, manifestó a Página 12 que “tenemos la sensación de que hay una intencionalidad de ajuste detrás de estas pruebas, de llevar el sistema educativo a la privatización después de desprestigiar la educación pública”, y aseguró que “esta es una evaluación con resultado cantado. Ya lo dijo el ministro Esteban Bullrich, para ellos la ecuación no sirve más”. La evaluación versó sobre Lengua y Matemática para los alumnos del sexto grado de primaria y del último año de secundaria de más de 39.000 escuelas. Eduardo López, titular de UTE y Secretario General de Ctera, dijo a página 12 que “notamos mucho ausentismo en las escuelas, así como también el apoyo de la comunidad educativa en el rechazo a estas evaluaciones”, y destacó que “en las escuelas primarias muchos chicos no fueron porque sus padres no los mandaron”. En cambio, “en las escuelas secundarias fue la movilización estudiantil la que hizo sentir su rechazo”. El ausentismo pasó a ser, enfatizó, la forma “de rechazo más frecuente en las primarias, donde los chicos son más chicos”. Iván Sznaidr, presidente del centro de estudiantes del Instituto Superior Juan B. Justo, relató a Página 12 que “nosotros decidimos no faltar a clases y romper las evaluaciones para que no se puedan contabilizar de ninguna forma, y demostrar que no estamos de acuerdo con estas pruebas que, además, dicen que son anónimas, pero no lo son porque tienen un número de orden asociado a cada alumno”. Clara, del centro de estudiantes del colegio secundario Mariano Acosta, contó que “en asambleas discutimos sobre las pruebas, nos posicionamos en contra y decidimos no aparecer como colegio dentro de este ranking que van a armar””, y fue por ello que los alumnos decidieron tachar “todas las respuestas” y  cortar “el código de barra que tiene impreso”. Narró que “escribimos en algunas de las hojas por qué estamos en desacuerdo”, y graficó: “El presupuesto invertido en las pruebas debería haber ido a la educación pública que está abandonadísima”. Jorge Adaro, secretario general de Ademys, manifestó: “entendemos que ésta es una prueba estandarizada que no refleja de manera alguna el aprendizaje en el aula. Se toma la misma evaluación en todo el país y se deja de lado el contexto social, sea grupal o individual”. Por su parte, Silvia Almasan, secretaria de cultura de Suteba, dijo que “no estamos de acuerdo con el Operativo, son prescripciones de los organismos de crédito internacional que no cuantifica cómo construyen, cómo reflexionan y razonan nuestros estudiantes”. Sofía, alumna de la escuela Normal 1 de La Plata, expresó que “no se puede evaluar la educación pública de una forma estandarizada sin tener en cuenta la particularidad de cada alumno o colegio, no es lo mismo un colegio agrotécnico que un colegio técnico o un colegio en situación de encierro”. Según Demichelis, “el rechazo también tiene que ver con las preguntas personalizadas que deben contestar los alumnos (cuestionario de contexto de las pruebas), algunas estigmatizantes: si está embarazada, si la familia cobra asignación universal, si tiene algún familiar indígena. Y que no le vemos el sentido para evaluar el sistema educativo”. Y agregó que “también hay preguntas sobre cómo enseñan los maestros y profesores, si te escuchan cuando enseña, si se enojan; son preguntas policíacas planteadas sin diálogo ni consenso”. La respuesta del presidente no se hizo esperar: “nunca pensé que todavía haya gremios que vean la evaluación como una amenaza; es al revés, la evaluación es para disminuir la amenaza de que nuestros chicos se sigan recibiendo y sigan sin poder acceder a un buen trabajo”. Por su parte, Elena Duro, secretaria de Evaluación Educativa, aseguró que “el país necesita garantizar un contenido mínimo de aprendizajes comunes, todos los países implementan estas pruebas estandarizadas”. Señaló, además, que “tenemos que poder dialogar para avanzar, no para ir para atrás” y consideró que “los gremios van a terminar entendiendo cuando hagamos un trabajo con la información de devolución, como nos hemos comprometido” (fuente: “La evaluación educativa que no pasó la prueba”, Página 12, 19/10/016).

En su edición del miércoles 19 Página 12 publicó un artículo de Adriana Puiggrós titulado “Una fotografía pedagógica destinada al mercado”, en el que efectúa grandes críticas a la evaluación ordenada por el presidente de la nación. Dice la pedagoga: “El gobierno nacional ha puesto en marcha una evaluación de carácter obligatorio que alcanzaría cerca de un millón y medio de alumnos de primaria y secundaria de todas las escuelas del país. Se trata de un operativo denominado “Aprender”, elaborado bajo los lineamientos de una empresa líder en el negocio de la evaluación internacional. Fue diseñado con una estructura vertical en cuya cúspide está el ministro de Educación de la Nación, continúa una enredada burocracia y en la base están los “aplicadores”. Estos últimos son los docentes a los que se ha quitado toda posibilidad de opinar en todas las fases del operativo y que deben ser desconocidos por los alumnos” (…) “El Ministerio informa que los resultados serán un insumo fundamental para el conjunto de las políticas educativas y orientaciones pedagógicas, lo cual es especialmente preocupante, dado que el “Aprender” adolece de graves faltas desde los puntos de vista técnico y pedagógico, y de una explícita orientación política que invalida su pretendida cientificidad. El hecho es que funcionarios involucrados en el análisis y uso de los resultados han anticipado su veredicto sobre delicados temas que aborda la prueba: el ministro Esteban Bullrich ha sido el más explícito, vinculando a los alumnos que provienen de sectores populares con la violencia y, con su frase más famosa, anunciando una nueva “campaña del desierto”. El ex ministro de educación de la CABA por el PRO, Mariano Narodowski, expresa muy bien las ideas del gobierno sosteniendo que las escuelas y los docentes son dispositivos caducos cuya desaparición es segura: deberíamos acostumbrarnos a un futuro en el que el problema será qué grado de desigualdad producirán las intervenciones en los genes destinados a modelar la inteligencia, procedimiento al que quedará reducida la educación. Estos preconceptos sociales” (…) “toman como sujeto (mejor dicho objeto) a un supuesto alumno universal, que es introducido en una situación artificial y atemorizante, y se le toma un examen que juega el papel de una fotografía. Pero la educación es un proceso y no un instante de chicos iluminados o amedrentados. Las respuestas por SI o por NO del cuestionario estilo “múltiple choice” no es posible que reflejen de manera objetiva cómo se desarrolla la educación en el país. Por el contrario, es altamente probable que se usen para justificar un resultado previsto, que sería rankings de escuelas, maestros y alumnos destinados a ordenar y regular el mercado educativo, tal como se hace con productos de perfumerías, bebidas o automóviles. Es una política educativa muy lamentable. En una evaluación educativa científica y socialmente adecuada, el núcleo es la participación de los docentes y alumnos, no como aplicadores y objetos de la aplicación, sino como sujetos activos de la revisión conjunta del proceso que transitan juntos” (…) “En definitiva, el operativo “Aprender” obtendrá una foto de chicos desasosegados frente a docentes transformados en “aplicadores”. Siguiendo la línea de análisis de los funcionarios oficiales, será una radiografía del Ser de distintos sectores sociales: “así son”, dirá la prueba, tomando como definitiva una situación ficticia y traumática. La película de largometraje en que debe consistir una buena evaluación no será tomada porque obligaría a mostrar los resultados de anteriores Operativos Nacionales de Evaluación e incluso algunos internacionales, en los cuales la educación argentina no está tan mal como el gobierno querría”.

El CEPA (Centro de Economía Política Argentina) repasó qué fue lo que sucedió con los salarios de trece convenios colectivos en la pulseada con la inflación durante los dos últimos años. Gracias a las negociaciones realizadas cuando expiraba el segundo gobierno de Cristina la totalidad de los gremios se encaminaba a ganar, en promedio, 3 puntos por encima de la inflación. Con la devaluación, el incremento de los precios y el tarifazo, los salarios terminaron 10 puntos por debajo de la inflación. Otro dato relevante es el referido a las paritarias de este año, la mitad de las cuales se situarán 5 o 6 puntos debajo de la inflación siempre y cuando el equipo económico macrista cumpla con la promesa de contener el costo de vida en los próximos meses.  El informe analiza lo que sucedió en cada gremio luego de negociar los salarios. Para ello procedió al análisis del poder de compra de los salarios durante los períodos 2015/016 y 2016/017. Los salarios estudiados fueron los correspondientes a los bancarios, metalúrgicos, papeleros, comercio, construcción, gráficos, alimentación, sanidad, administración pública, gastronómicos, encargados de edificios, petroleros y camioneros. Hernán Letcher, director del CEPA, explicó que lo que se buscó fue la inclusión de muestras de la industria, los servicios, la administración pública y la construcción. “A su vez, dentro de esos sectores buscamos gremios que fueran representativos en afiliados y cantidad de trabajadores”, destacó. Lo primero que se observó fue cómo quedaron los sueldos al concluir el período 2015/016 en comparación con el índice de inflación medido por el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires (IPC-CABA). El resultado fue “una sustancial pérdida de poder adquisitivo de los salarios” (- 7,02 por ciento). El único gremio que salió airoso del duelo con la inflación fue el bancario, lo que se debió en parte a que su paritaria cerró en diciembre de 2015, lo que impidió que el salario fuera afectado por el tarifazo y los meses siguientes de inflación. El gremio más perjudicado fue el petrolero (-13 por ciento) porque su acuerdo salarial fue de julio a julio, lo que significa que el salario recibió los mandobles de la devaluación y el tarifazo. El CEPA hizo mención de una variable relacionada con la devaluación. Además de comparar los salarios con la inflación, calculó a cuánto hubiera ascendido la inflación si Macri no hubiera devaluado. Según dicho estudio gracias a la devaluación los salarios perdieron 3 puntos. En opinión de Letcher “con las paritarias acordadas en 2015, la totalidad de los gremios considerados para el estudio se encaminaban a ganarle a la inflación un promedio de 3,06 por ciento”. “Sin embargo, al cierre del período se encontraron con una caída de algo más del 7 por ciento. En definitiva, quedaron 10 por ciento por debajo de lo que imaginaban a la hora de la discusión paritaria” (fuente: Laura Vales, “Los grandes derrotados son los sueldos”, Página 12, 19/10/016).

El último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) es lapidario. La producción industrial cayó en agosto un 6,6 por ciento frente a agosto del año anterior mientras que en los últimos ocho meses se registró una merma del 4,7 por ciento. El bajón de la producción industrial se debe fundamentalmente al marcado deterioro de la producción siderúrgica, registrando la peor marca desde principios de 2013. También se registraron fuertes caídas en el papel, en el cartón, en los autos y en los bienes de capital. Sólo crecieron las sustancias y los productos químicos, por los agroquímicos. Los pronósticos del gobierno se estrellaron, una vez más, contra la realidad. Al ser el sector industrial uno de los pilares de la actividad económica y especialmente del mantenimiento del empleo, una merma en dicho sector repercute directamente sobre el nivel de ocupación. El sector de la siderurgia bajó en agosto un 25,2 por ciento interanual como consecuencia de la disminución del 27,5 por ciento en la producción de acero, la más profunda desde febrero de 2013. Según la Cámara del Acero, esta merma se explica por “la menor demanda de los sectores que utilizan el acero como un insumo clave para su producción, el complejo contexto internacional con un exceso de oferta y los programas de mantenimiento extraordinario que llevan adelante algunas empresas del sector para recambiar motores en algunas líneas de producción”. Por si  este bajón registrado en la producción de acero no fuera suficiente, hubo caídas en la producción de hierro (46,4 por ciento), de laminados en caliente (44,9 por ciento), de laminados en frío (52,7 por ciento) y de aluminio (11,2 por ciento). El sector de minerales no  metálicos, vinculado al sector siderúrgico, también registró una caída del orden del 5,9 por ciento en agosto a raíz, según la UIA, de “la caída de la construcción y la menor ejecución de obra pública”. En lo que va del año este sector registró una merma del 13 por ciento mientras que la construcción tuvo una pérdida de 60 mil empleos. Otro rubro importante para el sector siderúrgico es el automotor. En agosto tuvo una caída del 8,5 por ciento agravando un problema que ya lleva un año. Ello se debe, básicamente, a que: 1) las exportaciones de autos a Brasil cayeron frente al mismo mes del año pasado un 41 por ciento; 2) las ventas a los concesionarios están en un nivel apenas por debajo del registrado el año pasado (-0,4 por ciento) pese a la mayor oferta de divisas para comprar piezas para ensamblar autos.  Otro sector que registró un mal desempeño fue el de la metalmecánica (-6,4 por ciento). Por último, en agosto la producción de bebidas y alimentos registró una merma del 4,6 por ciento, mientras que el sector de papel y cartón tuvo una caída frente al año anterior del 12,6 por ciento, y el sector de edición e impresión cayó un 9,5 por ciento (fuente: “La caída industrial no encuentra piso”, Página 12, 19/10/016).