Por Hernán Andrés Kruse.-

En su discurso de asunción, el presidente Javier Milei afirmó con vehemencia que el ajuste estructural aplicado sin anestesia es la única alternativa frente al peligro inminente de la hiperinflación. Semejante diagnóstico fue compartido por el ministro de economía, Luis Caputo, y el vocero presidencial, Manuel Adorni. Al anunciar las primeras medidas económicas de emergencia, Caputo expresó de manera clara y contundente que a partir de ahora tendrá plena vigencia la regla de oro según la cual los gastos no pueden superar a los ingresos. Esta mañana (miércoles 13) Adorni afirmó que la Argentina es hoy un paciente moribundo. En consecuencia, el único remedio capaz de salvarle la vida es el ajuste ortodoxo. La enfermedad terminal es, obviamente, la hiperinflación.

El solo escuchar la palabra “hiperinflación” nos hiela la sangre. Nos vienen a la memoria los dramáticos meses finales de la presidencia de Raúl Alfonsín y el primer año y medio de Carlos Menem. El día de la asunción del riojano-8 de julio de 1989-la inflación rozaba el 200% mensual. Pese a aplicar un plan económico ortodoxo la hiperinflación continuó vivita y coleando, aunque con menos intensidad que en el final del gobierno de don Raúl. Recién en el verano de 1991, cuando asumió como ministro de Economía el entonces Canciller Domingo Felipe Cavallo, el gobierno comenzó a controlar el alza incontenible de los precios.

El dramatismo de la hora actual, alimentado por un frío plan del gobierno nacional tendiente a atemorizar al pueblo, me hace acordar al dramatismo de hace tres décadas. La desesperación popular le abrió las puertas del poder a Carlos Menem, quien se presentó como el salvador de la patria, como el abanderado del cambio que la Argentina necesitaba en aquel entonces, como el garante de una nueva era histórica. Las similitudes con la hora actual son estremecedoras. La desesperación popular le abrió las puertas del poder a un outsider de la política, a un economista libertario que, a diferencia del riojano, tuvo la valentía de decirle al pueblo lo que pensaba hacer en materia económica si era ungido presidente. Milei prometió un ajuste impiadoso y cumplió. Nada que reprocharle. El problema es que está convencido de que con él en la presidencia el ajuste será exitoso, a diferencia de lo acontecido con los anteriores ajustes. En este sentido, conviene traer a colación la conocida afirmación de Albert Einstein “locura es creer que aplicando los mismos métodos se obtendrán resultados diferentes”.

A continuación paso a transcribir una parte del ensayo de Marcelo A. Krikorian (profesor ordinario adjunto de Economía Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales de la UNLP) titulado “La hiperinflación de 1989/90: Aportes y reflexiones sobre un episodio que marcó la historia argentina” (2002).

DEL PLAN AUSTRAL A LA HIPERINFLACIÓN DE 1989

“Los primeros años de la nueva etapa democrática iniciada en 1983 fueron bastante complicados para gobernar. En lo político -más allá del triunfo contundente del Radicalismo por el 52% de los votos- la herencia dejada por la Dictadura en materia de violaciones a los derechos humanos hizo que la agenda gubernamental estuviera demasiado ocupada con otros temas de gravedad institucional. Luego del histórico enjuiciamiento a las Juntas Militares de 1985, sobrevino el procesamiento a personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con rango inferior al de las máximas jerarquías, involucrados en crímenes de lesa humanidad. En este marco se produjo el levantamiento de Semana Santa de 1987 derivado de la Ley de Punto Final sancionada en 1986, que aceleró las citaciones judiciales. La sociedad sin distinciones sintió que la Democracia estaba amenazada y se concentró en Plaza de Mayo para repudiar la rebelión y respaldar la continuidad institucional. Aun así, al poco tiempo era sancionada la Ley de Obediencia Debida, que desprocesó a cientos de involucrados en estos graves hechos. Paralelamente a las tensiones que sufría el sistema democrático, la inflación galopante iba reduciendo el margen de maniobra del Gobierno que no daba muestras de poder resolver la cuestión. Las correcciones salariales nunca eran suficientes y los ingresos de los trabajadores iban perdiendo paulatinamente la batalla contra los precios de bienes y servicios. Esto potenció el rol opositor de la CGT liderada por Saúl E. Ubaldini, que organizó entre 1984 y 1989 trece manifestaciones de protesta entre paros y movilizaciones. Tampoco fue fácil gobernar con la mayoría Justicialista en el Senado Nacional (los senadores eran elegidos por las Legislaturas Provinciales y más de la mitad estaban controladas por el PJ).

La estrategia económica fracasó durante el primer año de Gobierno. Pese a los controles de precios, la inflación continuó su escalada mientras se convalidaban aumentos salariales que tendieran al menos a compensarla, con el resultado habitual: los ingresos volvían a quedar rezagados. 1984 cerró con 688% de inflación contra un 434% del año anterior. No pueden analizarse estos años disociados del problema de la deuda pública: el mayor condicionante que tuvo y tiene la Democracia. La deuda argentina en 1983 era de aproximadamente U$S 45.000 millones y fue destinada por la Dictadura a fines que nada tenían que ver con incrementar la capacidad de producción del país para así estar en mejores condiciones de pagarla: a) financiar la especulación por medio de la tablita cambiaria que mantenía artificialmente barato el dólar con créditos externos, b) realizar obras públicas faraónicas e improductivas y c) absorber deuda externa privada que pasó a ser pública en un proceso de estatización que arrancó luego de la devaluación de 1981 y culminó en 1985. El país se encontraba entonces con un pasivo de proporciones cuando los acreedores internacionales decidieron revertir la tendencia de crédito fácil, propio de los años 70. Ya no había líneas de préstamos de esas características antes impulsadas por el alza en el valor del petróleo (petrodólares); asimismo, las tasas de interés internacionales -debido a las políticas monetarias restrictivas de los países desarrollados como EEUU- habían subido hasta los dos dígitos, pasando de un 6/8% anual a un 20% en 1981/82. Lo que restaba era pagar; pagar con ajuste, distrayendo recursos del presupuesto estatal asignados a áreas clave. El sector público necesitaba ahorrar para comprar los dólares necesarios que permitieran afrontar compromisos cuyo origen estaba viciado de legitimidad. Por ende, disminuyó la inversión pública y la falta de inversión -sea en bienes de capital, sea en infraestructura- fue siempre una presión inflacionaria especialmente mencionada por la corriente estructuralista.

El Ministro de Economía Bernardo Grinspun -perteneciente al riñón político del Presidente Alfonsín- renunció en febrero de 1985, asumiendo un técnico con formación estructuralista que hasta entonces era Secretario de Planificación (cargo que pasó a ocupar Grinspun en un enroque): Juan Vital Sourrouille. Sourrouille apostó a un esquema que no sería gradualista sino de shock. Así vio la luz en junio de ese año y por Decreto de necesidad y urgencia el Plan Austral, que combinó medidas típicamente monetaristas (compromiso de reducción del gasto público con eliminación del déficit fiscal y cero emisión de moneda con ese fin) con medidas más heterodoxas (congelamiento de precios de bienes, tarifas de servicios públicos y salarios). También se aplicó un desagio para desindexar obligaciones de ejecución continuada contraídas antes del Plan. Más allá de las críticas que despertó el desagio por quienes eran acreedores en diferentes relaciones contractuales, se entendió que era necesario tomando en cuenta la significativa reducción que en los meses siguientes tendría el índice inflacionario, donde no era razonable convalidar cláusulas indexatorias pensadas con una expectativa de suba de precios que ya no era de magnitud. El Peso Argentino dejó de existir, dando lugar al Austral que tenía tres ceros menos y era más fuerte en la relación de paridad que el mismo dólar, como se verá más adelante. El congelamiento de precios estuvo precedido de una remarcación que permitió a los formadores de precios contar con cierto “colchón” para soportar el nuevo escenario por unos meses. La inflación de junio de 1985 fue exactamente del 30,5%, un poco menor a la que se registró en 1975 con el “Rodrigazo”. No caben dudas de que el país iba camino a la hiperinflación más tarde o más temprano y que el Plan Austral se propuso evitarla. La inflación bajó. En agosto llegó al 6,1%, en septiembre al 2% y en octubre al 1,9%. En los nueve meses que duró el congelamiento la inflación promedio fue de 3%, mientras que en los nueve meses anteriores al Austral fue de 25%. El Gobierno tenía su primer test electoral en noviembre y ganó la renovación legislativa con el 43% de los votos. En 1986 comenzaron a hacerse correcciones. Nació el Austral II, mientras lentamente se diluían los logros del Austral original. Los controles iban cediendo, básicamente por la presión de los formadores de precios y los sindicatos -al compás de un incipiente rebote inflacionario- volvían a la carga ejerciendo el derecho de reclamar actualizaciones salariales. Aun así, el año cerró con una inflación de dos dígitos: 81,9% Un párrafo aparte merecen los problemas del sector externo en los años 1986/87. Las exportaciones cayeron en 1987 a U$S 6.600 millones, principalmente por la baja en las cotizaciones de los productos primarios a raíz de la política de subsidios distorsivos del mundo desarrollado. Combinado con mayores importaciones, esta situación arrojó un pobre superávit comercial de U$S 257 millones. Semejante escasez de dólares complicó el mercado cambiario y la agenda de vencimientos que el Gobierno tenía en ese año”.

DERROTA ELECTORAL, GESTIÓN DEBILITADA E HIPERINFLACIÓN

“El año 1987 significó un quiebre para el Radicalismo en el Gobierno. Al avance del poder militar que se mencionó antes, arrancándole medidas que le garantizaran impunidad se sumó la derrota de septiembre, perdiendo la Gobernación del principal distrito: Provincia de Buenos Aires, y quedando sin mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional para los dos años que restaban del mandato. Ese año, en otra demostración de viraje en antiguas posiciones que identificaron históricamente a la UCR, el Presidente Alfonsín propuso al Parlamento un ensayo de privatización tomando como leading case a las empresas estatales de telefonía (ENTEL) y de aeronavegación (Aerolíneas Argentinas), asociadas respectivamente con Telefónica de España y con la compañía aérea europea SAS. La iniciativa, que tuvo como autor intelectual al Ministro Rodolfo Terragno, no prosperó. Por esas actitudes contradictorias e hipócritas que suelen darse en la vida política de muchos dirigentes, fue Eduardo Menem (hermano de quien tiempo después fuera Presidente de la República e impulsara el mayor y más rápido proceso privatizador del que se tenga memoria) quien llevó la voz cantante de su bloque en el Senado rechazando el proyecto por “entreguista y vendepatria”. En 1988 hubo nuevos intentos por detener la espiral de la inflación. Desde comienzos de aquel año se restableció el régimen de convenciones colectivas de trabajo de la ley 14.250 (paritarias), que habilitaba a los gremios a discutir salarios directamente con el sector empresario. Resultado de esa puja -como en otros tiempos- fue el traslado a precios de las actualizaciones conseguidas por los trabajadores. En agosto se anunció el Plan Primavera, con medidas de ajuste y racionalización del gasto público y de modificación del régimen cambiario con los dólares comercial y financiero: las exportaciones agropecuarias se liquidarían por el dólar comercial -de menor valor- y las industriales por un mix entre el dólar comercial y el financiero -de más valor porque estaba librado a la oferta y la demanda-. Fue con motivo del Plan Primavera que se firmó un nuevo acuerdo Stand By con el FMI.

1989 era el año del recambio presidencial, con toda la expectativa que despertaba culminar después de tantas décadas un Gobierno Constitucional sin alteraciones en la institucionalidad. A los problemas económicos conocidos se le sumó la decisión de programar cortes de luz que llegaron a cinco horas diarias con la irritación que una medida así provocaba en la sociedad, debido a un fenómeno de sequía que impidió el normal funcionamiento de las centrales hidroeléctricas, y mostró la desinversión del parque térmico (usinas alimentadas con gasoil, fuel oil, etc.) que no estaba en condiciones de suplir esa carencia. También fue un golpe políticamente duro para el Gobierno la toma de un Regimiento en el Gran Buenos Aires (La Tablada) protagonizado por el Movimiento Todos por la Patria, a fin de evitar una aparente asonada militar que no era tal. Luego de que el Presidente ordenara -como correspondía- la recuperación del predio, hubo denuncias por violaciones a los derechos humanos e incluso fusilamientos de personas que estaban desarmadas y debían ser puestas a disposición del Juez Federal competente. La situación general -de más está decirlo- tendía a empeorar y el clima de desconfianza de los grandes grupos económicos se expresaba a través de compras de dólares en cantidades cada vez más importantes que iban agotando las reservas internacionales del Banco Central. Tampoco ayudaron el adelantamiento de las elecciones presidenciales que debían ser en octubre y se realizaron en mayo pensando que así el oficialismo tenía más chances de ganar, ni el discurso populista previo a los comicios del candidato justicialista Carlos Menem. Muy comentada en esos tiempos fue la actitud del ex Presidente del BCRA durante la Dictadura y futuro Ministro de Carlos Menem: Domingo Felipe Cavallo, quien hizo saber en el exterior que si el FMI continuaba su acuerdo con Argentina, esto sería interpretado por un eventual Gobierno Justicialista como un gesto de apoyo a la prolongación del proyecto del Gobierno Radical cuyo candidato era Eduardo César Angeloz (con un discurso más liberal que radical). Por consiguiente: en caso que Menem triunfara desconocería la deuda externa, perjudicando así a los bancos acreedores extranjeros”.

Share