Por Elena Valero Narváez.-

En un gobierno constitucional, los actos o medidas de gobierno, son los que le dan su fisionomía y permiten juzgar si actúa de acuerdo a su fin último que es la Constitución. La asunción a la presidencia de Alberto Fernández fue acompañada de gran expectativa por la ciudadanía, era un interrogante y una esperanza la de que formara un gabinete con funcionarios no tan cercanos a Cristina Kirchner. Analizando la gestión llegamos a conclusiones negativas, el ciudadano común contempla hoy el espectáculo que brinda la República: un divorcio con el estado de derecho. Vemos hacer justicia por propia mano, romper autos de la policía, la cual avisa a los delincuentes que se escapen antes de allanar su domicilio, guerra entre las distintas bandas de narcos en pleno centro, muertos por drogas adulteradas, eso es desgobierno.

La reacción de la gente demuestra que su dignidad y su espíritu de rebeldía se van a hacer presentes, cada vez más, cuando lo exijan las circunstancias, su crítica al Gobierno no está determinada por motivos políticos, sino por las desventajas que su gestión le está llevando a la República; a esta altura Alberto Fernández, no goza de importantes sectores que lo sostengan, a pesar de los muchos votos que lo llevaron al poder. Se le pide que defina de una vez su conducta política y enderece su zigzagueante trayectoria, una nación desconcertada es lo opuesto a las soluciones que el país necesita.

El Presidente para llegar a sentarse en el sillón presidencial, dejó atrás las críticas razonables que hizo a la hoy vicepresidente, las comunicaciones actuales nos permiten repetir esos conceptos y confrontarlos con los actuales diametralmente distintos. Basta con su interés en salvarla de la Justicia sabiendo, como lo declaró hace años públicamente, que merece ser juzgada con ecuanimidad por su comportamiento probadamente delictivo. Eso se llama deshonestidad.

Los Fernández actúan fuera de la realidad por eso son tan peligrosos, no aciertan, ni siquiera tentativamente, en su política interior y exterior. La injerencia estatal en todas las esferas de la actividad privada la paraliza, conduciendo fatalmente al país a la quiebra. El gobierno ha convertido en respetables a los aventureros y en idiotas a quienes tienen sanos hábitos de ahorro y de trabajo, hizo de la deuda crónica y del desprecio al trabajo bandera de reivindicaciones. Es urgente revertirlo, devolver su valor a todas las virtudes ciudadanas que son pilares de la organización social.

Si se piensa que Argentina tiene casi todos los recursos para proveernos en abundancia de lo que necesitamos y para poder abastecer, en competencia, amplios mercados del exterior aumentando así nuestras reservas, es incomprensible la situación por la que estamos pasando.

Los problemas son de fondo, no se pueden resolver sin una visión de conjunto y de estabilidad; el problema de los jubilados es paradigmático, el Sistema de Previsión debe reverse todo, de modo que el infortunio, la vejez, la incapacidad, sean las verdaderas causas del amparo, debe encararse en el estudio integral del problema, sin dejar de lado la situación general que atraviesa la economía del país. Aquí se lo pretende arreglar con un miserable bono.

Como todos los dictadores creen que sin opinión pública institucionalizada, división de poderes, economía de mercado y propiedad privada estarán más seguros, por ello se esfuerzan por reducir la sociedad civil, si todo es del Estado su dominio político puede tender a ser como quieren, absoluto.

Es imposible salir de la crisis sin un orden jurídico y una justicia independiente que nos proteja del exceso de poder de quienes nos gobiernan. Es condición necesaria, también, para el progreso económico.

No podrá haber un reencuentro entre los argentinos si este no se basa y sustenta en la Justicia. Es por ello que necesitamos jueces independientes, que no reciban ninguna clase de presión o influencia de ningún género, garantías jurídicas para quienes trabajan y producen, para todas las personas, instituciones y bienes, amparo legal ante el avance del poder público, y a las violaciones de sus derechos, respeto por la dignidad e independencia de los ciudadanos. Ello debería reflejarse en los hechos, en lo que concierne al poder judicial de la Nación. Si ello se cumpliera se daría un fuerte impulso hacia la recuperación anímica y material de la República.

Alberto Fernández, profesor universitario, olvida que la democracia implica, en primer lugar, acatamiento a la ley, pleno funcionamiento del sistema constitucional que sabiamente prevé el equilibrio de los poderes del Estado y la corrección de los errores dentro del mismo sistema. Si nos convencemos de las ventajas del acatamiento a las normas legales y a las decisiones judiciales viviremos en un país civilizado y renacerá la confianza interna y externa en la República. En la inevitable crisis que transitamos debemos acatar la Constitución porque a ello impele el deber de convivir dentro de un orden jurídico.

El Gobierno intenta lo contrario, formar una nueva conciencia que acepte como normal la coacción en oposición al derecho, aun a costa de la quiebra de todas nuestras tradiciones morales, con actitudes arbitrarias, repudiables por la parte sana de la sociedad.

No se puede dejar a un país detenido, a la expectativa, con la crisis que lo amenaza sin avizorarse aún alguna solución posible. Mientras se persista en sostener ideologías y sistemas que impiden el desarrollo y explotación de los recursos del país se lo mantendrá en el atraso y la corrupción. El gobierno es la expresión más acabada de la demagogia.

A los liberales les conviene dejar atrás las inútiles divisiones y redoblar el esfuerzo para que se termine con el intervencionismo y dirigismo que anulan al individuo, formar una corriente de opinión fuerte y poderosa que ocupe el vacio que han dejado las viejas formulas políticas, procurar soluciones constructivas a problemas que afectan a todos. Es una gran tarea que debe encararse con la decisión y confianza que solo puede dar la fuerza de las convicciones, promover un cambio drástico, entusiasta, y apoyado por la opinión pública. Es el momento, tienen que aprovecharlo.

El Parlamento tiene que mejorar, hoy decepciona el bajo nivel de las discusiones, la insensibilidad frente al difícil momento actual, la falta de amplitud de criterio, que salvo honrosas excepciones, prima en los debates. Se observan posiciones alejadas de la realidad cuando se enfrentan con la responsabilidad de encarar soluciones, varios legisladores tratan de sacar beneficios para sus respectivos intereses de facción, sin buscar lo que es de interés general para el país. Es grave y peligroso porque alimentan el escepticismo de los descreídos en los elevados valores del juego democrático. Se debe dejar de votar leyes demagógicas sin dedicarle un estudio concienzudo ni tener en cuenta el daño que causan a la sociedad.

La gente se pregunta si iremos hacia adelante mediante un proceso orgánico y de convivencia social, o si hemos de precipitarnos en una crisis más aguda para que recién sea probable iniciar un lento camino hacia la recuperación.

Vamos a necesitar un presidente que gobierne para todos los argentinos, no solo para sectores con posibilidad de presión, que provea a las necesidades generales, fije una política clara y homogénea pida colaboración para ejecutarla a quienes están convencidos de ella, y sean capaces de llevarla adelante, logrando la confianza y apoyo de la gente. Es la esperanza de un futuro mejor.

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