Por Hernán Andrés Kruse.-
Justo en el día de la conmemoración del cuadragésimo noveno aniversario del derrocamiento de Isabel, el vocero presidencial Manuel Adorni dio a conocer un mensaje grabado en el que anuncia que el gobierno había tomado la decisión de reconocer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el atentado a la familia del capitán Viola como un crimen de lesa humanidad.
Adorni nos recuerda de qué manera la guerrilla erpiana destruyó a la familia Viola en aquel trágico 1 de diciembre de 1974: “Un grupo de guerrilleros, con escopetas y ametralladoras en mano, interceptó el auto en el que viajaba el capitán con su esposa, María Cristina Picón, embarazada de cinco meses, y sus dos hijas, María Fernanda, de cinco años, y María Cristina, de tan solo tres años. Después de una corta balacera, su hija menor, María Cristina, fue asesinada. El capitán Viola, gravemente herido, intentó correr en la dirección opuesta al vehículo para salvaguardar al resto de su familia y fue asesinado por la espalda de un disparo en la cabeza. Su hija mayor, María Fernanda, resultó herida de un disparo en la cabeza, estuvo en coma cuatro meses y sufrió ocho operaciones, pero logró sobrevivir. Su esposa, que afortunadamente salió ilesa del atentado, falleció en el año 2021, después de pasar el resto de sus días bregando por justicia, dado que tuvo que ver cómo los asesinos de su hija y su esposo, de apellidos Núñez, Carrizo, Paz y Emperador, fueron liberados hacia finales de la década del ochenta” (fuente: Infobae, 24/3/025).
Este hecho espantoso puede ser analizado desde varios puntos de vista. Empecemos por el que considero más relevante: el moral. A los erpianos les importó un rábano que su víctima estuviera acompañada por su familia. Dispararon a matar sin sonrojarse. Luego de la masacre, realizaron una “autocrítica” (se cometió un exceso imperdonable, reconocieron) y decidieron no continuar con los ataques contra el enemigo. Esta ejecución pone dramáticamente en evidencia lo que se proponían los erpianos y los montoneros: imponer a sangre y fuego en la Argentina el sistema que imperaba en aquel momento en Cuba. Eran jóvenes fanatizados para quienes la vida valía poco y nada. Si bien los asesinos del capitán Viola y María Cristina fueron juzgados y condenados, entre 1988 y 1989 quedaron bajo libertad condicional. El colmo fue el cobro por parte de las familias de los erpianos Francisco Carrizo, Rubén Emperador, Fermín Núñez y José Paz de las correspondientes indemnizaciones, en virtud de lo dispuesto por la ley 24.043, que contemplaba beneficios a las personas que hubieran estado a disposición del Poder Ejecutivo durante la vigencia del estado de sitio o que, siendo civiles, hubiesen sido detenidos como consecuencia de actos emanados de autoridad militar.
En buen romance, el vil asesinato del capitán Viola y de su pequeña hija quedó impune. Trate el lector de ponerse un segundo en el lugar de la viuda del capitán Viola y de la hermana de Cristina Viola. El sólo hecho de imaginarlo provoca escalofríos. Para esta infortunada familia nunca hubo justicia. Y aquí arribamos a una cuestión central: la complicidad de jueces y fiscales con la tragedia que enlutó al país en los setenta. ¿Por qué ningún fiscal se hizo cargo del homicidio del Capitán Viola y de su pequeña hija en aquel entonces? Porque fiscal que lo hubiera hecho, hubiera quedado en la mira de la guerrilla.
El otro aspecto es la parte jurídica. ¿El crimen del Capitán Viola y de su hija debe ser considerado de lesa humanidad? Buceando en Google me encontré con un ensayo de Mirtha Elena Medina Seminario (Fiscal Provincial Penal del Distrito de Lima) y de César Augusto Vásquez Arana (Juez Especial Penal del Distrito Judicial de Lima) titulado “Los crímenes de Lesa Humanidad y su juzgamiento” (LEX-Facultad de Derecho y Ciencia Política). A continuación paso a transcribir la parte del paper dedicado al análisis del concepto de crimen de lesa humanidad. Saque el lector sus propias conclusiones.
DEFINICIÓN DE CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD
“Es importante empezar aquí definiendo algunos conceptos y debemos hacerlo porque muchas veces se confunde el delito de lesa humanidad con el de genocidio o, incluso, se limita el primero a las torturas. Y ocurre así porque solemos conocer estos crímenes a través de lo que los medios informativos transmiten, pero sin llegar a informarnos mayormente de la naturaleza de los mismos. Lo que se busca aquí es justamente ampliar las definiciones y conceptos vinculados a tales crímenes, sin llegar por supuesto a hacer un tratado especial de cada uno de los crímenes mencionados. Para empezar, diremos que se denomina crimen contra la humanidad, según lo establecido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Estos actos también se denominan crímenes de lesa humanidad. Leso significa agraviado, lastimado, ofendido. De aquí resulta que crimen de lesa humanidad alude a un crimen que ofende, agravia o injuria a la humanidad en su conjunto. Según el Estatuto de Roma, pueden constituir crímenes de lesa humanidad los 11 tipos de actos siguientes: • Asesinato: homicidio intencionado. • Exterminio: imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población. • Esclavitud: ejercicio de derechos de propiedad sobre una persona, incluido el tráfico de personas, en particular de mujeres y niños.• Deportación o traslado forzoso de población: expulsión de personas de la zona donde están presentes legítimamente, sin motivos autorizados por el Derecho Internacional, entendiéndose que la deportación supone cruzar fronteras nacionales, en tanto que el traslado forzoso no. • Encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, en violación de normas fundamentales del Derecho Internacional. • Tortura: dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales causados intencionadamente a una persona que el acusado tenía bajo su custodia o control. • Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable. La violación y otros abusos sexuales pueden constituir también otros crímenes de la competencia de la Corte, como tortura en tanto que crimen de lesa humanidad o crimen de guerra.
• Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género o por otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al Derecho Internacional, en conexión con cualquier crimen comprendido en el Estatuto. Por persecución se entiende la privación intencionada y grave de derechos fundamentales en violación del derecho internacional en razón de la identidad de un grupo o colectividad. Se castiga en relación con otro acto que constituya un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra o un genocidio. • Desaparición forzada de personas: detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, consentimiento o aquiescencia, junto con la negativa a reconocer la privación de libertad o a proporcionar información sobre la suerte que han corrido los “desaparecidos” con la intención de privarlos de la protección de la ley durante un largo período. • Crimen de apartheid: actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial por otro con la intención de mantener ese régimen. • Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física: actos inhumanos de gravedad similar a otros crímenes contra la humanidad.
No siempre ha existido consenso en cuáles son tales delitos. Se les ha mencionado desde el Estatuto para el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, pero conectados a los crímenes contra la paz o a los crímenes de guerra. Es decir, no podían calificarse en forma autónoma, sino que siempre eran investigados y motivo de pronunciamiento jurisdiccional si estaban ligados a aquellos delitos. Así, el art. 6 de los Estatutos del citado Tribunal de Nuremberg consignaba: “Crímenes de lesa humanidad: el asesinato, la exterminación, la esclavitud, la deportación u otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, antes o durante la guerra, o la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos para cometer cualquier crimen que sea de la competencia del tribunal o en relación con ese crimen, implique o no el acto una violación del derecho interno del país donde se haya cometido”.
Es recién con la ley del Consejo de Control Nº 10 de los aliados en la Alemania ocupada de la postguerra que se les menciona en forma autónoma, sin necesidad de reconocérseles conectados o vinculados a los crímenes contra la paz o crímenes de guerra. En particular, el art. II de la Ley Nº 10 prescribía que se entendía por crímenes de lesa humanidad las “atrocidades y delitos que comprendan, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo, el asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación, el encarcelamiento, la tortura, las violaciones u otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, violen o no estos actos las leyes nacionales de los países donde se perpetran”.
Se ha mencionado que no existía consenso respecto de una definición conceptual de estos crímenes, al punto que los mismos no aparecían en el catálogo de las figuras delictivas, e incluso hasta el pasado año no estaban previstos en algún tratado en forma expresa como tales. Como se puede uno dar cuenta, resulta difícil enmarcar dentro de un concepto un crimen que permanentemente escapa a lo que el concepto pretende explicar. En efecto, muchas veces el derecho se enfrenta a ese dilema cuando un concepto que busca aclarar y sancionar determinado delito termina desbordado por la naturaleza de la acción humana, con la lamentable consecuencia de que el mencionado delito no acaba de ser definido en toda su plenitud. Miremos, por ejemplo, lo que sucede cuando se aborda el tema del genocidio”.
27/03/2025 a las 3:36 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El Gobierno cambia las formas
por la época electoral y se
muestra en modo conciliador con
la tropa propia
Brenda Struminger
Infobae
27/3/025
El Gobierno entró en una etapa benevolente con los propios. En contraste con el primer año, cuando aquel que tropezaba era despedido sin miramientos, el clima electoral parece haber ablandado la política de eyecciones en La Libertad Avanza.
La diputada nacional Marcela Pagano, que jugó en contra del oficialismo en el debate por el DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, permanece -y permanecerá, dicen- en la bancada. Según dicen, porque terminó votando con el Gobierno, y prometió que seguirá haciéndolo. Pero la aprobación del decreto por la deuda pública es uno de los temas más importantes de la administración, y en otro momento, admiten, complicar la sesión le hubiera valido ser obligada a retirarse sin pérdida de tiempo, como ocurrió con el propio presidente del bloque, Oscar Zago.
También el jefe de asesores, Demian Reidel, fue condonado tras decir, en un intento por mostrarse jocoso en su discurso del Foro económico IEFA, que el problema de la Argentina son los argentinos. El caso es diferente si se lo compara con el de Pagano, acusada de jugar con el kirchnerismo por los propios libertarios. Pero en otro tiempo, admiten en la Casa Rosada, hubiera sido despedido.
Hay quienes argumentan que permanece por su extrema cercanía con el Presidente. Pero también el ex ministro coordinador, Nicolás Posse; y el jefe de Infraestructura, Guillermo Ferraro, ambos echados meses después de asumir, tenían relación personal con Milei. Especialmente el segundo. “Eran casos distintos, una cosa son unas declaraciones, otra las barbaridades que habían hecho ellos”, dijeron en Balcarce 50 sobre los rumores nunca confirmados de tareas clandestinas de inteligencia y las filtraciones de información a la prensa que se les atribuyeron a esos ex funcionarios, respectivamente.
Reidel no sólo dijo que el problema de la Argentina son los argentinos, sino que después, ante la ola de críticas que recibió en Twitter, se mofó de quienes lo cuestionaban y no pidió disculpas. Lo “ajustició” el Gordo Dan, el polémico referente de la agrupación Las Fuerzas del Cielo que lidera Santiago Caputo, cuyos miembros se consideran “guardianes del relato”. Y al final, el jefe del Plan Nuclear tuvo que pedir perdón en X. Pero eso fue todo. Y el martes, el físico del Instituto Balzeiro fue invitado por Karina Milei a la Casa Rosada, y recibido por una de su mano derecha, Mara Gorini, que lo llevó al primer piso y le mostró un despacho.
En el Gobierno no confirmaron ni negaron que vaya a tener oficina en Balcarce 50, pero aparentemente hubo una expresión de respaldo, de parte de Karina Milei. Desde ese día, Reidel no volvió a expresarse en su cuenta de X, como lo hace habitualmente. Sólo replicó un mensaje de Elon Musk.
Otro caso fue el de Patricia Bullrich, que fue recibida varias veces en Casa Rosada y reivindicada en las redes y la TV por el Presidente y sus principales funcionarios a pesar de la alarma y disconformidad internas por el resultado del operativo en la marcha de los jubilados donde se infiltraron barrabravas.
A pesar de la incomodidad con el modo en que se había coordinado, todos se cuidaron de no poner en tela de juicio del accionar. Que, además, dejó de participar hace meses de la mesa política de los martes que se había inaugurado a mediados del año pasado con ella, Santiago Caputo y Karina Milei como protagonistas. Ahora, ese encuentro semanal sigue realizándose con los mismos integrantes, pero sin la referente amarilla que se fusionó con LLA.
Influyó el blindaje de Bullrich el hecho de que mide muy bien en las encuestas, dijeron en Gobierno. Además, era un costo muy alto admitir un error sobre el tema de la seguridad y el orden, tema que cotiza en alto en la agenda de los votantes. Y anoche se rumoreaba que la ministra empezará a caminar la ciudad de Buenos Aires desde Av. Santa Fe y Pueyrredón para dar inicio a la campaña porteña.
Por último está el caso de Martín Menem, que quedó en el centro de los cuestionamientos cuando se filtró un audio de arenga a sus diputados en la previa de la sesión sobre la deuda con el Fondo donde les pedía a los violetas que agiten la sesión. “Los quiero gritándome, puteándome, nada de algo pacífico”, dijo, supuestamente.
El presidente de la Cámara de Diputados, cercano a Karina Milei, primo del asesor principal de la secretaria general, dijo que el audio era falso, pero en la propia bancada admitieron por lo bajo que había sido real. “Menem tiene otro poder, es otro nivel. Jamás podría ser echado”, dijeron en la Casa Rosada, donde también agregaron que el audio “no fue tan grave”.
“Hay cosas peores”, dijeron, en modo compasivo.
27/03/2025 a las 3:46 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Criptogate: la jueza Arroyo Salgado investiga adónde fue el dinero y el fiscal Taiano pone la lupa en el patrimonio de Milei
Irina Hauser
Página/12
27 de marzo de 2025
La investigación sobre las maniobras alrededor de $LIBRA que está en manos de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado se extenderá más allá del 14 de febrero, el día que Javier Milei promovió la criptomoneda, para abarcar al menos dos episodios posteriores que volvieron a provocar la suba de su valor, pérdidas para miles de inversores y ganancias millonarias para unos pocos operadores que se movieron con información privilegiada. Así lo dispuso la magistrada, al ordenar una serie de medidas de prueba destinadas a identificar los movimientos que tuvieron las billeteras vinculadas a la creación del token en cuestión y a las personas físicas que están detrás. El objetivo, explicó, es «establecer el destino de los fondos en posesión de sus creadores» y el «recupero de los activos de las víctimas». En paralelo, se conoció una solicitud que había realizado el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la otra causa $LIBRA. Allí, le pedía a la secretaria para la investigación financiera y recuperación de activos ilícitos, María Fernanda Bergalli, que le sugiera medidas de prueba para determinar la evolución patrimonial de Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otros.
Arroyo Salgado intenta ponerse el frente del caso en medio de una pelea por el dominio de la investigación que mantiene con su colega de Comodoro Py María Servini, quien delegó la causa a Taiano. La jueza de San Isidro decidió abrir la investigación cuando la Casa Militar le confirmó que los días 14 y 15 de febrero Milei había estado dentro de la Quinta de Olivos –que corresponde a su jurisdicción– con lo cual se supone que había tuiteado desde ahí para recomendar invertir en $LIBRA, con el argumento de que era un proyecto destinado a fondear a pequeños empresarios y emprendedores, para luego borrar su posteo original y decir que en realidad no estaba «interiorizado» y que era una iniciativa privada. En su juzgado había una denuncia, en el de Servini se acumularon doce. Un dato clave es que Taiano había pedido el 13 de marzo apoyo para rastrear la evolución patrimonial de los implicados y junto con eso información para “localizar e identificar activos vinculados con la maniobra investigada, con el objeto de evaluar su cautela». Es un punto donde queda a la vista el tironeo entre ambas causas, y un poco de sobreactuación.
En el ínterin se produjo lo que la propia jueza en este decreto judicial define sin rodeos así: «El caso «$Libra» ejemplificaría una maniobra de estafa cripto que combinaría estrategias de marketing engañoso, manipulación de mercados y operaciones coordinadas en redes sociales para inflar artificialmente el valor de un token y, posteriormente, drenar las reservas (‘rug pull’), seguido de una serie de ‘pump and dump'». Esto último, es la definición que se usa para describir una forma de fraude donde se infla en forma ficticia el valor de un token para atraer compradores cuando está a bajo precio, y luego se vende porque se genera la creencia de que algo bueno pasará, y esto para provocar la caída del valor. Para ese entonces fogonean la operación con conocimiento privilegiado ya compraron y salieron ganando.
«La promoción de este tipo de inversiones puede vulnerar sistemas económicos y financieros sobre los cuales el Gobierno Nacional tiene la obligatoriedad de controlar y regular su actividad para evitar el movimiento de flujos de capitales ilícitos y por fuera del sistema», advierte Arroyo. En el caso $LIBRA explica que el papel clave de su creador, Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, la otra empresa que participó en el lanzamiento, Kip Protocol, a cargo de Julian Peh, y el presidente Milei.
UN QUERELLANTE CLAVE
La jueza estructuró su hipótesis y descripción de los hechos en base al testimonio de Martín Romeo, un joven especialista en criptomonedas y blockchain que perdió 2000 dólares tras comprar $LIBRA pero que, además, asesora a otras personas, con lo cual alega que esta situación le produjo un doble perjuicio.
En su carácter de experto aportó información al expediente y fue quien señaló los tres posibles momentos de la estafa que habría continuado a pesar del escándalo.
1) El 14 de febrero a las 19 horas, explicó Romeo, se creó un «pool de liquidez» (reservas de criptomonedas que funcionan como respaldo de las operaciones) dentro en la plataforma de finanzas Meteora y el pool de venta de $LIBRA. «Segundos después varias billeteras (entre 7 y 9) hacen compras por más de 2 y medio millones dólares». «Nadie compra esa cantidad tan grande de dinero sin tener información privilegiada de que algo va a suceder, que se va a impulsar el precio. Treinta segundos después de que esas wallets terminan de hacer las compras que operaron con grandes montos dinerarios, Javier Milei hace el posteo en el exTwitter, ahora llamado X, a las 19:01 horas». De inmediato el token $LIBRA subió de 0,3 dólares a 2,50 dólares. El Presidente fijó el posteo, lo replicó en Instagram, el precio subió aún más, detalló.
Cuarenta minutos después la agencia financiera Bloomberg informa que habían hablado con Milei y que tenían vía Whatsapp «la confirmación de que era un proyecto verídico y no le habían hackeado las redes», relató Romeo. Lo difundió y «los medios del mundo se hicieron eco». El precio llegó a su máximo de 4,65 dólares. «Las billeteras que habían creado los pool de liquidez (…) los vacían», describió. Según Romeo ocho billeteras de Kelsier Ventures, de Davies, retiraron Solana y USDC, los cripto activos estables de reserva y «dejan a la gente sin liquidez». A eso sumó que Kelsier y Kip Protocol se llevaron comisiones de la operatoria en las primeras 24 horas que se cobran a los usuarios de entre el 1% y el 5%. Según él fueron 21 millones de dólares. «No existe caso alguno en el ecosistema cripto en donde se hubiera sacado la magnitud de reservas que se sacó sobre un token y el resultado hubiese sido favorable y no terminado en un rug pull (estafa)». Con el posteo de Milei desligándose de $LIBRA pasada la medianoche «dejan de vaciar las reservas» y la moneda cae en «22 veces su valor».
2) El sábado 15 según Romeo «se producen dos manipulaciones de mercado más». La primera –detalló– cuando entre las 13:00 y las 14:00 horas Davis postea un video de él hablando haciéndose responsable de tener los 100 millones de dólares de las reservas de liquidez y diciendo que los iban a devolver. En paralelo a eso, KIP Protocol saca un comunicado también en ‘X’ diciendo que habían acordado con Kelsier Ventures recomprar los tokens de LIBRA. «Acá viene la manipulación al mercado, se vuelve a generar una euforia por este comunicado, vuelve a subir el precio del token $LIBRA porque gente empezó a comprar esperando que la plata ingrese nuevamente y así termine subiendo el valor del token LIBRA, algo que no terminó sucediendo. Es decir, Kelsier Ventures y KIP Protocol volvieron a engañar a la gente», sostuvo.
3) El 17 de febrero, a solo tres días del lanzamiento de $LIBRA que ya había derivado en las primeras denuncias, Romeo señala una nueva «manipulación» cuando «Milei comparte un posteo de Darío Epstein», financista cercano y ex titular de la Comisión Nacional de Valores durante el menemismo, que contenía «una explicación detallada de cómo comprar LIBRA haciendo que mucha gente sobreentienda que era un llamado a comprar la moneda y haciendo que el precio se vuelva a disparar por tercera vez». «La diferencia –precisó es que en esa oportunidad hubo cuatro billeteras que en los momentos previos al posteo de Milei hicieron compras por más de 3 millones de dólares, es decir, volvieron a hacer la misma maniobra que aquel 14 de febrero, pero en este caso por más plata, y solo cuatro billeteras, que están identificadas, pero no sabemos qué persona física está detrás». Estas volvieron a vender el token y obtuvieron «ganancias cercanas al 300%». «El reposteo que hace Milei de Epstein una hora después lo cancela nuevamente», aclaró el especialista. Las ganancias «en este nuevo caso, ascenderían a un monto de 9.000.000 de dólares», remató.
DEFINICIONES
La jueza afirma que la «presunta estafa denunciada se habría orquestado mediante la utilización de lo que se conoce como pool de liquidez», que «son programas informáticos que actúan de forma similar a un cajero de banco, manteniendo reservas de fondos para facilitar la compra y venta de activos digitales». Se utilizó la figura de Milei para darle credibilidad al token, que es lo que hace «aumentar su valor», y cuando llega su pico las «billeteras asociadas con $LIBRA drenan las reservas». Arroyo aclara que se investiga si quienes participaron tenían conocimiento del «entramado defraudatorio y, en consecuencia, eventual participación». Por ahora no habla de coimas, entre otros delitos. Sobre los nuevos dos hechos que incorpora a la causa señala que no tiene certezas de que Taiano haya dispuesto medidas para «salvaguardar los activos obtenidos a raíz de las maniobras delictivas acaecidas en las aludidas fechas» y le pide que le diga si los está investigando. En un tramo del texto la magistrada se queja de que Servini no le dio acceso al expediente y sus empleados tuvieron que ir en persona a verlo a su despacho.
Quienes conocen la causa especulan con que a la hora de pelear la competencia Arroyo se quede con algunos de los hechos y Servini con otros. Por ahora hay un incidente enviado a la Cámara de San Martín, pero la disputa podría dirimirse también en los tribunales de Retiro. Por ahora es en estos últimos donde los principales imputados presentaron abogados. Además de Davis, Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, dueño de la firma organizadora del Tech Forum, donde se habrían gestado el acuerdo por $LIBRA y otros. Milei aún no presentó abogado. El único funcionario que presentó una defensa es Sergio Morales, asesor hasta hace unos días de la CNV.
Arroyo Salgado subraya el objetivo de «reconocer y garantizar los derechos de los damnificados». Además de Romeo aceptó como querellante a Braian Quintero, representado por Juan Grabois, quien perdió 250 dólares y a quien pidió que de testimonio también. Servini en cambio había rechazado a todos como querellantes y la sala II de la Cámara Federal revocó esa decisión.
NUEVAS MEDIDAS
La jueza le encomendó «a los fines de eventualmente poder preservar los activos objeto de delito» al comisario Inspector Adrián Acosta, a cargo del Departamento Técnico de la División Delitos Tecnológicos, «que realice la trazabilidad de los movimientos de las billeteras de criptomonedas vinculadas a la creación del token «$Libra» en base a datos aportados por romeo. «El objeto de la medida es establecer el destino de los fondos en posesión de sus creadores. Dicho seguimiento, deberá realizarse desde el 14 de febrero del año en curso, hasta la actualidad», remarcó. Le indicó «monitorear en tiempo real el movimiento de los fondos de las cuentas principales del equipo que se encuentra detrás de la creación de «$Libra» y de las wallets consideradas como insiders que presumiblemente contaban con información privilegiada». La jueza dice que quiere establecer si hay vinculación entre ellas y «la identidad fehaciente de sus titulares».
Todo eso incluye distinguir billeteras «calientes», ya usadas y desde las que se puede haber transformado dinero virtual en físico, lo que permitiría dar con personas físicas, y las «frías», creadas para esta maniobra. Estas se encuentran individualizadas pero no se sabe a quién pertenece. Cuando se materializan los fondos en esas cuentas es que se podría determinar quién movilizó esa plata. La jueza sostiene que apunta al «recupero de los activos de las víctimas». Solicitó un «informe de todas las operaciones y cuentas que transaccionaron con la criptomoneda «$LIBRA desde el 14 de febrero de 2025 hasta el 18 del mismo mes y año, a los fines de poder distinguir las tenencias y ganancias percibidas por sus titulares». Quiere confirmar también donde estaba Milei el 17 de febrero. Y le pide al representante legal de «X» –paradójicamente del amigo del Presidente, Elon Musk– que confirme en 48 horas el reposteo del mandatario del tuit de Epstein y cuándo fue eliminado.
27/03/2025 a las 4:02 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Quién es Ramiro Anzit Guerrero, el nuevo director de Inteligencia Criminal de Bullrich
Raúl Kollmann
Página/12
27 de marzo de 2025
La ministra Patricia Bullrich se apuró a designar un reemplazante para el cargo de titular de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) tras el ruidoso despido de Ricardo Ferrer por producir una larga cadena de datos falsos sobre la marcha de los jubilados del 12 de marzo. El nuevo director es –como anticipó ayer Página/12– Ramiro Anzit Guerrero, un protegido de los diputados Gerardo Milman y Cristian Ritondo, que ya estuvo en la DNIC, especializado en la persecución de la comunidad mapuche. Anzit Guerrer fue uno de los autores del llamado «Informe RAM», durante el gobierno de Mauricio Macri, en el que Bullrich también estaba a cargo de la cartera de Seguridad. El paper era sólo una colección de recortes periodísticos y se lo pretendió usar para ponerle el cartel de terroristas a las comunidades de pueblos originarios. Durante el gobierno de Alberto Fernández, Anzit Guerrero fue despedido del Ministerio de Seguridad en el marco de la detección de una larga serie de contrataciones de allegados y señoritas hechas por Milman. Además, se lo consideraba virtualmente un ñoqui porque casi todo su tiempo estaba dedicado a estar en Diputados con Milman y Ritondo.
UN FILTRO PARA LAS MENTIRAS
La DNIC es un organismo de importancia, coordina los aparatos de inteligencia de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Aeroportuaria. Pero su influencia radica, justamente, en que debería filtrar los informes de esas fuerzas de seguridad, porque los efectivos y sus jefes no se cansan de producir información falsa. Un ejemplo clarísimo fue el parte sobre la violencia ejercida contra la jubilada Beatriz Blanco, de 87 años, en la marcha del 12 de marzo: en el texto pusieron que ella se cayó, cuando las imágenes demostraron en forma nítida que fue golpeada por un efectivo. Las mentiras de este tipo fueron numerosas, Ferrer (el anterior titular del organismo) las convalidó y ayer lo terminaron echando, pese a ser un amigo de la familia Bullrich.
UN OSCURO Y ANTIGUO DESEO
Según las versiones que recogió este diario, Anzit Guerrero intentó entrar a la DNIC, por primera vez, en 2005, hace 20 años. Hubo un concurso y lo habrían bochado. Es muy probable que, el ahora funcionario, haya quedado resentido porque tiene una frondosa formación académica: es abogado, doctor en Derecho Penal de la Universidad de El Salvador y habla varios idiomas.
Durante el gobierno de Macri, de la mano de Milman, logró un cargo importante: director de Análisis de la DNIC. Es decir, ocupó uno de los dos cargos de la segunda línea del organismo, siempre bajo el ala del diputado del PRO. Como se sabe, en el caso de la tentativa de asesinato contra Cristina Kirchner, Milman –mano derecha de Bullrich– fue denunciado porque estando en el bar Casablanca, con dos jóvenes asesoras, dijo “cuando la maten, yo voy a estar camino a la Costa”. O sea, demostró saber que se venía el ataque contra la expresidenta. En esa investigación –que la justicia se niega a profundizar– quedó en claro que Milman tenía una larga serie de ñoquis en el Ministerio de Seguridad –en especial señoritas que tenían un vínculo con el diputado– y esa fue una de las razones por las que se puso en marcha la nulidad de la designación de Anzit Guerrero. Buena parte del personal respiró aliviado, porque el funcionario se había hecho fama de tener mal trato, en especial con las mujeres del ministerio.
La cuestión de desplazarlo del cargo no fue sencilla, porque Anzit Guerrero tiene una estrecha relación con la masonería, según revela en detalle el sitio Dataclave.com.ar. Eso motivó una cantidad innumerable de llamadas de otros integrantes de la masonería, pero al final la decisión la tomó Aníbal Fernández, a cargo del ministerio. Anzit Guerrero no sólo tenía el antecedente de la persecución a las comunidades mapuches y ser parte de la troupe de señoritas y allegados de Milman, sino que pasaba muy poco tiempo trabajando en Seguridad, ya que al mismo tiempo revistaba como asesor en la cámara baja.
En los últimos tiempos trabajó en Interpol y finalmente consiguió lo que esperaba desde 2005: ser designado al frente, ya no en una segunda línea, de la DNIC.
A LA CABEZA DE LA PERSECUCIÓN MAPUCHE
Durante el gobierno del PRO, el funcionario ejerció como director de Planificación Estratégica de la provincia de Buenos Aires, en la administración de María Eugenia Vidal. Llegó al cargo siempre bajo la protección de Ritondo, hoy muy cuestionado. Pero el siguiente paso fue la llegada al ministerio de Bullrich, protegido por Milman. El papel principal que le asignaron, desde la Dirección de Análisis, fue la ofensiva desatada por Bullrich contra las comunidades mapuches.
En ese marco, el Ministerio produjo un informe bochornoso que se conoció como Informe RAM. El texto era un compendio de notas periodísticas sobre hechos de vandalismo, sin prueba alguna y sin evidencia de ningún tipo sobre la participación de esa organización fantasma –inexistente– denominada Resistencia Ancestral Mapuche. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunció toda la actividad del ministerio –con el duo Bullrich-Anzit Guerrero a la cabeza– como tareas de inteligencia ilegal, coacción y otros delitos, todo como secuela de los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. La causa recayó en el fiscal Franco Piccardi, quien impulsó la acción y sostuvo que “se pretendió involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas, así como a construir en la figura del RAM una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionado adrede, con el fin de justificar la represión”.
AHORA A LOS JUBILADOS
Anzit Guerrero llega a la DNIC en momentos en que se agudiza el carácter represivo del gobierno de Javier Milei y con Bullrich cuestionada por los desastrosos operativos contra los jubilados. De hecho, la ministra sufre una especie de intervención en su ministerio, ya que Santiago Caputo es quien tuvo que monitorear el segundo operativo en la marcha del 19 de marzo.
La creciente crisis económica hace pensar que los conflictos tenderán a aumentar y ya no sólo con los jubilados. Sus antecedentes con Milman, Ritondo, la ofensiva contra los mapuches, hacen pensar que más bien encaja en una política de choque, más que en buscar soluciones que eviten que haya más víctimas como el fotógrafo Pablo Grillo en las protestas que se produzcan.
27/03/2025 a las 4:31 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El fracaso económico y el riesgo latente de la anomia
Claudio Scaletta
El Destape
27/3/024
A propósito del casi medio siglo del aniversario del último golpe militar y retomando la vieja pregunta de “cuándo se jodió la Argentina”, a la historiografía económica no le caben mayores dudas: fue a mediados de la década del ’70, cuando en sintonía con las transformaciones en el modo de producción capitalista a escala planetaria se le puso fin, literalmente a sangre, fuego y picana, a la estructura social de la industrialización sustitutiva. Desde entonces las regresiones sobre las principales variables económicas son una línea descendente. Una historia verdaderamente triste y ni hablar si usted, lector, pertenece a la llamada Generación X, que es la de los nacidos ente 1965 y 1980, como quien escribe. Salvo alguna transitoria sensación de interrupción en los primeros 2000, la historia fue implacable con las expectativas de una Argentina con desarrollo económico y bienestar para las mayorías.
Por esta razón, el deterioro permanente de los indicadores económicos en el largo plazo, nunca deja de sorprender el apoyo explícito de las elites locales a la reivindicación, también explícita, de la última dictadura que acaba de presentar esta semana el gobierno de La Libertad Avanza. Porque eso fue y no otra cosa el video de casi veinte minutos sobre la presunta “verdad completa” que guionó y locutó el principal autor intelectual de la batalla cultural ultramontana en la que se embarcó el oficialismo. Que el apoyo de las elites a un modelo socialmente insustentable sorprenda no quiere decir que no pueda ser explicado, en tanto se trata de clases auxiliares de las hegemónicas de los países centrales, que acuerdan con el rol subsidiario de la economía local, que descienden de las elites que se beneficiaron con la dictadura y que siempre están a salvo de las turbulencias internas, en muchos casos porque ni siquiera residen en el país.
Todos los gobiernos tuvieron su relato de los años de plomo, desde la teoría de los dos demonios a la reivindicación de la militancia setentista emergente de los años de proscripción del peronismo. Sin embargo, ni el analista más pesimista imaginó que el consenso democrático sobre los hechos aberrantes de la dictadura que se consolidó a partir de 1983 sería cuestionado en el marco de la misma democracia, un consenso que dicho sea de paso nunca dejó de incluir la crítica a los crímenes de la lucha armada, especialmente a partir del fin de la proscripción del peronismo y del triunfo del Frejuli en marzo de 1973. El relato del presente es que el mileismo no vino sólo a destruir un Estado que había comenzado a malcumplir sus funciones esenciales, tampoco se trata de una simple versión remozada del “que se vayan todos” por la vía de una reacción contra “la casta política” que nunca se fue. LLA es fundamentalmente una fuerza que vino a destruir los consensos democráticos más elementales, incluidos aquellos más declamados por la derecha tradicional, como la división republicana de poderes y el respeto del orden jurídico.
Economía y sociedad están siempre entrelazadas. No alcanza con decir que la batalla cultural regresiva es un instrumento para distraer del inminente fracaso del esquema económico iniciado en diciembre del 2023. La reacción conservadora siempre fue un componente del neoliberalismo local. Inicialmente el mileísmo apareció como una etapa superior de este viejo neoliberalismo, los paralelismos con experiencias anteriores eran abundantes. Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema por decreto, la subsunción prebendaria del Poder Legislativo en complicidad con las elites provinciales, la agresión permanente a las minorías, la destrucción de monumentos por razones políticas, la pérdida de credibilidad moral a partir de la criptoestafa y la reivindicación explícita de los argumentos de los abogados defensores de los condenados por delitos de lesa humanidad, indican que el fenómeno de LLA es de otra dimensión.
Cuando el exitoso blanqueo de capitales de la segunda mitad de 2024 obnubilaba todavía el análisis de los economistas sobre la sustentabilidad del “modelo económico de estabilidad ficticia vía dólar barato”, una de las preguntas que rondaba en el imaginario social y, en consecuencia, en la prensa era “¿y si sale bien?” Las respuestas del momento se concentraban en la economía y dejaban de lado el potencial éxito de la reacción conservadora literalmente antiliberal, fenómeno que la sociedad parecía tolerar en el altar de la estabilidad. Que le vaya mal a la economía, como ya lo indica el cambio de tendencia en la inflación y el tener que acudir en desesperación al auxilio del FMI, tendrá como externalidad positiva el potencial aborto de la reacción oscurantista. Pero lo presuntamente positivo termina aquí, en tanto la inminente crisis externa que se expresará en una devaluación, le quitará sustento al oficialismo en un contexto en el que, a diferencia de lo que ocurría en 2018 con la crisis macrista, no existe una alternativa opositora a la cual “volver”. La oposición peronista sigue en modo “Frente de Todos”, es decir no solo abundante en rostros que la sociedad preferiría dejar de ver, sino en la misma interna marcada por el nepotismo, la falta de autocrítica y la directa negación de las responsabilidades del período 2019-23.
El panorama de un oficialismo sin el sustento que le daba la progresiva estabilidad macroeconómica, ficticia o no, y la falta de alternativa opositora pueden ser el preámbulo del tipo de situaciones que Émile Durkheim, en los albores de la sociología a fines del siglo XIX, denominaba “anomia”, un “estado de desregulación social en el que las normas y valores pierden su influencia sobre los individuos, generando desorientación y caos social”, es decir un estado muy similar al que la sociedad vislumbró someramente en diciembre de 2001 y enero de 2002. Se trata de un panorama que se entreveía posible a partir de los rasgos personales de los liderazgos libertarios y la fragilidad de su construcción política, cuyo efecto más pernicioso reside en la pérdida de credibilidad en las instituciones que regulan la vida pública. Aunque inicialmente no lo parezca, se trata de un riesgo mayor que el de la transitoriedad de una crisis económica provocada por un salto devaluatorio, en tanto constituye una amenaza para la convivencia democrática y cuyo desenlace es siempre impredecible.
27/03/2025 a las 7:46 PM
KRUSE, SEGUIMOS EN LA MISMA, OCUPAS VOS SOLO EL ESPACIO PARA LAS RESPUESTAS O PONENCIAS DE OTROS FORISTAS. EL EGO NO TE LO PERMITE. CADA VEZ MENOS LECTORES, POR MÁS BUENA TU PONENCIA QUE SEA. SALUTE FRATE.
27/03/2025 a las 10:58 PM
Combatir organizaciones guerrilleras implica «desincrustarlas» del medio donde operan (mezclados entre el resto de la población civil)
Para eso existe un solo medio que no es , por supuesto, tarea de un ejército regular (organizado, equipado e instruido para el combate frontal en terreno abierto y eventualmente urbano, si hiciera falta ocupar una localidad)
La historia militar nos da ejemplos sobrados: Vietnam, Argelia, Camboya, Gaza.
Aún cometiendo violaciones a los derechos humanos, los ejércitos represores en estos casos fueron derrotados. El caso Gaza aún no está terminado, aclaremos)
El único caso donde el ejército venció en este tipo de guerra asimétrica fue en nuestro país porque, precisamente, se hizo lo necesario para «desincrustarlo» del medio donde operaba.
La guerrilla hizo barbaridades para conquistar el poder (objetivo declarado de ambas organizaciones) y las FFAA debieron recurrir a similares barbaridades, quizá más reprochables porque tuvieron un carácter de masividad.
Era «eso» o terminar siendo Cuba, Nicaragua o Venezuela.
O cumplen cadena perpetua «todos» los actores responsables o se dicta una amplia Ley de Amnistía que cierre el aspecto judicial.
Lo moral, lo ético, lo humano, quedará para el análisis histórico, filosófico y social.
NO EXISTE OTRO CAMINO. La humanidad es lo que es desde siempre.
Seguir arrastrando esta situación no devuelve vidas, no conlleva conquistas políticas ni es justo para la inmensa mayoría de la población que está «harta» de este pleito.