Por Carlos Tórtora.-

La nueva denuncia presentada días atrás contra el Fiscal Federal Fiscal Franco Picardi por su negativa a investigar la autenticidad del título de Licenciado en Comercialización que la UADE le otorgara a Daniel Scioli el año pasado podría abrir una verdadera caja de Pandora y tocar fibras sensibles de la actual tensión entre sectores del establishment y el macrismo. La presentación judicial, realizada por el presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Miguez, iría acompañada del pedido de que sean llamados a prestar declaración testimonial numerosos docentes y ejecutivos de la UADE. Por boca de algunos de estos es que justamente trascendieron entretelones del turbio acuerdo entre el entonces vicepresidente de la Nación y candidato a presidente y el entonces Director General de Servicios de Techint, Héctor Masoero, que actúa como dueño y señor de la UADE, ya que ésta está controlada por la Cámara de Sociedades Anónimas, que a su vez depende del grupo de Paolo Rocca.

Como ya publicamos con anterioridad, el acuerdo entre Scioli y Masoero habría consistido en que aquél se graduaría en tiempo record y que éste, a cambio, sería el futuro ministro de comunicaciones del gobierno sciolista, hablándose del interés en particular de Techint por controlar TELECOM Argentina.

A todo esto, entraron en juego distintos temas vinculados. Masoero había montado un importante negocio inmobiliario haciendo que la UADE construyera en Pinamar una sede que, dado que fuera de temporada es un páramo, sólo contaba con 150 alumnos, cuando se considera que una sede sólo se justifica a partir de los 1000. Lo que sí se produjo fue la súbita valorización de los terrenos adyacentes al edificio, que habrían adquirido representantes de Masoero. Éste inventó, entonces, un ingenioso recurso para llenar las aulas de la sede de Pinamar. Los cursantes de grado podrían hacer una semana intensiva en esa sede y aprobar así una materia determinada. Esto es, estudiar en la playa de lunes a viernes, rendir el sábado un examen basado en multiple choice y a otra cosa. Este engendro imposible de justificar académicamente permitió disimular el negociado montado por el directivo y sus amigos, hasta que el mismo Consejo Académico de la UADE puso al descubierto la falsedad del brillante negocio. La universidad, en realidad, no ganaba un peso más, ya que lo que cobraba por la semana intensiva en Pinamar era lo que dejaba de percibir por una materia normal. Entonces Masoero recurrió a Scioli en busca de una solución más contundente. Esto terminó en un acuerdo entre la UADE y el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires para que 800 policías comunales recibieran instrucción en la UADE de Pinamar, lo que se concretó, previéndose 2000 para este año. Así fue que una universidad de la empresa se transformó en una pseudo academia policial para que la UADE pudiera mostrar -ahora sí- que su inversión playera era un negocio.

Desopilante examen

Los pormenores de cómo se graduó Scioli -revelados a este medio por varios de los docentes que estuvieron presentes en los exámenes- realmente no tienen desperdicio. El entonces vicepresidente había cursado la carrera entre el año 75 y el 77, adeudando 20 materias. Pero la UADE, en una resolución que hace historia, le reconoció como válido el plan de la carrera del ‘75 y lo autorizó a rendir libre. O sea, permitió que un ex alumno volviera a entrar en carrera con un programa de estudios inaplicable a la realidad actual, ya que por entonces ni siquiera existía Internet ni las múltiples formas de comercio actuales. Además, Scioli pudo entonces recibirse con 35 materias en lugar de las 40 actuales.

También hay detalles de uno de los exámenes libres que dio Scioli ante una mesa compuesta por tres profesores, el titular de la materia y dos docentes de la misma. Uno de ellos le preguntó al alumno sobre cuestiones logísticas del comercio y éste hizo una larga perorata sobre la importancia de la ruta 6, cuya construcción él había impulsado y que era la clave para abaratar los costos del transporte en Buenos Aires. Uno de los miembros de la mesa, indignado, no se pudo contener y le dijo a boca de jarro: “la ruta 6 es un desastre y lo que usted dice no tiene nada que ver con lo que le preguntamos”.

En medio de este clima surrealista, el presidente de la mesa decidió dar por terminado el examen y, al revés de lo usual, Scioli se quedó sentado allí esperando y los profesores se retiraron a deliberar a un aula contigua. Entonces, el profesor que había reprendido al gobernador se descargó y dijo: “yo no lo apruebo. Hagan ustedes lo que quieran.” Y se fue dando un portazo. Fue en ese momento cuando el entonces jefe de gabinete de Buenos Aires Alberto Pérez -que acaba de inmortalizarse por la caja fuerte del dragón- apareció silenciosamente en el aula y escribió en un pizarrón el número 7. Los dos profesores que quedaban entendieron el mensaje y, efectivamente, calificaron a Scioli con un 7. El broche de oro de todo esto fue que luego nadie quería firmar el título del gobernador. El rector Luis Orozco se negó, su secretario académico también, porque estaba implicado en la denuncia sobre la invalidez del mismo. Esto hasta que Masoero los llamó cobardes, se quedó con el título y lo presionó a Orozco hasta que éste lo firmó.

Aparece la alta política

Pero la historia no termina aquí. Al parecer, Paolo Rocca no había autorizado o se hacía el distraído acerca de los acuerdos entre Masoero y Scioli. Cuando Mauricio Macri ganó la elección presidencial, Rocca entró en escena hecho una furia y apareció en la UADE en persona para hablar con sus autoridades. Se decía indignado porque Techint, gracias a la imprudencia de Masoero, había quedado embanderada con uno de los dos candidatos -el perdedor-, cuando su política era estar bien con ambos. Masoero fue degradado en Techint y el título de Scioli quedó como tema para que se ocupe la justicia, que es lo que ahora está empezando a ocurrir.

Todo este tema se vincula directamente con la creciente tensión entre Techint y el gobierno nacional, en parte gracias a que este grupo se enfrenta con los hermanos Calcaterra -primos del presidente- por la decisión final sobre un amplio programa de obras públicas. Pero ahí más, continuando la política de CFK y de su padre Franco -gran lobista en Beijing- Macri profundizó la apertura con China y viajó a Beijing. Esta línea es fuertemente resistida por Techint. La oposición del Grupo Techint a los acuerdos con China firmados por el gobierno de CFK, activada públicamente cuando filtró a la prensa un superficial informe técnico de la UIA el mismo día de la rúbrica de los convenios en Beijing, está motivada por intereses vinculados con su propio negocio y con una decisión política sobre cómo quiere que sea el manejo de la economía del país.

La movida de Techint en la UIA tomó por sorpresa a un sector de los empresarios, unos de viaje en China festejando los acuerdos y otros de vacaciones. Rápida fue la reacción de ese grupo que, si bien reconocen y respetan -en otros ámbitos se lo denominaría temor- el peso relativo del conglomerado de la familia Rocca, también tienen interés especial en los negocios que se les abren en el inmenso mercado asiático, como también con las inversiones chinas en el país.

La presidenta CFK reveló entonces que en China se firmaron, además de 22 acuerdos en el marco de una alianza estratégica integral, el financiamiento del Eximbank chino para la construcción de la represa hidroeléctrica El Tambolar, en San Juan, que es una obra que Techint realizará en un 70%. El dique El Tambolar integra, junto con Los Caracoles, Punta Negra y Ullum, el conjunto de obras planificado para el aprovechamiento múltiple del río San Juan. El dique permitirá generar 343 GWh de energía media anual y demandará unos 400 millones de dólares, dinero que aportará la entidad financiera china. CFK también informó, sin nombrarlo, que el representante de Techint en la UIA (Luis Betnaza) fue el responsable de difundir a la prensa el informe crítico sobre los acuerdos con China. Esto provocó su comentario fastidiada respecto de que le cuesta entender (a Techint) que cuando se va a ser beneficiario de algo (la construcción de la obra El Tambolar con financiamiento chino), al mismo tiempo, se escupa el asado. “Yo la verdad que no lo entiendo”, afirmó.

No son sólo los negocios lo que motiva al poder económico, como se puede observar con el recorrido reciente de las utilidades de la principal compañía de la familia Rocca en Argentina. Ternium Siderar, el mayor fabricante de acero en el país, contabilizó ganancias por 2107,4 millones de pesos en el balance anual de 2013, elevando el resultado neto por acción a 0,4665 cuando un año antes había sido de 0,1197. Al tercer trimestre de 2014 ya había acumulado una utilidad superior a la de todo el 2013, al sumar 3077,9 millones de pesos.

La relación negocios acompañados de elevada rentabilidad con preferencia política e ideología no es tan lineal en el núcleo más consolidado del poder económico; no así en algunos -no todos- grupos empresarios emergentes de una política económica que tiene a la demanda interna como impulsora del crecimiento. Es lo que quedó de manifiesto en la disputa interna en la UIA por los acuerdos con China.

Holdings como Techint, diversificados, integrados y con expansión internacional, ganan mucho en su actividad y, por ocupar un lugar dominante en el entramado del poder económico, despliegan su acción política para influir en la orientación de las políticas del Estado. De ese modo sustentó su crecimiento a partir de un amplio menú de transferencias estatales: estatización de deuda externa, promoción industrial, medidas antidumping para proteger su producción, reembolsos a las exportaciones, privatización a precio ganga de Somisa, precios subsidiados de sus insumos (en especial, la energía), privilegio en licitaciones de obras públicas con contrataciones sobrevaluadas. Esas utilidades facilitadas por el Estado les sirvieron para invertir en su expansión internacional.

A través de Tenaris cuenta con plantas industriales en Brasil, Canadá, Colombia, Indonesia, Italia, Japón, México, Rumania y los Estados Unidos. La capacidad productiva anual del holding en el rubro tubos sin costura es de 3,7 millones de toneladas, y de 2,6 millones de toneladas de tubos con costura. En 2002, Tenaris S.A., constituida en Luxemburgo, se convierte en la empresa controlante del grupo, tras una oferta de cambio de las acciones de Siderca, Tamsa y Dalmine, y cotiza simultáneamente en las bolsas de valores de Nueva York, Milán, Buenos Aires y México. Las dos últimas operaciones internacionales fueron en 2012, cuando Tenaris y Ternium se unen al grupo de control del gigante brasileño Usiminas junto con Nippon Steel y el fondo de pensión de los empleados de Usiminas (CEU), operación que a fines de 2014 estalló en un escándalo de proporciones, con cruces judiciales entre los japoneses y ejecutivos de los Rocca por el manejo de la firma. En 2013, Tenaris anunció la construcción de su primera planta estadounidense de tubos sin costura en Bay City, condado de Matagorda, Texas, con una inversión de unos 1500 millones de dólares.

Acero

El conglomerado de los Rocca le teme a China en un mercado que tiene sobreproducción de acero por el estancamiento de las economías europeas, la débil recuperación de Estados Unidos y el menor crecimiento de Asia. El gigante asiático es el principal productor de acero en el mundo, concentrando el 49,2 por ciento del total en 2013. También es el primer consumidor mundial. En el segundo lugar se ubica muy atrás Japón como productor del 7 por ciento, seguido por Estados Unidos, con el 5,5, y luego India, con el 5,1 por ciento del acero mundial. Un reciente informe de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), donde participa activamente Ternium Siderar, advirtió sobre la expansión china en la región. Las importaciones de acero desde China hacia Latinoamérica crecieron un 56 por ciento en 2014 respecto del año anterior. En ese año, China exportó al mundo 84,8 millones de toneladas de acero laminado, y de ese volumen, 8,3 millones de toneladas llegaron a América latina. Los principales destinos latinoamericanos para el acero laminado chino fueron: Brasil (24 por ciento del total de la región), Chile (15 por ciento) y Centroamérica (14 por ciento). En el reporte se destaca que Argentina y Paraguay mantienen volúmenes de importación reducidos. El menor ingreso al mercado argentino está vinculado con el accionar del Estado aplicando medidas antidumping. Esta es la intervención estatal que Techint avala; no otra que pretenda conducir el desarrollo industrial. Según el documento de Alacero, la política china de precios a la baja de forma continua “refleja la existencia de prácticas desleales de comercio, ya que los precios del mercado doméstico de China no se han reducido en la misma proporción.

La estrategia de China en la región es el acceso a las fuentes de materias primas y que el mercado argentino de apenas 40 millones de habitantes les resulta poco relevante para su producción.

Política

Uno de los casos que más le molesta a Techint es la presencia de directores estatales en sus compañías por las acciones heredadas luego de clausurar el fabuloso negocio especulativo de las AFJP. En reiteradas ocasiones el Grupo Techint le ofreció a la ANSES comprarle el 26 por ciento de las acciones que el Estado tiene en Siderar, propuesta rechazada en cada oportunidad por el gobierno de CFK.

En noviembre pasado, en el encuentro de fin de año del Foro de Convergencia Empresarial, Betnaza pronunció la frase que resume la pretensión política del poder económico: “No hay discusión entre más mercado o más Estado, la agenda consensuada es más mercado”. En algunos medios fue interpretada como “más mercado y menos Estado”, que impulsó a la ministra de Industria, Débora Giorgi, a cuestionarlo, lo que obligó a Betnaza a aclarar que “cuando hablé en el Foro de Convergencia dije que la antinomia entre Estado y mercado estaba superada”, resumiendo su pensamiento en palabras del ex canciller alemán, Konrad Adenauer, quien había enunciado su política como “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario.

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