Por Carlos Tórtora.-

El ajuste que anuncia el gobierno está lleno de complicaciones. Por ejemplo, la Casa Rosada anunció como inicio del ajuste el Decreto 8/2023, que reduce los ministerios de 20 a 9 y elimina una cantidad de secretarías. Pero esta norma no genera un peso de ahorro, porque los empleados gozan de estabilidad por ley en sus funciones, o sea que lo que se reduce es la estructura, no el personal. Para reducir la planta de personal habrá que establecer por ley un régimen de reducción, que es lo que deberá sancionar el Congreso.

Otro caso de anuncio sin concreción es el que hizo el vocero presidencial Manuel Adorni sobre la suspensión de la pauta de publicidad oficial por un año. No hay hasta el momento decreto alguno al respecto y se supone que el tema está incluido en el proyecto de ley ómnibus.

El nudo gordiano

La ley ómnibus es, desde ya, el centro del problema y ahora se anuncia su envío al Congreso para mediados de la semana que viene. En fuentes de la Jefatura de Gabinete se comenta que la demora podría ser mayor.

Pero el punto central es cuánto demoraría el tratamiento legislativo de la ley ómnibus. Uno o varios proyectos que contengan la reforma del Estado, la reforma fiscal, la laboral, etc., deberán pasar para su tratamiento en no menos de 6 comisiones de cada Cámara, lo que presupone el trabajo de muchas semanas para su aprobación. Esto sin tener en cuenta que el oficialismo tendrá minoría en la totalidad de las comisiones.

En síntesis, que la ley ómnibus tiene por delante varios meses de tratamiento legislativo antes de ir al recinto para su votación. Este plazo excede largamente los tiempos de JM, que acaba de anunciar una política económica de shock.

Con esta perspectiva, crece la hipótesis de que la Casa Rosada termine pateando el tablero y recurriendo a los DNU, lo que podría precipitar una confrontación con el Congreso.

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