Por Claudio Valdez.-
Se presume que el voto expresa voluntad. Esto es cierto siempre y cuando el acto no esté viciado de algún modo: extorsión, temor, engaño, soborno, fraude o dádiva anulan la imprescindible libertad de elección sin lograr excusar la responsabilidad del emisor.
Bajo estas circunstancias, aunque se pretenda interpretar que la voluntad individual está decidiendo por alguna de las alternativas, es evidente que el “libre albedrío” se presenta colapsado por amenaza, miedo, ignorancia, sugestión, codicia, necesidad e incluso fanatismo; sentimientos todos que mellan la legitimidad del sufragio emitido, aunque formalmente se haya ajustado a las reglas de la burocracia electoral.
Fraude significa engaño, acto de mala fe, siendo las elecciones PASO (“primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias”) pasibles de esta calificación. Es engaño a los ciudadanos la argumentación de que “democráticamente se decidirán los candidatos, partidos, adherentes y alianzas que intervendrán en la elección general”, cuando lo que se busca es dividir y excluir a la mayor cantidad de parcialidades. Malograr candidatos y desintegrar partidos antes de conocerse sus “posibilidades políticas” mediante elección general definitiva e indubitable no debe ser “facultad primaria ni abierta del ciudadano”. El bien común es producto que requiere de ideologías, conductas, capacidades personales, moralidad y voluntades que no pueden ser evaluadas para su cercenamiento por millones de electores sólo a través de maratónica propaganda (apenas urgida publicidad) perjudicando a los candidatos que no logren un mínimo del 1,5% del padrón electoral.
Sin la posibilidad de “voto en blanco” y “voto anulado” computados como válidos, aunque quieran denominarlo negativo (en oposición a voto positivo) también se conculca la voluntad electoral. La pregunta es ¿por qué el elector debe obligadamente optar por alguno de los postulantes propuestos y sus proyectos si no los comparte o, lo que es peor, no confía? Ante estas circunstancias es de toda legitimidad que rechace las alternativas haciendo uso del “voto negativo” como expresión de su desacuerdo.
Esta trampa al elector se rompería con sólo computar como válido el “voto negativo”, formando parte de la totalidad de los votos emitidos en los comicios. Entonces los ganadores deberían contrapesar su legitimidad sobre el real 100% de los votantes, quedando en evidencia el porcentaje de quienes no los eligieron. No debería tampoco despreciarse el “voto no emitido”, que según sus distintas causas puede resultar significativo para evaluar legitimidad.
Avanzando con “más democracia en la representación” de los cuerpos colegiados (Congreso, Legislaturas, Consejos Deliberantes) resulta de simple razón reducir el cupo de bancas al total de “votos positivos” emitidos, desde que quien emite “voto negativo” expresa voluntad de no hacer “merecedor” (honorable) a ningún candidato: por ejemplo, si los votos negativos son 20% sobre el total de electores, debería reducirse en ese porcentaje el total de bancas a distribuirse entre los candidatos electos. ¡Qué ahorro de erogaciones podría lograrse en estas Instituciones solventadas por el pueblo!
Hasta ahora se obliga al ciudadano a intervenir sin convencimiento, negándole la posibilidad del “voto negativo” e imponiéndole intervenir eventualmente en “tercera vuelta” entre las “dos alternativas” mayoritarias: la finalidad es aparentar significativa representación, cuando lo cierto es que se trata de coerción y no de emergente “voluntad popular”. ¡Soberano fraude!”
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