Milei y la obsesión por el déficit 0 (1)

Por Hernán Andrés Kruse.-

El diagnóstico del presidente Milei es claro y contundente. El drama argentino es consecuencia de un problema de caja. Al gastar más de lo que recauda el Estado provocó, a lo largo de décadas, un déficit fiscal astronómico que provocó, lisa y llanamente, su quiebra. En consecuencia, la única solución consiste en reducir el déficit fiscal a 0. El problema es que dicha reducción no resulta gratis para el pueblo. En efecto, reducir el déficit fiscal a 0 implica la ejecución de medidas económicas altamente impopulares: devaluación de la moneda, reducción del gasto estatal, etc. La reducción del déficit fiscal a 0 implica la aplicación de un feroz ajuste, en suma. Milei está convencido de su diagnóstico y de la solución elegida. El problema es que la historia económica contemporánea de nuestro país ha puesto dramáticamente en evidencia los deletéreos efectos que produce el ajuste ortodoxo promovido por quienes estaban convencidos de que la reducción del déficit fiscal a 0 era la única alternativa para poner la economía en orden. Ahí está, aún fresco en la memoria colectiva de los argentinos, el ejemplo de Fernando de la Rúa, un presidente obsesionado por el déficit 0. Todos recordamos cómo terminó su presidencia.

A continuación, paso a transcribir un ensayo del sociólogo Sebastián P. Salvia titulado “El país en riesgo: Crisis financiera y gestión neoliberal en Argentina (1999-2001)” (Centro de Estudios Avanzados, 2011).

GESTIÓN DE LA CRISIS Y LÍMITES DEL NEOLIBERALISMO

“Al asumir en diciembre de 1999, el gobierno de la Alianza decretó una reducción del gasto del Estado y una mayor presión tributaria, logrando el apoyo del FMI, necesario para financiar el déficit fiscal. Con ello, esperaba lograr una baja del riesgo país y de las tasas de interés, que impactara positivamente sobre las «expectativas», esto es sobre las decisiones de inversión de los empresarios. Los empresarios del sector bancario promovían esta línea de acción. En tanto el acceso al crédito por parte del Estado condicionaba el del sector privado, los empresarios de la banca suponían que asegurar el fondeo del Estado y reducir su déficit contribuiría a restituir la confianza de los inversores externos. Así caerían las tasas y aumentaría la actividad. Los empresarios industriales aceptaban la necesidad de controlar el déficit fiscal, pero esperaban medidas adicionales que contribuyeran a la reactivación. Ni las expectativas de reducción del riesgo país ni las de reactivación económica se vieron reflejadas en la realidad, en los primeros meses del año 2000. La baja del riesgo país posterior al ajuste fue demasiado efímera como para producir una baja significativa de la tasa de interés. De manera que ni la inversión ni el consumo permitían superar las condiciones recesivas de la economía. La caída de la producción en el primer trimestre de 2000 había sido moderada en relación al de 1999, de un 0,2% del PBI. Pero se verificaba sobre un trimestre que ya había experimentado una fuerte caída tras la devaluación del real. El segundo trimestre de 2000 mostraba una caída mayor, del 0,4% del PBI sobre igual trimestre de 1999. La situación recesiva impactaba fuertemente en los sectores asentados en la producción en sentido estricto. Así, en el primer semestre de 2000, la producción industrial caía en un 3,0%, la construcción caía un 10,2%, y la producción agraria caía un 1,5%, respecto a igual semestre de 1999. En contraste, en el mismo período la producción de servicios de agua, electricidad y gas crecía un 6,0% y la intermediación financiera (banca, seguros y AFJP) se incrementaba en un 4,1%. De manera que para la banca y las empresas privatizadas de servicios de infraestructura, la crisis no generaba problemas significativos en su nivel de actividad.

La falta de reactivación económica constituía un escenario adverso para el equilibrio de las cuentas públicas, y con ello para las posibilidades del Estado de financiarse y mostrar capacidad de repago de la deuda pública. Junto a la recesión, la deflación de la economía reducía la base sobre la que se recaudaban los impuestos. Así, en el primer trimestre, la mayor presión tributaria por el ajuste no se materializaba en aumento de la recaudación tributaria, que por el contrario se reducía en un 1,5%. Esta situación se veía agravada, además, por la falta de activos significativos para privatizar, algo que en 1999 había minimizado la magnitud del déficit del Estado, por lo que el resultado de las cuentas públicas era más adverso para el Gobierno que en dicho año. Durante los primeros meses de 2000 el déficit fiscal acumulado superaba ampliamente las metas establecidas por el Gobierno, y ponía en riesgo el apoyo del FMI. La ley de Convertibilidad fiscal establecía un déficit financiero de 1,5% del PBI para el año 2000, equivalente a 4252 millones de pesos, tomando como referencia el PBI del año anterior. Así, la necesidad de crédito del Estado era creciente, al igual que su costo. Tras reducirse luego del pico del primer trimestre de 1999 por la incertidumbre cambiaria generada por la devaluación de Brasil, el costo del crédito vuelve a crecer durante los primeros trimestres de 2000. El diferencial de tasas respecto a los bonos del Tesoro estadounidense crecía un 7,6% en el primer trimestre de 2000, y un 14,6% en el segundo trimestre, respecto al último trimestre de 1999. Es decir, los efectos positivos del ajuste en términos de baja del riesgo país se agotaron rápidamente, y para el mes de junio el diferencial de tasa alcanza un nivel cercano al post devaluación de Brasil. El encarecimiento del crédito para la Argentina generaba mayor incertidumbre sobre la capacidad del Estado de afrontar la deuda en el mediano plazo, y aumentaba los costos financieros de las empresas. Esto renovaba la necesidad del ajuste, en una economía que continuaba en recesión”.

EL AJUSTE COMO POLÍTICA PRINCIPAL ANTE LA CRISIS

“Para el equipo económico, el deterioro de los indicadores productivos, fiscales y de riesgo soberano no mostraba el fracaso de la forma de gestión de la crisis seguida hasta el momento. De manera que continuó la política que venía desarrollando: ordenar las cuentas públicas al costo de un mayor sesgo recesivo, que se compensaría con la baja del riesgo país y la tasa de interés, y con políticas menores para apuntalar la demanda estatal de bienes. En la primera semana de mayo de 2000, el Ministro de Economía José Luis Machinea anunciaba la realización de una nueva reforma del Estado para bajar el gasto público. La falta de ejecutividad y las internas de la Alianza producían una mayor volatibilidad financiera. El índice Merval, que mide la evolución de las acciones líderes de la bolsa, caía un 13,4% luego de dos semanas de demora en la implementación del ajuste anunciado. En esas dos semanas, el riesgo país había crecido unos 144 puntos. El deterioro de la situación económica brindaba sustento a quienes pugnaban por un ajuste de mayor envergadura, como los economistas de la fundación FIEL. El ajuste fue tomando una forma más definida, siendo el núcleo del mismo la reducción del 12 y el 15% de los salarios estatales. El ajuste era esperado con ansias en el mundo financiero, que coincidía con las demandas de la banca privada. Inmediatamente, se pronunciaron a favor el titular del Banco Macro, el del Banco Río y fundaciones económicas muy vinculadas al sector, como el CEMA. El Presidente de ABA, Eduardo Escasany, manifestaba con claridad la posición de la banca privada, de sólido respaldo a la política fiscalista del gobierno: «Circunstancias de orden externo, relacionadas con el aumento de la tasa de interés en los EE.UU., llevaron al gobierno a la convicción de que era necesario reforzar la confianza de los mercados, impulsando un mayor ajuste del mencionado gasto. (…) Señor Presidente: deseamos manifestarle nuestro firme respaldo a su gestión de gobierno, por haber eludido el fácil camino de la demagogia, encarando los problemas de frente.»

El segundo ajuste de la Alianza logró alejar temporalmente la incertidumbre sobre la capacidad de repago de la deuda pública, derivada de esta necesidad de permanente ampliación del endeudamiento del Estado. Tras el ajuste, se produjo una tendencia a la baja del riesgo país que se extiende hasta mediados de agosto de 2000. La baja de la tasa de interés consecuente no se veía acompañada con un aumento de los créditos tomados por las empresas. Por el contrario, el volumen de crédito en pesos tomado por las grandes empresas se redujo en un 2,9% entre mayo y agosto –pese a que la tasa de interés había caído un 6,9% en dicho período–. En definitiva, entre la tasa de interés y la inversión median las expectativas sobre la realización de las mercancías, las cuales no mostraban signos de una mejora significativa. De esta manera, la ansiada reactivación no encontraba fuentes de sustento, y la tendencia descendente de la actividad económica se agravaba levemente, manteniendo el comportamiento diferencial a nivel sectorial. El producto bruto interno caía en el tercer trimestre de 2000 un 0,6%, en relación a igual trimestre de 1999. La construcción, la industria, y el agro encabezaban esta tendencia a la baja, con una caída de sus PBI sectoriales de 8,9%, 3,4% y 2,4% respectivamente. El crecimiento interanual de PBI de finanzas y de servicios de agua, gas y electricidad se desaceleraba, alcanzando un 0,9% y 1,1% respectivamente (cuando en el segundo trimestre alcanzaban el 3,5% y el 6,4%). Sobre la base de una caída global de la actividad económica –con los desempeños sectoriales mencionados– y sin una mayor disponibilidad de crédito, las perspectivas empresarias de obtener ganancias se debilitaban, lo que se expresaba en la cotización de las acciones. Como indicador puede tomarse el índice Merval que logra una leve recuperación del 8,2% en los meses de junio-julio, para volver a descender un 5,4% en agosto. El fuerte déficit del mes de julio de 2000 –que se difundía en el mes de agosto y que superaba ampliamente al de julio de 1999– encendía las alarmas en relación a la posibilidad de cumplir las metas de déficit acordadas con el FMI.

Con el avance del 2000, Argentina presentaba evidencias de sus dificultades para obtener recursos propios para afrontar el pago de la deuda, a partir del crecimiento de la economía y de las exportaciones, que generaran los excedentes y las divisas necesarias para ese pago. De esta manera, desde mediados de agosto, el riesgo país vuelve a mostrar una tendencia ascendente. De mayor gravedad aún, este crecimiento del riesgo país se produce simultáneamente a una baja del riesgo de los países latinoamericanos, mostrando la mayor gravedad de la crisis en Argentina que en el resto de la región, de manera que nuestro país pasa a tener una tasa de riesgo superior al resto de Latinoamérica por primera vez en el año. Ambas aspectos, la incapacidad para lograr recursos propios y la volatilidad financiera, están en la base de las dificultades para revertir las «expectativas». Sobre ellas trataban de actuar los funcionarios argentinos, que expresaban un optimismo que no parecía sustentarse con las evidencias de la economía y las cuentas públicas: «Si se mira la foto de la deuda bruta, se ve que representa 48,9% del PBI. En Brasil es 52,8%, en Canadá 85,1, en España 65,7, en Grecia 103,8 y en Italia 112,9%, por lo que uno se pregunta: ¿dónde está el problema? (…) otra cosa es mirar la dinámica. La deuda estuvo aumentando mucho mientras el PBI caía y crecía la tasa de interés. Eso era un proceso peligroso que este gobierno heredó y al que le puso fin; en los próximos años el endeudamiento disminuirá» (Daniel Marx). En un contexto de caída sostenida del PBI y de dificultades para lograr una baja significativa de la tasa de interés, el análisis del Secretario de Finanzas parecía un adelanto del crac financiero. El desafío que significaba la deuda y las deficiencias del Gobierno para la gestión de la crisis eran advertidos por los organismos de crédito internacionales y las consultoras especializadas en el mercado financiero global.

Si el frente económico presentaba serios problemas, el frente político no parecía mas calmo. La gestión de la crisis asumida por el Gobierno empezaba a ser cuestionada por el «ala izquierda» de la Alianza, más crítica del neoliberalismo económico. El Vicepresidente Carlos «Chacho» Álvarez y el ex-presidente Alfonsín –ambos miembros de la mesa chica de la Alianza– pedían cambios en el rumbo económico ante el deterioro productivo, pensando ya en las perspectivas negativas para las elecciones legislativas del año siguiente. Otros miembros de la Alianza como el Jefe de Gabinete Rodolfo Terragno y el Ministro de Infraestructura, Nicolás Gallo, acompañaban esta visión crítica. La situación interna de la Alianza hizo eclosión cuando el Presidente De la Rúa intentó reforzar su autoridad y la de su Ministro de Economía renovando el Gabinete, prescindiendo de las voces más críticas. Pero el rasgo más significativo fue el arribo al Ministerio de Trabajo de Alberto Flamarique, un funcionario sospechado de haber intervenido en el soborno a Senadores para la aprobación de la reforma laboral. La afirmación de la autoridad presidencial y de la gestión económica terminó con la renuncia del Vicepresidente en Octubre de 2000, y con ella sobrevino la crisis interna de la Alianza, una menor capacidad de acción del Gobierno y mayores dudas sobre el rumbo económico. Así, la crisis política condujo al acelerado deterioro de la situación financiera de la Argentina. Desde la renuncia del Vicepresidente y hasta el 8 de noviembre, el riesgo país escaló 304 puntos básicos, lo que representaba un alza de 44,5%20. El 8 de noviembre de 2000, el Estado tuvo que aceptar tasas de interés de 16% anual para bonos de un año de plazo, con un aumento muy significativo de la tasa aceptada un mes antes. Estas tasas de interés no podían sostenerse en el tiempo, lo que evidenciaba la posibilidad del default”.

EL CAPITAL FINANCIERO ENTRE EL SALVATAJE Y EL AJUSTE

“Esta situación hizo necesario un aporte extraordinario de créditos de los organismos financieros internacionales para alejar el default, que cobró forma en el «Acuerdo de respaldo financiero», más conocido como el Blindaje, que comenzó a negociarse tras esa colocación de títulos del 8 de noviembre. Consistía en una serie de créditos por un total de 39.700 millones de dólares, incluyendo los 7200 millones ya asignados por el FMI en el acuerdo stand-by de marzo de 2000. Este acuerdo fue aprobado definitivamente por el FMI el 20 de diciembre, y su primer desembolso se realizó el 21 de diciembre de 2000, por un total de 2100 millones de dólares. Estos créditos fueron otorgados por el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de España con una tasa promedio de 8%. Al mismo tiempo, los bancos privados y las AFJP se comprometían a renovar los bonos del Estado a su vencimiento, a precio de mercado. El objetivo del Blindaje era garantizar el pago de la deuda externa del Estado hasta el fin de 2001 y permitir la continuidad de la colocación de títulos estatales en el mercado financiero. El anuncio del Blindaje revirtió la tendencia fuertemente creciente del riesgo país, generando una rápida baja de casi 200 puntos básicos.

En el diagnóstico del Gobierno, el Blindaje servía para iniciar este crecimiento a partir de la reversión de las «expectativas» de empresarios y consumidores. Al permitir cubrir los pagos de la deuda, el Blindaje operaba a la baja de la tasa de interés, lo que debía favorecer las decisiones de inversión y consumo, empujando hacia arriba la actividad económica. Sin embargo, la economía seguía en una inercia descendente. El PBI cayó un 2,0% durante el primer trimestre de 2001 respecto a igual trimestre de 2000, siendo la caída más pronunciada en la industria, la construcción y el agro, cuyo volumen de producción se redujo en un 3,4%, 9,3% y 4,2% respectivamente, en igual período. Por el contrario, los servicios de agua, luz y gas aumentaron su producto en un 3,3% y la intermediación financiera lo hizo en un 0,5%. En este sentido, se mantenía la tendencia general de mayor impacto de la crisis en la producción industrial, la construcción y el agro que en la banca y los servicios públicos, aunque el desempeño de estos últimos fuera más atenuado que en los años anteriores.

La inconsistencia del diagnóstico gubernamental orientado a la mejora de las expectativas se evidenció con claridad tras dos días de bajas en la bolsa, caídas de los precios de los bonos de la deuda del Estado y aumentos del riesgo país. El día 2 de marzo de 2001 presentaba su renuncia el Ministro de Economía José Luis Machinea. Si el Blindaje ponía de manifiesto el fracaso de la inserción argentina en el mercado mundial, la renuncia de Machinea ponía de manifiesto la incapacidad de revertir el proceso de crisis en las condiciones que establecía la convertibilidad. Es decir, la incapacidad de sostener la estrategia de acumulación y las relaciones de fuerza correspondientes, que habían entrado en crisis, por vía de la reducción de los gastos del Estado y la capitalización de intereses de la deuda. No existían condiciones para transformar la baja de la tasa de interés en inversión, de manera de superar el proceso recesivo”.