Milei y la obsesión por el déficit 0 (2)

Por Hernán Andrés Kruse.-

“La renuncia de Machinea fue, asimismo, la señal de las dificultades para sostener la paridad cambiaria, de manera que a partir de ese momento se iniciaría el movimiento descendente de las reservas de divisas del Banco Central. Extinguidos los efectos positivos del Blindaje y con la renuncia del Ministro de Economía José Luis Machinea, el Gobierno estaba ante la posibilidad de elegir entre dos políticas diferentes, mediante dos posibles ministros de reemplazo: con Ricardo López Murphy podía profundizar la política de ordenamiento de las cuentas públicas, y con Domingo Cavallo podía virar hacia políticas activas para la reactivación de la economía. Eligió la primera posibilidad, en una escala mucho mayor a la realizada hasta ese momento, lo que empezó a vislumbrarse desde el inicio mismo de la gestión de López Murphy. El programa de López Murphy fue anunciado el 16 de marzo y consistió en un nuevo recorte de gastos estatales del orden de $1.962 millones para el 2001 (previendo llegar en 2002 a una reducción de $2.485 millones), fundamentalmente a partir del presupuesto de educación, y de la eliminación de varias exenciones impositivas. La mayor parte de los recortes se aplicaban sobre los salarios de los docentes de la educación primaria, y los fondos de la educación universitaria y terciaria –con un recorte de $ 361 millones en 2001 y $ 541 millones en 2002–. La viabilidad del ajuste era el punto débil del paquete de medidas, dada la conjunción de la dispersión de las fuerzas del sistema político –necesarias para la aprobación parlamentaria del paquete de ajuste– y la resistencia de organizaciones de la clase trabajadora. Al interior del sistema político, el programa era resistido por gobernadores y legisladores del PJ, en tanto el ajuste apuntaba directamente contra los presupuestos provinciales, y entre la propia Alianza en el gobierno, cuya unidad ya se encontraba puesta en cuestión desde la renuncia del vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez en octubre de 2000, en tanto perjudicaba directamente los sectores que constituían su base social, en un año de elecciones legislativas.

La situación económica se deterioraba en paralelo con la situación política. La bolsa perdía el impulso que había ganado al conocerse la renuncia de Machinea y su reemplazo por López Murphy, cuando el Merval logró un crecimiento de 10,4%, trepando en 45 puntos. A partir de allí se iniciaría una tendencia decreciente que llegó a una caída en dicho índice del 10,5% (51 puntos) tras el anuncio del ajuste. Las reservas de divisas del Banco Central, que desde este momento serían una variable clave de la viabilidad de la propia Convertibilidad, cayeron todos los días tras la renuncia de Machinea, llegando a perder 3.055 millones de dólares el día posterior al anuncio del ajuste, que equivalía a un 8,6% del total. Asimismo, la percepción de la inviabilidad del ajuste había generado el aumento del riesgo país, tras una baja en los primeros días de gestión de López Murphy. En estas condiciones, la suerte del Ministro estaba echada. La breve gestión de López Murphy finalizó el 19 de marzo, como salida de una situación política que catalizó el conflicto social, y terminó unificando al radicalismo, el Frepaso y los gobernadores del PJ contra su permanencia como ministro de Economía. La confluencia de diversos intereses sociales en el rechazo al ajuste –desde la burguesía industrial expresada por la UIA y las medianas empresas representadas por CAME, hasta las organizaciones de trabajadores estatales y privados de ambas CGT y la CTA– había puesto en evidencia que la continuación de la vía del ajuste como única política de superación de la crisis tenía escasas posibilidades de realización”.

EL PÉNDULO DE POLÍTICAS ACTIVAS Y RECESIVAS

“El reemplazante de López Murphy estaba puesto desde el fracaso del ajuste: Domingo Cavallo. Su llegada al Ministerio de Economía significaba un cambio en los objetivos de la política económica seguidos hasta ahora durante el gobierno de la Alianza. El objetivo declarado por Cavallo era impulsar políticas activas que pudieran reactivar la producción. De esta manera, Cavallo venía a intentar poner en marcha su propuesta para salir de la crisis, centrada en la competitividad de la producción, cuyos costos buscaba abaratar en un 20%, mediante modificaciones impositivas, arancelarias y subsidios. Así, se buscaba: «corregir de manera integral los problemas de los exportadores y de quienes tienen que competir en inferioridad de condiciones con los productos importados». Como afirma Wainer, los Planes de Competitividad, destinados a la producción de bienes, eran la herramienta privilegiada para alcanzar este objetivo. Al 19 de junio de 2001, la mayor cantidad de convenios de competitividad fueron firmados en la industria, en una gran cantidad de actividades, que representaban el 46% del valor bruto de la producción de la industria y el 69% del empleo industrial. Estas actividades eran automotrices (terminales y autopartes), industrias culturales, textiles, indumentaria, calzado, bienes de capital, madera, muebles, industrias plásticas, celulosa y papel, turismo, transporte de carga y frigoríficos. El impacto de los planes de competitividad sobre la rentabilidad en estas actividades era del orden del 20%, con picos en calzado (42,7%), terminales automotrices (33,3%) y bienes de capital (30,5%), a los precios vigentes a la firma de los acuerdos –algunos convenios comprometían una reducción de precios que moderaba la suba de la rentabilidad–. Estos planes beneficiaban en mayor grado a aquellas actividades de trabajo intensivas, para las cuales el aumento en la rentabilidad se estimaba en un 26,7%.

Sin embargo, este cambio hacia políticas activas encontraba dos limitaciones, presentes durante todo el gobierno de la Alianza. En primer lugar, pendía sobre este programa la espada de Damocles del déficit fiscal, que permanentemente amenazaba con una refracción a la baja que comprometía los desembolsos del Blindaje. En segundo lugar, una política expansiva necesitaba de recursos, que no estaban disponibles. Cavallo buscó esos recursos en una vía recesiva: la creación de un nuevo impuesto de fácil recaudación, que impactaba directamente en la actividad económica. El 24 de marzo, el Congreso aprobó la ley que creaba el impuesto a los movimientos en cuenta corriente, conocido como impuesto al cheque. La ley establecía que el Poder Ejecutivo fijaría la tasa del impuesto, con un máximo 0,6% para cada operación (débito y crédito). Al mismo tiempo, el Congreso establecía que todo pago por un monto superior a $1000 debía realizarse con tarjeta o cheque, para reducir la evasión y ampliar la base de recaudación del nuevo impuesto. Estableciendo una alícuota menor a la autorizada (0,25%), Cavallo esperaba que el nuevo impuesto aportara 3500 millones de pesos anuales.

Junto con el aprovisionamiento de recursos por la vía recesiva, la volatilidad financiera fue el signo de la gestión de Cavallo en su retorno al Ministerio de Economía. Esta volatilidad aumentó considerablemente cuando el Ministro anunció la implementación, para el comercio exterior, del «factor de empalme». El mismo consistía en el otorgamiento de un subsidio a los exportadores y el cobro de un derecho de importación equivalente a la diferencia entre el tipo de cambio $1=US$1, y una canasta de monedas compuesta en partes iguales por 1 dólar y 1 euro ($1 = US$0,5 + Euro 0,5). Esto significaba una mejora del tipo de cambio real de 7,5% al momento de su implementación, en junio de 2001. Esta medida se justificaba por la devaluación del real respecto al dólar, que alcanzaba un 23% en términos nominales desde el inicio de 2001. Como resultado de los problemas financieros y de la economía real, y de las expectativas de abandono de la Convertibilidad generadas en el exterior por la implementación del factor de empalme (en los hechos, un tipo de cambio doble), el riesgo país escaló a niveles de default, alcanzando los 1600 puntos básicos en el mes de julio. De esta manera, el mercado financiero se cerró para la Argentina y con él, el financiamiento del déficit fiscal, aún cuando su principal componente era el pago de deuda pública. Esto llevó a Cavallo a la medida más recesiva del todo el período: la Ley de déficit cero. Esta ley disponía la reducción del gasto primario del Estado –salarios, jubilaciones, insumos, inversión, etc– en la proporción necesaria para cubrir el pago de deuda pública”.

EL ABANDONO DE LA CONVERTIBILIDAD POR EL CAPITAL FINANCIERO Y PRODUCTIVO

“La Ley de déficit cero tuvo como efecto inmediato una baja del riesgo país a un nivel que fluctuaba entre 1400 y 1450 puntos, algo que se mantuvo durante un mes y medio, hasta los primeros días de septiembre. Su efecto mediato fue fortalecer las tendencias recesivas de la economía, en todos los sectores de la misma. Así, el PBI cayó un 4,9% en el tercer trimestre de 2001, una tendencia que alcanzaba tanto a la industria y la construcción (-6,8% y -11,2%, respectivamente) como al sector financiero y a la provisión de agua, gas y electricidad (-13,2% y -2,8%, respectivamente). En línea con estos resultados, desde inicios de septiembre el riesgo país escaló permanentemente, superando los 1800 puntos a principios de octubre y 2400 puntos a principios de noviembre. Paralelamente, la perdida de las reservas de divisas del BCRA se aceleró, impulsada tanto por las empresas del sector financiero y de servicios, como por empresas de la esfera de la producción. La sangría del BCRA totalizó unos 12.500 millones de dólares, desde fines de junio hasta fines de octubre. Esta cifra incluía los 4000 millones de dólares que el FMI aportó al Gobierno, que ingresaron el BCRA el 10 de septiembre, en un último intento por evitar el default y el «contagio» a otros países de la región. En esta coyuntura, a principios de noviembre el FMI cortó su crédito hacia la Argentina, el único que estaba disponible para el país. La pérdida de reservas alcanzó niveles récord, llegando a 5995 millones en el mes de noviembre. La suerte de la Convertibilidad estaba echada. Cuando al inicio de diciembre de 2001 Gobierno instauró restricciones al retiro de dinero de los bancos, conocidas como el «corralito financiero», firmó su partida de defunción. La misma se produciría en medio del caos social desatado por la lucha de los afectados por las medidas, desocupados, trabajadores, ahorristas, comerciantes, con la implementación del Estado de sitio como última medida, entre la noche del 19 de diciembre y la tarde del 20 de diciembre”.

(*) Sebastián P. Salvia: “El país en riesgo: Crisis financiera y gestión neoliberal en Argentina (1999-2001)” (Centro de Estudios Avanzados, 2011).