Política y dinero: una relación ambigua

Por Hernán Andrés Kruse.-

El escándalo que sacude a Libertad Avanza por la supuesta venta de candidaturas puso nuevamente en el tapete la ambigua relación que existe entre la política y el dinero. El doctor Ramiro González, fiscal federal con competencia electoral, decidió convocar de oficio a numerosos testigos para dar comienzo a una investigación tendiente a determinar si existió o no una violación al Código Nacional Electoral o a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.

En nuestro país los procesos electorales son regulados por el mencionado Código. Entre sus facultades figura la de penar aquellos actos de campaña y aquellas emisiones de publicidad fuera de término. Por su parte, la norma que regula el financiamiento de los partidos políticos garantiza un modelo que autoriza a los partidos políticos recibir tanto fondos públicos como fondos privados. El ministerio del Interior se encarga de repartir un 20% de manera igualitaria entre todos los partidos mientras que el restante 80% se distribuye en proporción a la cantidad de votos obtenidos por los partidos en la última elección a diputado nacional.

Respecto al financiamiento privado la norma establece que los partidos podrán recibir aportes de sus afiliados, como así también de personas no afiliadas y de personas jurídicas. Es importante destacar que las contribuciones o donaciones anónimas no están permitidas, como así también las de entidades centralizadas o descentralizadas del estado, de personas o entidades jurídicas que se dediquen a los juegos de azar, de entidades gubernamentales, de asociaciones sindicales o profesionales, de personas con causas judiciales y de personas o entidades jurídicas sin residencia en el país.

En el caso de Libertad Avanza la cuestión central es determinar si está prohibido o no que un partido político reciba dinero a cambio de una candidatura. La respuesta es negativa. Lo que sí lo está es que dicha contribución sea obligatoria, es decir que alguien que quiere ser candidato sea obligada por su superior jerárquico o empleador a dar dinero. Alejandro Tullio, quien coordina la Comisión de Derecho Electoral del Colegio de Abogados de la CABA, considera que la venta de candidaturas está dentro de la ley porque “a nadie se le ocurre qué pueda pasar, ya que la actividad política está protegida por la Constitución Nacional y se supone que quienes aspiran a un cargo lo hacen por una militancia”. Lo que sí debe comprobarse es la legalidad o no del ingreso en cuestión: “Si no hay registro por vías legales y alguien puede probar que entró dinero independientemente si es para una candidatura o lo que sea, estamos ante una infracción electoral; además, hay que ver el origen de esos fondos” (fuente: Perfil, Ariel Stemphelet, “Venta de candidaturas: cómo se financian las campañas de los partidos políticos”, 11/7/023).

El financiamiento de las campañas electorales es, reitero, uno de los temas más escabrosos de la política. El ciudadano común no tiene la más remota idea de la identidad de quienes financian las campañas de los partidos políticos. Que yo sepa nunca un partido político dio a conocer la nómina de los aportantes privados. ¿Por qué semejante ocultamiento? ¿Acaso tales aportantes se manejan al margen de la ley? Además de que ello sea posible, es altamente probable. No debemos olivar que estamos en Argentina. Hay, además, una cuestión que pasa inadvertida para el pueblo. Me refiero a la influencia que ejercerán los aportantes sobre el candidato si finalmente gana la elección.

En octubre se celebrará la primera vuelta. Supongamos que ninguno reunió los requisitos necesarios para evitar el balotaje. Supongamos que los candidatos más votados fueron Sergio Massa y Patricia Bullrich. En varias oportunidades escuché decir a importantes periodistas que quien desee ser presidente en nuestro país debe disponer de 100 millones de dólares. Tanto Massa como Bullrich necesitarían contar con la ayuda de financiamiento privado para solventar la campaña. En consecuencia, lo más probable es que cualquiera de los dos que llegue a la presidencia se vea obligado a “retribuir” semejante “favor”. No debemos olvidar la dura y siniestra afirmación de Héctor Magnetto sobre la presidencia de la nación: “es un puesto menor”. Su mensaje es el siguiente: “vos sos presidente por mí. En consecuencia, vos sos mi empleado”. Como dijo Joan Manuel Serrat “nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”.

A continuación paso a transcribir partes de un interesante artículo de Francisco Nieto Guerrero titulado “La ambigua relación de los políticos con el dinero” (nuso número 225/ enero-febrero 2010).

“A pesar del aparente desapego de los políticos por el dinero, en la vida real no se puede hacer política sin dinero… ajeno. En efecto, sin recursos financieros no existirían los partidos o las agrupaciones políticas y los políticos no tendrían posibilidades de convertirse en opciones de poder a través de las vías electorales. Para atender estas necesidades económicas, la democracia ha venido afinando en las últimas décadas una serie de mecanismos legales de captación, utilización de recursos y rendición de cuentas.

Sin embargo, en América Latina el grueso de los recursos que se destinan a la intermediación política se canaliza a través de un sinnúmero de instituciones informales que se utilizan con frecuencia para violar la legalidad. Esto genera efectos devastadores para la democracia, al vaciar de sentido dos de sus principios fundamentales: el de la igualdad de oportunidades para todos los candidatos y el de la pluralidad de ideas y alternativas para los electores. El efecto sobre los políticos también es grave cuando estos traicionan la confianza de sus votantes, convirtiéndose en «vividores de la política», como paradójicamente los calificó José María Aznar.

Pero ¿qué es lo que está en el fondo de todo esto? El eterno problema de cómo controlar al poder, que con frecuencia considera que la misión superior de gobernar, la pervivencia de la democracia y la llamada «razón de Estado» están por encima de todo, incluso de la moral y de los controles.

Como si esto fuera poco, una característica particular de América Latina hace aún más confusa la relación entre los políticos y el dinero: se trata de la marcada tendencia de algunos líderes a apropiarse del poder político, deformación que les hace creer y actuar como propietarios del Estado y de sus bienes, en lugar de conducirse como delegatarios enmarcados en la temporalidad del poder, que los obliga a cumplir con un mandato específico. Es allí donde nacen esas «indelicadezas financieras» que hacen que el relacionamiento entre los políticos y el dinero genere discordia popular, alimentando de razones la desafección ciudadana por la democracia y sus operadores.

A favor de esa ilegalidad actúan, además, la preocupante laxitud moral de algunos políticos, jueces y muchos ciudadanos ávidos de dineros fáciles, los costos cada vez más altos de las campañas electorales y el importante rol que desempeña el Estado en la actividad económica de muchos países. Todo esto ha agudizado la dependencia de los políticos con respecto al dinero de los donantes, y de los donantes respecto del dinero que manejan los políticos.

El dinero relacionado con los operadores políticos tiene dos orígenes fundamentales: el proveniente del Estado y el que proviene de las donaciones políticas -para el funcionamiento de partidos, para campañas electorales y para think tanks.

En el caso de las donaciones políticas legales, tanto públicas como privadas, que comprenden el financiamiento de los partidos políticos y el de las campañas electorales, hay una abultada legislación y doctrina que las regula. Como en principio están exentas de ambigüedad, solo serán tratadas de manera referencial en este texto. En adelante nos ocuparemos fundamentalmente del dinero ilegal de los políticos o dinero políticamente contaminado, al que podríamos definir como todo beneficio indebido obtenido por los políticos a través de su intermediación o gestión pública. Es evidente que en el origen del problema que nos ocupa se encuentra el constante encuentro entre los políticos y el dinero. Hay momentos particularmente críticos para la legalidad. En primer lugar las campañas electorales, durante las cuales la urgencia por recursos de toda índole desafortunadamente deja relegada a una posición subalterna cualquier otra consideración. Las segundas vueltas o balotajes abren mayores oportunidades para la ilegalidad ya que, para ese momento, los candidatos y su maquinaria generalmente han agotado sus finanzas; ante la perspectiva de un acceso pronto al poder no hay dinero o apoyo que rechacen.

Posteriormente, bien sea en funciones de gobierno, de oposición o desde un cargo partidario permanente, los políticos se encuentran inmersos en la complicada dinámica de asignación de recursos y aprobación de políticas públicas, caracterizada por enmarañadas negociaciones que requieren del manejo de una serie de incentivos, en las que el dinero y los beneficios funcionan como ejes articuladores. Durante este periodo, algunos políticos buscan también hacer algunos «ahorros especiales» que les sirvan de «piso» para su futuro.

Finalmente, cuando están cerca de concluir sus mandatos, los políticos se vuelven a involucrar intensamente en la afanosa tarea de conseguir donaciones: para disputar una elección o reelección, para buscar otro cargo o para la elección del candidato de su partido; en fin, para continuar en la dinámica política. Durante este tiempo, como se ha visto, el dinero juega un rol medular.

Desafortunadamente, no todo el dinero público que reciben los actores políticos ingresa por estas vías legales. Un creciente volumen de esos recursos proviene directamente del gobierno. En efecto, es cada vez más claro que los candidatos del oficialismo se benefician no solamente del aporte legal que les corresponde y las ventajas que el poder ofrece para captar dinero privado, sino de sustanciales recursos financieros especiales: desde contratos de diferente índole hasta múltiples facilidades para llevar adelante sus campañas electorales, como el uso de transportes oficiales, pagos de hoteles, giras, expertos, publicidad, etc.

Este desvío de dinero público o malversación hacia esos candidatos, que muchas veces supera con creces el financiamiento legal, constituye un serio escollo para la democracia, sobre todo para el principio fundamental de la alternancia en el poder.

El ciudadano común vota por las opciones que se le presentan a partir de múltiples motivaciones: lo hace en uso de un derecho y/o una obligación, posiblemente entusiasmado por un plan de gobierno que más o menos conoce; otras veces vota a ciegas, pero con la expectativa de una vida mejor; en ocasiones, busca impedir que otra propuesta se convierta en ganadora; y no pocas veces vota por la opción que le indicaron. Pero, por encima de todo, vota por una esperanza o una ilusión que le han vendido y que él, como ciudadano, ha comprado en términos de confianza.

Desde esta visión, el ciudadano entrega por adelantado su único y mayor bien político, el voto, a cambio de una promesa a futuro. Si no se cumple, como sucede con relativa frecuencia, al elector solo le queda el camino de esperar hasta las próximas elecciones. Ante esa incertidumbre, no es posible sustentar la idea de que entre el ciudadano común y el político se entabla una verdadera relación de ida y vuelta con intercambio mutuo de beneficios. Este grupo de ciudadanos, mayoritario, coincide con los que se manifiestan más descontentos con la democracia. Sin embargo, no es relevante en términos de aportes financieros.

Se trata de un sector que en general establece una relación de subordinación con los líderes políticos, cumpliendo con el principio de relación gobernados-gobernantes desde la visión de democracia delegativa y de electores, ciertamente preponderante en América Latina.

Dentro de este tipo de donante (con intereses) se incluyen los denominados «poderes fácticos», divididos en dos grupos debido a sus motivaciones: aquellos cuyo interés es el dinero y quienes realizan donaciones por cuestiones de ideología. En cuanto al primer grupo, los donantes motivados por dinero, hay que señalar que la tercerización es una realidad en el financiamiento político. En efecto, lo sustancial, al menos para los candidatos de la oposición, en general proviene de un pequeño grupo, muy minoritario pero con enormes condiciones financieras o acceso a recursos, que adquiere una relevancia decisiva en términos de posibilidades de acceder al poder. Se los puede denominar «donantes con intereses financieros»: personalidades con gran potencial económico, lobbystas, entidades, grupos, consorcios, asociaciones, multinacionales, sindicatos, países, organismos multilaterales, ONG, fundaciones. En fin, se trata de quienes ven en las elecciones una oportunidad para asegurar futuros negocios y consideran al candidato como una inversión.

Por su parte, los dirigentes políticos tienden a entender las donaciones y el manejo del dinero público desde una perspectiva muchas veces errónea, que lleva directo a la ilegalidad.

Una de las primeras tareas en la agenda de los operadores políticos es captar recursos financieros. Estas donaciones pueden destinarse al funcionamiento de los partidos, las campañas electorales o los centros de pensamiento. Son administradas por la maquinaria del partido y no están exentas de ilegalidades. En efecto, al no haber mecanismos de supervisión efectivos, los líderes de los partidos manejan con bastante libertad esas donaciones. En la mayoría de los casos, las utilizan para apoyar a correligionarios sin cargos públicos. El método utilizado es el de la asignación de contratos para realizar encuestas, estudios o consultorías, en general generosamente pagados. Pero, dada la decadencia de los partidos, su importancia ha disminuido considerablemente. Por otro lado, en la región no hay una significativa costumbre de establecer cuotas por afiliación. En estas condiciones, el grueso de las donaciones que reciben los políticos proviene de particulares y se tramita a título personal, quizás como una herencia del caudillismo latinoamericano y la cada vez menor influencia de los partidos políticos en la representatividad democrática. Al identificarlos como personales, muchos líderes consideran esos aportes financieros como regalos, lo cual genera dos consecuencias trascendentales: se activa el mecanismo de reciprocidad (el que recibe retribuye) y se utiliza el «regalo» con total libertad, sin encontrar mayores razones para rendir cuentas”.