Por Carlos Tórtora.-

Hay fuertes señales de que el gobierno se apresta a enviar al Congreso los proyectos de leyes de reforma del Estado, reforma tributaria y reforma laboral. Se trata de una decisión delicada por varios motivos. La Libertad Avanza está en minoría en ambas cámaras y no hay ninguna cuenta exacta que permita decir que conseguirá en diputados el quórum de 129 para sesionar. Pero el problema es más complejo. Antes de votarse, los proyectos deberán contar con dictamen favorable de las comisiones respectivas. El caso es que los bloques de Unión por la Patria y el PRO acordaron que las autoridades de las comisiones se repartan de acuerdo al sistema D’Hont, pero tomando en cuenta los bloques y no los interbloques. Esto deja en inferioridad de condiciones a La Libertad Avanza, que no tendría la conducción de las principales comisiones. Aunque una negociación en marcha podría dejarle al bloque oficialista la presidencia de las comisiones claves vinculadas al gobierno.

En el Senado, la sumatoria de bloques lograda por Victoria Villarruel permite un reparto de comisiones más favorable al oficialismo.

Esto último hace pensar que tal vez los proyectos de ley se ingresen por el Senado.

De cualquier modo, se prevé un debate largo y con negociaciones complejas. En la Casa Rosada hay quienes especulan con que el kirchnerismo puede llegar a negociar algunas cuestiones a cambio de asistencia financiera a Buenos Aires, donde Axel Kicillof amenaza con emitir su propia moneda si no se llega a un acuerdo.

La delegación legislativa

La complejidad y la incertidumbre de la realidad parlamentaria hacen que JM se vaya inclinando por manejarse con DNU en todo lo que sea posible. Próximo a la firma está entonces el megadecreto de desregulación.

Pero simultáneamente se están explorando otras variables, como la negociación de una ley de delegación legislativa que le permita al Ejecutivo estar habilitado para legislar directamente. De este modo, se evitaría el largo debate parlamentario, aunque las condiciones son difíciles de cumplir. Las establece el artículo 76 de la Constitución Nacional que dice: «Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca».

De un modo u otro, la realidad indica que en lo inmediato el gobierno deberá manejarse con decretos.

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