Por Carlos Tórtora.-

A una velocidad impensada, la Justicia Federal y la Corte Suprema empezaron a reacomodarse a los nuevos tiempos políticos. Primero fue la Corte Suprema de Justicia, que estableció que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias dispuesta por el gobierno nacional luego de las elecciones primarias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias.

El fallo es interpretado como un revés para la gestión de Mauricio Macri, si bien afectará las finanzas del próximo presidente, y surge como respuesta a un reclamo realizado por 15 provincias que acudieron a la competencia originaria del máximo tribunal.

A renglón seguido, el juez que lleva adelante las causas que más le interesan al gobierno, Claudio Bonadío, es blanco de acusaciones que se reflotan en el Consejo de la Magistratura. Se trata de dos acusaciones por mal desempeño contra Bonadío que se reactivaron en el Consejo de la Magistratura, a pesar de la intención del oficialismo de desestimar las denuncias.

La Comisión de Disciplina y Acusación dispuso volver a darles impulso a las denuncias realizadas por el entorno de la ex presidenta Cristina Kirchner para evaluar la conducta del magistrado.

La ex jefa del Estado y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos acusó reiteradamente al magistrado de haber desencadenado una «persecución judicial» contra ella y su familia, con reiterados procesamientos y pedidos de prisión preventiva y con pedidos de desafuero al Senado.

El Consejo de la Magistratura, en tanto, decidió -por pedido del consejero Diego Molea- producir nuevas medidas de prueba y, de esta manera, se dejó de lado el pedido de desestimación que había presentado Juan Bautista Mahiques, el representante del gobierno de Mauricio Macri ante el Consejo. Esto vino aparejado con los rumores acerca de que el juez en cuestión haría efectiva su jubilación.

A TODA MÁQUINA

Por su parte, el vicepresidente de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, fue excarcelado en el marco de la causa Cuadernos y declaró que, en opinión de sus abogados, el juicio oral en este proceso no llegará a realizarse nunca. No aclaró Ferreyra si se refería a las diversas nulidades que las defensas presentarían oportunamente.

Por último, La Sala I de la Cámara Federal ordenó excarcelar a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en dos causas ligadas a los cuadernos de la corrupción. El juez de primera instancia, Claudio Bonadío, fijó una fianza de 60 millones de pesos para cada uno, que deberá ser pagada para que la decisión se haga efectiva.

Fuentes judiciales informaron que los jueces de la Sala I de la Cámara, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, se basaron en la postura del fiscal Carlos Stornelli de avalar las libertades porque la causa no tiene riesgos procesales.

Esta ola revisionista recién estaría empezando y al alejamiento del fiscal Germán Moldes le seguiría el de Bonadío y otros tres o cuatro jueces federales más. El problema central son las causas por corrupción contra Cristina Kirchner, ya que ésta deberá asumir la vicepresidencia de la Nación en una situación por demás incómoda. La estrategia de las defensas -según ya adelantara este medio– pasaría por apuntar a la nulidad de la causa de los sobornos en la obra pública, cuya caída dejaría sin delitos precedentes y por lo tanto inviables, a las causas Hotesur y Los Sauces por lavado de dinero. En cuanto a las causas del Memorándum de Entendimiento con Irán y del dólar futuro, con los nuevos vientos que soplan en Comodoro Py podrían caerse por tratarse en ambos casos de cuestiones políticas no judiciables. Quedarían así en pie un grupo de causas de menor importancia política y tal vez más fáciles de desmantelar.

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