El peronismo kirchnerista y el Estado de Derecho

Por Raúl Mario Ermoli Galluppi.-

Que el mundo sepa que el estado de derecho es violado permanentemente en Argentina y desde el propio gobierno nacional. No sólo cuestionan la división de poderes y la independencia de los mismos, públicamente expresado por la misma vicepresidente de la Nación como «algo antiguo», sino que no aceptan los fallos judiciales cuando no les conviene, incumpliendo los mismos y llegando al extremo de iniciar juicio político a la Suprema Corte por haber dado la razón a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su reclamo por el ilegal apropiamiento de parte del porcentaje que le corresponde por coparticipación (supuestamente para favorecer a la Provincia de Buenos aires), lo cual no parece diferenciarse mucho de cuando la Suprema Corte dio justa razón a las provincias de Córdoba y de Santa Fe en sus reclamos por el no pago de buena parte de la «Coparticipación Federal» (y que en ese entonces otro gobierno «kirchnerista» también se negaba a pagar…).

Un último ejemplo de como a este gobierno no le interesa el Derecho (aunque no el único): se trata de que convocaron al «sindicato de camioneros» (que se caracteriza por realizar bloqueos y extorsiones a las empresas privadas), para que sean ellos quienes controlen los llamado «precios justos»… lo cual es una barbaridad y demuestra una vez más la naturaleza violatoria del derecho del «peronismo kirchnerista», opuesto al «dentro de la Ley todo, fuera de la Ley nada» del fundador del Justicialismo. Esto no novedad si consideramos la actitud permisiva del gobierno para con los grupos de «piqueteros» que cortan calles y avenidas cuantas veces les da la gana, sin importarles que pasa con los demás, permitiendo además que sean ellos quienes controlen el tránsito y determinen «quién puede o no circular libremente» como garantiza la Constitución, incluso lo vimos al Presidente Alberto Fernández solidarizarse con supuestos mapuches que en sur del país asolan a pacíficos pobladores atacando a sus personas y propiedades legalmente adquiridas, aduciendo que el sur argentino es «territorio ancestral mapuche», lo cual es una enorme mentira que el presidente parece avalar, y simplemente son originarios del sur chileno, como araucanos que son. Sin duda alguna este es un gobierno que a pesar de jurar (falsamente) por la Constitución Nacional, no cesa en los intentos violatorios de sus Principios fundamentales.

Por otro lado el gobierno ataca o critica a la actividad privada, (Producción agropecuaria, la industria y el comercio), como la culpable de la inflación, del aumento general de precios y servicios… y no podemos menos que preguntar entonces, qué hace el mismo Estado para ayudar a que dicho «fenómeno inflacionario» no continúe… ¿El Estado no tiene ninguna responsabilidad al respecto? ¿Qué ocurre por ejemplo, con los gastos estatales, tarifas y servicios públicos? ¿Los «gastos» tienen una relación «razonable» con los recursos? ¿Se puede gastar más de lo que se «gana», o se «recauda», incluso abusivamente, sin endeudarse? ¿Por qué en vez de estimular la inversión privada, la única generadora de empleo y recursos genuinos, simplemente llenan el Estado de empleados públicos, o generalizan los llamados «planes sociales, para paliar la desocupación pero sin disponer plenamente de recursos para «bancarlo»? ¿Se soluciona emitiendo dinero? ¿Los sueldos y privilegios de los funcionarios (sean políticos o de planta permanente) son razonables? Si vemos lo que cobran millones de jubilados, que no tienen por su edad o condición física, posibilidad real de aumentar sus ingresos, y comparamos sus paupérrimos haberes con lo que ganan los funcionarios, la comparación no solo abruma sino que indigna. Más que controlar a la actividad privada habría que controlar, y muy severamente, al Estado, en sus tres niveles: el nacional, el provincial y el municipal, y a quiénes lo manejan, o se sirven de él, para favorecer sus intereses particulares en detrimento del resto de los argentinos.

Finalmente y saliendo de lo puramente económico, los argentinos venimos padeciendo un grave problema que no deja de crecer y afectarnos cada vez más desde el retorno de la democracia en 1983: la inseguridad como efecto directo del accionar delictivo con su secuela de asesinatos y robos, junto al aumento de la marginalidad ligada al accionar del narcotráfico, que ingresó, se instaló y no cesó de desarrollarse en nuestro país en estas últimas décadas, todos hechos que comprobamos de manera cotidiana, a punto de que estamos a punto de considerar tal cúmulo de delitos y asesinatos como algo natural o normal, pero que los gobiernos que hemos tenido desde 1983 han hecho muy poco o nada para solucionar.

Señor Presidente de la República: ¿de qué valen todos vuestros anuncios de futuros desarrollos económicos, producción, tecnología, y demás avances científico técnicos, si no se aseguran previamente nuestras Vidas y bienes?

Esperamos una respuesta razonable, objetiva y no en función de cuestiones electorales en un año electoral, como ha sido siempre costumbre de nuestra clase política.

Saludos cordiales,