Crimen organizado en Latinoamérica: qué esperar en 2016

protestas en Venezuela

El conflicto civil en Venezuela opacará la importancia dada al crimen organizado.

Al final de cada año, InSight Crime hace predicciones acerca de los espacios donde el crimen organizado encontrará un terreno particularmente fértil en el año siguiente, o donde podrán cambiar las dinámicas criminales.

A menudo nos guiamos por lo que ocurrió el año anterior. En el año 2015, la corrupción y el crimen en los niveles más altos de los gobiernos llevaron a acciones judiciales sin precedentes en varios países. Pero el hampa sigue intentando debilitar a sus acusadores. Aún más, el final de viejos conflictos, así como la ruptura de una tregua, abrirán nuevas posibilidades para el crimen organizado transnacional (COT).

Para el 2016, nos referiremos a seis países donde el panorama criminal posiblemente cambiará, o donde quizá el crimen organizado avanzará.

Colombia

Colombia puede entrar en un período de actividad criminal en 2016. Es posible que el país firme un acuerdo de paz con su principal grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque no en marzo, como se tiene previsto, sino en el segundo semestre del año.

Esta situación cambiará la dinámica criminal de toda la región, y no sólo porque las FARC controlan casi un 70 por ciento de la coca del país, la materia prima para la cocaína. Las FARC están involucradas en muchas otras actividades económicas criminales, como el contrabando, la extorsión y la minería ilegal. En total, los guerrilleros ganan más de medio billón de dólares cada año.

Sin embargo, ya existe evidencia de que hay otros actores criminales que buscan apoderarse de cualquier ganancia que dejen de percibir las FARC. Entre esos grupos se encuentra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo guerrillero del país y aliado de las FARC. También está la última generación de organizaciones narcotraficantes colombianas, conocidas como Bacrim (acrónimo de “bandas criminales”), así como una facción disidente de un grupo guerrillero desmovilizado, el Ejército Popular de Liberación (EPL), que al parecer está planeando expandirse desde su base, en la región del Catatumbo, a lo largo de la frontera con Venezuela.

Si las FARC firman un acuerdo de paz, es inevitable que algunas de sus unidades se conviertan en nuevas estructuras criminales, mientras que otras economías criminales serán absorbidas por sus aliados, o incluso por sus rivales. La pregunta más importante es si el gobierno podrá contener este problema.

Venezuela

Mientras que en Colombia se está presentando un desescalamiento del conflicto, Venezuela tiende hacia la otra dirección. Las tasas de homicidio en Venezuela hace mucho tiempo superaron a las de Colombia, y COT ahora tiene raíces profundas en esta nación andina.

Tradicionalmente, el tráfico de drogas en Venezuela ha sido dominado por los colombianos, pero los venezolanos han entrado a participar por sus propios medios, liderados por elementos corruptos del régimen chavista denominados el Cartel de los Soles. Éste no es un cartel, ni siquiera una organización jerárquica, sino más bien una red de funcionarios corruptos chavistas.

Una serie de detenciones y acusaciones de Estados Unidos indican que el narcotráfico puede llegar a las más altas esferas del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El antiguo zar antidrogas, general Néstor Reverol, ha sido acusado de tráfico de cocaína, y dos sobrinos de la primera dama enfrentan cargos por narcotráfico en Estados Unidos, después de haber sido capturados en Haití. Las investigaciones también están apuntando cada vez más a un fuerte hombre del chavismo, Diosdado Cabello.

El régimen también enfrenta desafíos políticos al interior del país, que podrían acelerar su transformación en un estado criminal. El gobierno está casi en bancarrota, y luego de la aplastante victoria de la oposición en las elecciones de diciembre -que le permitieron tomar el control de la Asamblea Nacional-, la administración de Maduro se encuentra tambaleando.

Lo más probable es que el régimen chavista dedicará toda su energía a una guerra política contra la oposición, mediante las otras partes del gobierno que todavía controla (sobre todo el sistema judicial y el ejército, entre otros), a la vez que protege a figuras importantes que ya están procesadas o bajo investigación por corrupción y tráfico de drogas. En concreto, el gobierno tratará de esquivar a la Asamblea Nacional, mientras que la oposición la utilizará para intentar neutralizar a Maduro.

En una búsqueda desesperada de dinero y aliados, la administración de Maduro enfrentará un pacto fáustico. La maquinaria corrupta del Cartel de los Soles necesita combustible, y en la ausencia de dinero para robarle a un Estado casi en bancarrota, creemos que es inevitable que se presente una creciente participación de elementos del Estado en el narcotráfico, con el fin de financiar el tambaleante régimen.

El Salvador

Luego de la ruptura de la tregua entre las dos mayores pandillas rivales del país, la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, los asesinatos aumentaron a lo largo de 2015, hasta alcanzar niveles que no se habían visto desde la guerra civil, los cuales hicieron de El Salvador la capital del asesinato en la región.

Es igualmente alarmante la evidencia de que algunos líderes de pandillas, especialmente de la MS13, están madurando y han aumentado considerablemente sus niveles de sofisticación, aunque siguen participando poco en el COT.

Esto presenta un marcado contraste con un gobierno tambaleante que no ha logrado dar una respuesta seria a la creciente violencia ni formular una política de seguridad innovadora. Aunque el gobierno izquierdista del presidente Salvador Sánchez Cerén ha hecho débiles promesas con respecto a dar más asistencia social y económica a las zonas pobres, e incluso ha aumentado los impuestos a los ricos, también ha animado a las facciones de línea dura dentro de las fuerzas de seguridad, que podrían llegar a tomar esta guerra de baja intensidad en sus propias manos.

Hay pocos indicios de que esta dinámica cambiará en 2016. De hecho, El Salvador se está preparando para otro año de niveles récord de violencia.

Brasil

Cuando Brasil fue el anfitrión de la Copa Mundial en 2014, las fuerzas de seguridad, a través de su tan cacareado programa de “pacificación”, inundaron las favelas de Río de Janeiro. Aquello fue un arma de doble filo para esas áreas: los homicidios disminuyeron, pero la violencia policial aumentó. Es probable que ese patrón se repita en 2016, cuando Río sea el anfitrión de los Juegos Olímpicos.

Además, la situación política de Brasil es mucho más delicada de lo que era en el año 2014. Un creciente escándalo de corrupción en la petrolera estatal, Petrobras, ha involucrado a sectores clave de la élite de Brasil. La presidenta Dilma Rousseff a duras penas logró evadir la destitución a finales de 2015, y está luchando por su sobrevivencia política.

Todo esto significa que probablemente la atención se desviará del COT, cuyos actores más grandes y sofisticados incluyen varios grupos brasileños. Estos grupos están enviando cientos de toneladas de cocaína y sus derivados a Brasil, no sólo para el mercado nacional en auge, sino también en tránsito hacia Europa, Australia y ciertas áreas de Asia, donde un kilo de la droga puede valer más de US$ 100.000. Dado que producir un kilo de cocaína de alta pureza cuesta entre US$ 2.000 y 3.000, los beneficios (y los incentivos) siguen siendo muy altos.

Como resultado, aunque Rousseff probablemente sobrevivirá, su debilitada situación y la presión para sacar adelante un evento tan importante como los Juegos Olímpicos, desviará la atención de la floreciente economía criminal y de los actores que la controlan.

México

Aunque las organizaciones narcotraficantes mexicanas han sufrido algunos golpes y han debido reestructurarse a sí mismas, siguen siendo las más poderosas estructuras criminales en la región. Además, el presidente Enrique Peña Nieto está en la cuerda floja, en gran parte debido a fallas de seguridad durante su administración.

La fuga del narcotraficante más famoso del mundo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue una gran vergüenza para el gobierno y una inyección de energía para el poderoso Cartel de Sinaloa. La fallida investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes en el turbulento estado de Guerrero, junto con las denuncias sistemáticas de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, asesinatos extrajudiciales y corrupción, han consumido el capital político del presidente, así como su capacidad para implementar medidas novedosas o presentar soluciones sociales o económicas de largo alcance.

El gobierno mexicano seguirá tambaleando durante 2016. Por su parte, el crimen organizado seguirá reajustándose, y probablemente se destacarán las dos organizaciones principales, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como una serie de grupos más pequeños, aunque poderosos, como Los Zetas, el Cartel del Golfo, la Organización Beltrán Leyva (OBL), entre muchos otros, los cuales competirán por el control de otros ingresos locales y relativamente nuevos como la minería, el hurto de gasolina y tráfico de drogas a nivel local.

Guatemala

En 2015, Guatemala impuso el mayor reto posible para la corrupción y el crimen organizado, mediante las protestas masivas y las investigaciones judiciales sobre organizaciones criminales de alto nivel del país. El resultado fue el arresto de la vicepresidenta Roxana Baldetti y del presidente Otto Pérez, entre muchas otras personas.

Esta revolución, sin embargo, está en suspenso, luego de que el pueblo guatemalteco eligiera a un ex comediante con posibles vínculos con algunos de estos grupos criminales como su nuevo presidente. Es de suponer que el entrante presidente Jimmy Morales enfrentará más protestas públicas, especialmente si los casos contra los antiguos políticos y funcionarios acusados no progresan o no terminan en condenas.

La pregunta clave es si en el futuro próximo el poder y la voluntad de la comunidad internacional (canalizada en gran parte mediante Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, organismo respaldado por las Naciones Unidas) podrá continuar su misión de enjuiciar y desmantelar a estas redes criminales. InSight Crime cree que, dado que el mandato de la CICIG se extendió hasta 2017, el organismo seguirá ejerciendo presión, la cual puede arrinconar a Morales. Su reacción determinará su propio destino, así como las reacciones del crimen organizado.

Honduras

Guatemala ha sido un modelo para los hondureños, quienes están pidiendo a gritos un organismo como la CICIG, que les ayude a atacar la corrupción y el crimen en los niveles más altos del gobierno. Pero no está claro si el país necesita un nuevo órgano judicial. En los últimos dos años algunas de las mayores estructuras criminales de Honduras han sido desmanteladas por autoridades hondureñas, apoyadas por Estados Unidos, y muchos de sus miembros han extraditados al país del norte.

Ello ha creado el escenario para lo que promete ser el juicio del siglo en Honduras: el caso de lavado de dinero que Estados Unidos ha abierto contra el gigante económico y político conformado por Jaime Rosenthal, su hijo Yani, su sobrino Yankel y un abogado de este poderoso conglomerado económico, Grupo Continental. Yani y Yankel ya están en Estados Unidos, presumiblemente cooperando con las autoridades estadounidenses y tratando de liberar a Jaime de las acusaciones por sus presuntos negocios criminales con el grupo conocido como Los Cachiros, quienes están proporcionando la mayor parte de la evidencia contra el clan de los Rosenthal.

Lo que no sabemos es si Estados Unidos está planeando más acusaciones contra las élites, o si se trató sólo de una advertencia para el resto de la clase empresarial corrupta y proclive al crimen. Si bien parece poco probable que se presenten nuevas acusaciones en este momento, sin duda las demás élites sentirán la presión de Estados Unidos y de otros actores internacionales para que corten sus vínculos con las estructuras criminales. Esto generará significativos cambios en el hampa, en la medida en que los grupos criminales intenten crear medios más sofisticados y clandestinos para trabajar con las élites políticas y económicas. (Jeremy McDermott y Steven Dudley, fundadores y codirectores de InSight Crime)

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