Por Juan Manuel Otero.-

Los actuales sucesos político judiciales de la hermana República de Brasil nos muestran resultados altamente positivos basados en normativas que, lamentablemente, no forman parte de nuestra legislación.

Me refiero específicamente a la llamada “Delação premiada” o “ley del arrepentido”.

Se trata de una norma que prevé la posibilidad de que el participante de cualquier hecho delictivo pueda colaborar con la justicia “contando” lo que supiere sobre el crimen cometido, denunciando a partícipes y modos de ejecución a cambio de obtener una reducción de su condena.

El éxito de esta disposición lo da el hecho de que los principales responsables del “Petrolão” se encuentren detenidos en la Penitenciaría Federal de Curitiba, gracias a que, descubierto el ilícito, de inmediato se formaron largas “colas de arrepentidos” esperando turno en la puerta del escritorio del Procurador Regional de la República don Carlos Fernando Dos Santos Lima quien respecto de las colaboraciones, oportunamente había aclarado que “Sólo las que fueran más rápidas serán beneficiadas” y que “las que decidieran colaborar al último no tendrán más novedades que contar”.

Y si digo que es lamentable que en nuestro país no contemos con una ley semejante me baso en el hecho de su breve y fallido intento legislativo.

En 1998 el entonces gobernador Eduardo Duhalde elevó el proyecto a la legislatura con el fin de culminar exitosamente las investigaciones sobre el crimen de Cabezas, la Amia y la Embajada de Israel, sin que esta enunciación se considere taxativa.

Una norma semejante no sólo serviría para agilizar las citadas causas sino que se convertiría en una herramienta de incalculable valor para perseguir los delitos de corrupción, tan usuales en nuestro país lamentablemente.

Pero resulta que en Argentina no hay independencia de los Poderes Legislativos ni Judiciales, ambos sometidos al Ejecutivo… y en cuanto a contar con un Procurador General independiente y celoso custodio de los derechos de los ciudadanos, un verdadero representante de la “vindicta pública”, estamos a distancia sideral de tal posibilidad.

Como era de esperar, el proyecto quedó archivado, fundamentalmente por la negativa de los legisladores del PJ.

Paradójicamente (o no tanto) fueron los mismos legisladores del PJ que la reflotaron en el 2003, pero a condición de que sólo se aplique a los detenidos por el atentado a la AMIA, ex policías que eventualmente quedarían libres si delataban a los instigadores.

Hubo excepciones como el peronista Pardo quien solicitó que la figura del arrepentido se extienda a otros delitos, como la asociación ilícita y que se permita la excarcelación del arrepentido, para evitar represalias de sus cómplices en la cárcel.

Nada de esto se logró, apenas la aplicación de la ley limitando su vigencia exclusivamente a las citadas causas de terrorismo y son dignas de mención las oposiciones presentadas por los legisladores peronistas Yoma y Sergenesse quienes comparaban el proyecto con el manual inquisidor medieval con citas a Torquemada y sus aberrantes prácticas, o del radical Jorge Agúndez quien recordó que también había votado en contra en 1998, y reconoció que “quisiera tener la mejor Justicia y la mejor Policía del mundo, pero a éstas que tenemos… yo ni loco les doy el arrepentido”. (Sr. Agúndez, la ley la debería dar a la justicia para beneficiar a los ciudadanos, no a la policía).

Mientras tanto en Brasil, por el escándalo de corrupción de Petrobras ya hay 12 poderosos empresarios amigos del poder ganadores de licitaciones a dedo y sobrefacturadas (¿les suena conocido?), 15 Senadores, 12 Diputados y 3 Gobernadores entre rejas.

Con absoluta tristeza y sana envidia cierro este humilde comentario con la pregunta a todos los argentinos:

¿Se sienten protegidos por nuestra representante de la vindicta pública?

¿Consideran a la Dra. Gils Carbó una honesta funcionaria que persigue el crimen con objetividad e independencia?

¿Creen que nuestros legisladores cumplen honestamente con el mandato dado por la ciudadanía?

Yo no!!!

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