Por Carlos Tórtora.-

El kirchnerismo pelea ya con entusiasmo su tercera guerra contra la justicia. La Primera la dirigió Néstor Kirchner en el 2004, cuando tomó el micrófono para exhortar a los legisladores nacionales a que les formaran juicio político a los miembros de la Corte Suprema, acusados de ser la mayoría automática del menemismo. Aquella contienda se concentró en la remoción de un grupo de jueces y estaba bajo fuego sólo la Corte y no, además de la esta última, casi todo el fuero federal, como ocurre ahora. Producida la renovación de aquella Corte, el gobierno por varios años convivió en relativa armonía con el Poder Judicial. Esta paz duró hasta el segundo gobierno de Cristina Kirchner, cuando en el 2013 los fallos sobre la aplicación de la ley de medios dieron lugar a una nueva guerra, en el marco del enfrentamiento con Clarín. En este caso, el gobierno blandió como arma la ley de elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, que resultaría a la postre inaplicable por un fallo judicial. Puede decirse entonces que el kirchnerismo salió vencedor de la primera guerra y perdió la segunda en medio de un panorama de colapso económico.

La tercera guerra, que comienza formalmente con el ataque de Alberto Fernández ante la asamblea legislativa, es, ante todo, una guerra defensiva. CFK teme que la decena de causas que acumula subsistan al gobierno que encabezan éste y ella misma y que en el 2023 triunfe Juntos por el Cambio, con lo cual se sucederían las condenas en su contra, con el riesgo de terminar presa en caso de no poder renovar ese mismo año su banca como senadora. De más está decir que ella apuesta a que por entonces Máximo será electo presidente pero sobre esto no hay seguridad alguna. Algunos frecuentadores del Instituto Patria comentan que en el ánimo de ella el impacto causado por la condena de doce años a Lázaro Báez en la causa de la ruta del dinero K fue profundo y la llevó a movilizarse. Pocos días después, se cerró el acuerdo con Alberto para dar inicio a la tercera guerra. Esta es, entonces, más defensiva que las otras; se ataca a la Corte y el fuero federal con la intención de desmantelar las causas por corrupción contra la vicepresidenta, buscando que la Cámara Nacional de Casación y la mayor parte de los juzgados de Comodoro Py cambien de manos. En su ofensiva, el gobierno, como ocurrió en la primera guerra, actúa en una alianza con el Poder Legislativo, que ahora crearía una comisión bicameral para investigar jueces.

Alberto está para negociar

Algunos especialistas en descifrar la intimidad del poder dudan que Alberto esté dispuesto a llevar el enfrentamiento hasta las últimas consecuencias, por ejemplo, el juicio político a miembros de la Corte, y piensan que su naturaleza moderada lo llevará a atenuar los objetivos que ahora tiene el gobierno. La duda es si la propia dinámica de los acontecimientos no precipitará los hechos más allá de la voluntad del presidente. Por ejemplo, Cristina, inflamada por el discurso presidencial ante el Congreso, hizo un alegato en la causa del dólar futuro que fue una acusación con nombres y apellidos que compromete al gobierno. El silencio judicial es importante y, con escasas excepciones, indicaría que los magistrados van a defenderse a través de sus escritos y no polemizando en público. En Comodoro Py hay conciencia de que si el gobierno consigue remover a sus jueces enemigos, luego hará tabla rasa con toda la justicia federal.

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