Por Carlos Tórtora.-

Pocas veces la convocatoria a una marcha política generó tanto revuelo como la movilización anunciada por Luis D’Elía para reclamar el 1 de febrero la renuncia de los miembros de la Corte Suprema. Coincidió que D’Elía fue recibido por el presidente días atrás, en lo que se entiende como una reconciliación. El gobierno, a través del propio presidente y del Secretario de Justicia Martín Mena, avala la marcha. Distintas fuentes coinciden en señalar que podrían generarse en la marcha en cuestión actos de violencia fuera y dentro del palacio de Tribunales. No sería en tal caso una simple marcha más sino un punto de no retorno en el conflicto entre el Ejecutivo y la Corte. El exceso de publicidad que se le da a la marcha hace pensar que allí van a ocurrir hechos inusuales y los antecedentes de D’Elía (la toma de la Comisaría 24 en La Boca) dan que pensar.

Una trama compleja

La Corte llega a esta instancia luego de haber declarado inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura del 2006. Golpeado, el gobierno se victimiza pero no toma ninguna iniciativa, por ejemplo poner en marcha la designación del sucesor de Elena Highton de Nolasco. En uno de sus últimos discursos en los que aludió al tema, Alberto Fernández habló de poner en marcha el rediseño de la Corte. O sea, su ampliación a 7 o 9 miembros. Como los ministros de la Corte necesitan para su designación los dos tercios de los votos del Senado, la ampliación del tribunal requiere de un acuerdo político con la oposición que hoy parece inalcanzable. La marcha del 1 de febrero sería un punto de no retorno en las relaciones entre ambos poderes. Si la marcha en cuestión transcurre sin pena ni gloria, la Corte sacaría ventaja y fortalecería su postura. Pero si se producen disturbios serios, el gobierno podría redoblar la apuesta en su ofensiva contra el tribunal, plantear que hay un “estado de efervescencia popular contra la Corte”.

A todo esto, hay otro factor que gravitaría y mucho. La tensión in crescendo con el FMI sería un escenario para nada conveniente para el gobierno, en caso de que deba ceder finalmente a las exigencias de aquél. Una crisis frontal con la Corte podría servirle al oficialismo de cortina de humo para tapar al menos en parte la negociación con el Fondo.

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