De Vido-Cerro Dragón

En los más altos niveles del gobierno prevalecen por estos días sensaciones contradictorias. Por un lado, crece la confianza en el triunfo electoral por la sumatoria de varios factores. El primero, que la creación de un veranito del consumo será un recurso invalorable, al que se sumaría la enorme superioridad del aparato del Frente para la Victoria en el segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, donde CAMBIEMOS muestra gruesas carencias en lo que hace a capacidad de fiscalización y organización de las PASO. Sin embargo, la creciente irrupción de la justicia de los EEUU en la corrupción del Estado argentino le está señalando al cristinismo que, aun reteniendo el poder, se debería enfrentar a una ola internacional que ya se siente fuerte en Brasil, donde los escándalos por corrupción le marcan el paso al gobierno de Dilma Rousseff. La semana pasada, en una reunión con un grupo de empresarios de primer nivel de Córdoba, el nuevo embajador de los EEUU en la Argentina, Noah Mamet, habría dicho que las inversiones volverán inmediatamente al país si hay un cambio político en diciembre. El caso es que mucho les costó a los operadores del gobierno afianzar una especie de tregua con los jueces federales de Comodoro PY, que tiene un alto valor durante la campaña electoral. Tampoco fue menor el esfuerzo oficial para llevar a un tercer plano la investigación de la muerte de Alberto Nisman, lo que incluye el creciente silencio de la querellante, su ex esposa, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Pero ahora los nuevos riesgos son esencialmente incontrolables, porque provienen de la justicia de EEUU. Nadie parece saber qué alcances tiene el acuerdo entre el ex CEO de Torneos, Alejandro Burzaco, y la Fiscalía de Nueva York, por el cual aquél se entregó y vive cómodamente -y con una custodia atenuada- en el complejo de cuatro estrellas Villa Anina, en Collalbo, a pocos kilómetros de Bolzano y de la frontera ítalo-austríaca. Burzaco y los otros prófugos argentinos del FIFA-Gate que están a punto de entregarse, los dueños de Full, Play Hugo y Mariano Jinkis, podrían negociar el mejoramiento de su situación procesal destapando no sólo la corrupción interna de la FIFA sino los negocios compartidos, alrededor del Fútbol para Todos, entre el entorno de CFK, empezando por el ex y el actual jefe de gabinete Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, en relación a los 7000 millones de pesos de fondos públicos que fueron a parar al Fútbol para Todos. Mientras el verdadero impacto del FIFA-Gate en la Argentina ya es un misterio, la investigación por el supuesto pago de coimas para la concesión del principal yacimiento petrolero del país, Cerro Dragón (Chubut). avanza rápidamente.

No es de extrañar, entonces, que no sólo se afiance la candidatura de CFK hacia los fueros del PARLASUR, sino que el gobierno se haya puesto a testear abiertamente cómo reaccionaría la opinión pública si Máximo Kirchner se convierte en el compañero de fórmula de Daniel Scioli. Obviamente, el primer mensaje de una decisión de este tipo sería que Scioli acepta en principio que será un presidente prestanombres y que el poder lo seguirá ejerciendo CFK a través de sus hombres de confianza.

Un ministro bajo la lupa

En este marco, la reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito contra el ministro de Planificación, Julio De Vido, y su esposa, Alessandra Minnicelli, no puede caer en peor momento, porque De Vido está en el centro de la lupa en el caso de Cerro Dragón.

La sala IV de la Cámara de Casación consideró que hay graves inconsistencias entre el nivel de vida que presentan los acusados y sus ingresos. Y que entonces deben ser investigados por enriquecimiento ilícito. Los tres integrantes de la Sala revocaron el sobreseimiento que había favorecido a De Vido y Minnicelli. Hicieron lugar así a un pedido de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que observó importantes irregularidades en el patrimonio del ministro y su mujer.

El camarista Juan Carlos Geminiani opinó que el estado de duda es incompatible con el sobreseimiento. Gustavo Hornos resaltó que De Vido omitió poner en su declaración jurada un bien inmueble de unos US$ 750 mil y que los ingresos que la esposa del ministro dice tener no se corresponden con la categoría que declaró ante el fisco.

También sostiene que es imposible que los dos puedan pagar el alquiler de un departamento de 320 metros cuadrados con dos cocheras sobre Avenida del Libertador con sus salarios. Deja abierta la sospecha de que puedan ser los propietarios y no los inquilinos del inmueble. Remarca, además, inconsistencias en las sociedades de las que participan tanto De Vido como Minnicelli.

Para Mariano Borinsky hay “algo sospechoso” en la adquisición de dos inmuebles por parte del ministro, incluyendo una casa en Zárate, y que eso debe investigarse. Los gastos en las tarjetas de crédito también son un componente de sospecha para los camaristas, que proponen que se tomen medidas de prueba para descartar que haya algún delito. En los fundamentos sostienen que los delitos cometidos por funcionarios públicos deben tener especial tratamiento y retoman un fallo contra María Julia Alsogaray, que en una causa había pedido su sobreseimiento y la Justicia se lo negó. El juez que tendrá a su cargo la investigación será Luis Rodríguez, que comparte un estrecho amigo en común con De Vido, el auditor Javier Fernández, y que por ese motivo –muchos creen– deberá excusarse.

Ahora la presidente está tomando distinto tipo de medidas para proteger a De Vido, porque la caída de su ministro la golpearía directamente. Sobre el plazo de cierre en la presentación de alianzas, CFK bajó el acuerdo que pretendía cerrar Das Neves, precandidato a gobernador por Chubut Somos Todos (CHuSoTo) con el Frente para la Victoria, que le hubiera permitido al ex gobernador y actual diputado nacional acompañar la lista presidencial por el oficialismo. Así fue que Das Neves cerró un ciclo de consumado travestismo político. Hasta el 2010 acompañó al kirchnerismo, pero al año siguiente apareció como compañero de fórmula de Eduardo Duhalde y, luego de la derrota de éste, se fue acercando a Sergio Massa, incorporándose el año pasado al Frente Renovador. Pero hace dos meses, acusó el impacto de la fuga de dirigentes massistas y, de la mano de Aníbal Fernández volvió al kirchnerismo. Lo que no imaginaba era que el escándalo de Cerro Dragón haría que la presidente lo repudie públicamente. Ahora el caso estaría tomando cierta velocidad. Todo se inició localmente en el Juzgado Federal de Rodolfo Canicoba Corral, donde cayó sorteada una denuncia de Elisa Carrió acerca de que British Petroleum se habría autodenunciado ante la Bolsa de Valores de Nueva York (la SEC: Security and Exchange Commision) por hechos de corrupción producidos al obtener la concesión por parte de la provincia de Chubut, de la concesión del yacimiento de Cerro Dragón. Aparentemente después de que el año pasado el juez estadounidense Carl Barbier declaró culpable a British Petroleum (BP) del derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México en 2010 habría habido negociaciones entre la justicia de EEUU y los directivos de la firma británica y uno de los resultados fue que estos denunciaron ante la SEC el soborno por Cerro Dragón. Al poco tiempo y con la firma de Roberto Dromi la Unión de Consumidores de Argentina demandó por el tema a la provincia de Chubut ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo a cargo de María Alejandra Biotti. En abril del año pasado la SEC le requirió información a Chubut sobre el plazo de la ampliación de la concesión de Cerro Dragón a la concesionaria Pan American Energy, empresa insignia de los Bulgheroni. Cabe señalar que PAE esta integrada por BRIDAS y British Petroleum y que últimamente integraron con el 50 % el capital del grupo chino CNOCC.

El caso es que, por el “Acuerdo para la Implementación de inversiones hidrocarburíferas en la provincia” firmado por la administración de Das Neves, se extendieron por 30 años las concesiones que tenía PAE en la provincia, es decir, desde el 2017 hasta el 2047. El perjuicio económico de esta maniobra para Chubut sería incalculable. Cerro Dragón extrae el 18% del total del petróleo del país. Este plazo de 30 años excede lo autorizado por la ley 17.319 que además obliga a que las concesiones sean otorgadas por concurso.

En cuanto al cohecho, alcanzaría la suma de U$S 50 millones. Esta cuantiosa suma habría pasado a manos de los funcionarios involucrados mediante el siguiente mecanismo: el pago, por parte de PAE, de aquella suma por la concesión de las áreas petrolíferas secundarias conocidas como Paso Moreno, Nueva Lubeka y CCA Paso de Indios, cuyo valor económico es cero. Luego, mediante un circuito financiero complejo, los fondos habrían pasado de PAE a los funcionarios. Una de las principales operadoras financieras investigadas, la Sociedad de Bolsa Epsilon, está en la mira del fiscal federal Gerardo Policita por su vinculación con el lavado en el caso Báez. Epsilon sacaba dinero del país con destino a Curaçao, paraíso fiscal en las Antillas Holandesas. La intermediaria allí era Morgan, Jackson, Investments & Co. La conexión con Báez está en que Morgan transfería fondos a Teegan, la firma que Federico Elaskar dijo que había fundado para Martín Báez.

Volviendo a Cerro Dragón, la Provincia de Chubut acaba de presentarse como querellante pidiendo la citación a indagatoria de Mario Das Neves y su entonces jefe de gabinete, Norberto Yauhar.

En este punto entra en juego la hipótesis de si De Vido participó del cobro de los U$S 50 millones. Un memo de FTI Consulting, una de las firmas que investiga el tema y que esta dirigido a uno de los estudios jurídicos intervinientes, Ezequiel Camerini, Fox, Horan & Camerini, apunta directamente al Ministro de Planificación. El memo tiene fecha del 11 de febrero del 2014 y señala que el fiscal del Distrito Este de Nueva York y el FBI de Houston son los que más recursos e interés están poniéndole al caso. Y agrega “su enfoque es sobre Julio De Vido y Mario Das Neves y están convencidos de que hay una serie de intermediarios que han servido de canal de dinero para su enriquecimiento ilícito”.

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En especial se menciona a Randall Clark, del FBI de Houston, como el que lleva la iniciativa de la investigación de la red financiera de la coima y se puntualiza que “los bancos en el centro del enfoque son Wachovia y Commerzbank.

Otra revelación del memo es que “hay una fiscalía de Nevada investigando una parte de esto, una de Suiza y del distrito sur de Miami, además de la fiscalía del Eastern District de Nueva York”. Las aclaraciones siguen en el revelador memo: “ El caso en si proviene de un whistleblower (informante) de la empresa BP, que hizo una autodenuncia relacionada con la venta fallida de su participación en PAE a los chinos. Ellos denunciaron que sus socios, la familia Bulgheroni, habían participado en un esquema de pagos de coimas a funcionarios del gobierno argentino para obtener la autorización de la venta cuyo valor total era más de U$S 10 BB”. Y continúa: “El informante dijo que además de los pedidos de coima relacionados con esta transacción, todas las licitaciones de áreas de petróleo en el sur eran arregladas para que determinados grupos locales ganaran pagando poco dinero, y luego fueran revendidas a multinacionales a precios de magnitud más cara. Denunció que en estas ventas, parte del dinero volvía para funcionarios del gobierno vía sociedades offshore de paraísos fiscales. Apunto directamente a Julio de Vido y Mario Das Neves como dos de los principales protagonistas de este modus operandi”.

Finalmente el memo concluye: “En el transcurso de la investigación, apareció un segundo informante que ha dado información sobre supuestos negocios ilícitos y lavado de dinero hechos por Lázaro Báez en obras públicas y Cristóbal López con respecto a sus negocios del juego. Esta información se ha añadido a la presentada por el primer informante, ya que se trata de acusaciones sobre los mismos funcionarios y otros alrededor de negocios con el Estado”.

Carlos Tórtora

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