Por Guillermo Cherashny.-

La mora que tuvo el gobierno para exigir las declaraciones de los ejecutivos arrepentidos de Odebrecht de por sí lo incriminan y sólo se apuró cuando Carrió exigió esos testimonios con el fin de «embocar» a Julio de Vido. Pero el macrismo temía que las coimas salpicaran a Angelo Calcaterra, el primo del presidente, quien se asoció con los brasileños para la construcción del soterramiento del Sarmiento.

Esta situación explica el desinterés de conocer la verdad pero, como Brasil anunció que el 1° de junio revelaría la información, ahí sí el ministro de justicia y Saravia Frías, el nuevo procurador del Tesoro, tomaron cartas en el asunto ante la posibilidad de que esa información llegara a Gils Carbó y ella acusara a Gustavo Arribas, el director de la AFI, ya mencionado por Alconada Mon por la declaración del cambista Meirelles y una publicación del diario Estadao, que publicó que en 2009 Javier Sánchez Caballero, el CEO de IECSA, recibió una transferencia de Odebrecht por 20 millones dólares. Pero como IECSA fue supuestamente vendida por Calcaterra a Marcelo Mindlin -que lo primero que hizo fue echar a Sánchez Caballero, se supone que la familia Macri no será investigada y apunta todos los cañones a De Vido, López, Jaime y demás funcionarios de Planificación.

Pero está claro que, si hubo funcionarios coimeados, hubo empresas que pagaron coimas y, si se pagaron coimas, es porque hubo sobreprecios.

Ahora parece que el gobierno quiere investigar los sobreprecios, pero choca con un inconveniente, ya que el soterramiento del Sarmiento se licitó en 2008 por 1600 millones de dólares pero, como no había empezado, se readjudicó al mismo consorcio en 2013 por 2000 millones pero el presidente Macri lo aumento en junio de 2016 a 3000 millones de dólares, por lo cual en los sobreprecios hay una continuidad entre los gobiernos de Cristina y Macri.

Share