¿Golpe de mano judicial en España?

El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet). Dichos lobbys de presión estarían interconectados mediante “una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses económicos y amalgamada por la defensa a ultranza del Régimen del 78 y de la “unidad indisoluble de España” y su objetivo confeso sería implementar en España una “democracia no liberal” siguiendo la estela de la Hungría de Orbán.

En este contexto, se enmarcaría la reciente campaña emprendida por el PP y Vox (Operación Toga) y que contará con la aquiescencia del Tribunal Supremo, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional para provocar la parálisis legislativa y ejecutiva de la actual mayoría progresista y forzar la convocatoria de nuevas Elecciones Generales con la esperanza de lograr la mayoría absoluta e implementar una democracia no liberal que beberá de la fuentes del centralismo bonapartitsta y del paternalismo de las dictaduras blandas y estará dotado de la triple enzima tardofranquista (mantenimiento de la unidad indisoluble de España, control estricto de la inmigración y retorno al pensamiento único heteropatriarcal).

¿Golpe de mano judicial en España?

El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del Estado español (CGPJ, Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional) y a pesar de estar en funciones desde el 2018, el PP se niega a renovar la cúpula judicial al seguir ostentando la mayoría en dichos Tribunales.

El Tardofranquismo judicial tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el “rodillo progresista” del Congreso; a su Presidente Carlos Lesmes como croupier en la ruleta de adjudicación de cargos y procesos judiciales; a los jueces Marchena, Lamela y Llarena como sus estrellas mediáticas y a los fiscales del “clan de los indomables” como sus abnegados peones. Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo y habría devenido en un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que mediante controvertidas decisiones judiciales intentará paralizar o revertir las decisiones políticas o económicas del Gobierno Sánchez.

Así, tras el macrojuicio a los líderes del Procés y su posterior entrada en prisión, asistimos al intento de paralizar la concesión de indultos a los líderes del Procés mediante un informe del llamado “clan de los indomables” de la Fiscalía del Supremo en el que advertía al Gobierno que “la Constitución prohíbe los indultos generales”. Fracasado el intento de paralizar la concesión de dichos indultos llega el turno de la segunda pata del trípode judicial tardofranquista, el Tribunal de Cuentas que reclama a dichos líderes catalanes la friolera de 5,4 millones de Euros por supuestos gastos indebidos en la acción exterior del Govern en el período comprendido entre el 2011 y el 2017.

En el paroxismo de la ofensiva judicial, entra en escena el Tribunal Constitucional devenido en el nuevo muro de contención de la labor legislativa del Parlamento amén de fiscalizador supremo de la gestión del Ejecutivo y cuya última intervención fue declarar inconstitucional la Declaración del Estado de Alarma implementada por el Gobierno Sánchez en Marzo del 2020 con una exigua mayoría de 6 a 5. Dicha sentencia supondría desvirtuar la tradicional separación de Poderes en una democracia formal al usurpar el TC la labor de control del Parlamento a la gestión del Gobierno que quedará en adelante sometida al albur de la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional.

Dicha ofensiva judicial involucionista buscaría convertir al Estado español en un Estado fallido, enconsertado y sometido a los dictados del Tardofranquismo judicial, por lo que el Gobierno de Sánchez podría valerse de la doctrina del Contrafuero navarro que “faculta al Gobierno para solicitar reparación ante agravios presuntamente cometidas por los Tribunales de Justicia que afecten a las leyes, ordenanzas y libertades acordados por la sociedad a través de su legítima representación parlamentaria “, pero en el fondo subyace la necesidad imperiosa de la renovación de la caduca cúpula judicial y la condena al ostracismo del lobby judicial tardofranquista.

Germán Gorraiz López

Analista

Share
Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Gómez
Gómez
8 days ago

Cómo siempre la visión tuerta!!!

raul
raul
8 days ago

Este tipo ve conspiradores hasta debajo de la cama.

Ramón
Ramón
7 days ago

Un artículo nuevo sobre la nada misma. Plagado de conspiranoía y cosas que no tienen que ver. Una buena manera de perder el tiempo leyendo sobre la nada misma

Mr.Chuenga
Mr.Chuenga
7 days ago

Un libelo parcial, de GORRAIZ LÓPEZ, un resentido hijo ROJO de la guerra civil perdida

alberto v.
alberto v.
7 days ago

Mensaje para Germán Gorraiz. Por favor, qué le llegue.

Le paso un escrito del directo de la revista Liverdades, señor RUBÉN PUEYO MUR.

Título del escrito de Rubén Pueyo Mur: ¿CÓMO FUE UTILIZADO EL MORO POR LOS DOS BANDOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA? UNA BREVE REFLEXIÓN.

Síntesis: los republicanos cometieron actos despiadados y violaciones en grupo contra mujeres.

El bando republicano también tiene episodios negros en cuanto a violaciones y actuaciones despiadadas.
Un ejemplo es el caso de Piedad Suárez de Figueroa Moya, que fue condenada a muerte al margen de la legalidad, junto a su madre y el farmacéutico de la población, y que fue sometida a una violación en grupo, posteriormente disparada y mutilado uno de sus pechos (Cases Sola, 2014, 63).
O el trabajo de Lucía Prieto Borrego en “La violencia anticlerical en las comarcas de Marbella y Ronda durante la guerra civil” donde se describen las vejaciones sufridas por parte de los clérigos, donde se describen situaciones de torturas generalizadas, crueldad, sadismo, mutilaciones y escarnio de los cadáveres.
Destacan fragmentos como el que sigue: “El cadáver del párroco de Estepona fue hallado sin pene y sin testículos” (AHN, “Causa General”, citado en Prieto Borrego, 2015, 763), o “En Álora, a un joven seminarista se le obligó a visitar a una prostituta antes de ser castrado, después sus genitales fueron paseados en una bandeja mientras se le gritaba: ‘Si va ser cura ¿para qué los quiere’” (Guede y Fernández, citado en Prieto Borrego, 2015, 763).

Com puede ver, es un documento digno de ser analizado y para pensar que a lo mejor los dos bandos cometieron crímenes de Guerra en la Guerra Civil española. El autor es antichavista y anticomunista. Está próximo a una izquierda española y patriotica, para nada republicana ni comunista, por lo que he podido averiguar. Mantiene apoyos a los grupos afines a Juan Guaidó y socios.