Por Hernán Andrés Kruse.-
Lo que está aconteciendo desde hace varios días en zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano en materia de carencia de luz, pone dramáticamente en evidencia el salvajismo del capitalismo de amigos. Me refiero, obviamente, a la inescrupulosidad y carencia de humanidad de la empresa Edesur, que ha dejado a la intemperie a miles de usuarios, muchos de ellos niños y ancianos, mientras el calor no da tregua. Las escenas de la televisión provocan escalofríos. Invito al lector a ponerse en el lugar de una persona mayor, con problemas de movilidad y que vive solo/a en un undécimo piso. Esa persona, al verse privada de la luz, no puede salir de su departamento y si no es auxiliada por familiares y vecinos, su vida corre serio riesgo. Esa persona no puede conciliar el sueño y vive todo el tiempo angustiada por la situación de incertidumbre por la que atraviesa. Piense el lector que ese anciano/a lleva varios días sin luz y, también, sin agua. Su vida se ha convertido en un martirio.
¿Cuál ha sido la respuesta de la empresa? El silencio absoluto. Ningún comunicado oficial, ninguna autoridad que se dignara a acercarse a hablar con los desesperados ciudadanos. La carencia de empatía de Edesur por los damnificados es sencillamente atroz. Mientras observaba con estupor lo que mostraba la televisión me formulé varias veces la siguiente pregunta: ¿por qué semejante maltrato? La verdad, aún no he podido responderla. Porque cuesta creer que una empresa que sirve un servicio tan relevante muestre semejante menosprecio por sus clientes. Pese a no tener un diagnóstico certero, me atrevo a afirmar, a manera de hipótesis, que Edesur trata de manera tan desalmada a sus usuarios porque no los considera personas. Para Edesur son meros números o, si se prefiere, objetos descartables.
Otra cuestión que da escalofríos es la impunidad de la empresa. En efecto, Edesur acaba de hacer una demostración de fuerza porque sabe que ni la justicia ni el poder político se atreverán a desafiar su poder. Y sabe que no lo harán porque son socios suyos. Expresado en otros términos: existe, qué duda cabe, connivencia entre la empresa, la “Justicia” y el gobierno nacional. Ello explica el atronador silencio del presidente de la nación. ¿Cómo es posible que Alberto Fernández no se haya valido de la cadena nacional para dar a Edesur un ultimátum, es decir, obligarla a brindar un servicio eficiente y si no lo hace, sufrir las consecuencias (la expropiación, por ejemplo)? Pero no hay que pecar de inocente: exigirle a Alberto semejante demostración de coraje es como pedile peras al olmo.
Lo único concreto fue la decisión de la Secretaría de Energía de instruir al ENRE a que denuncie penalmente al directorio de la empresa por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona. También le exigió que informe a la Bicameral de Seguimiento de las concesiones de servicios públicos acerca del estado de la concesión, a fin de que aconseje si corresponde ponerle fin a dicha concesión. El directorio de Edesur debe estar muerto de miedo…
La privatización de Segba
Que hoy Edesur sea dueña de la mitad del negocio eléctrico de CABA y el Gran Buenos Aires fue consecuencia de la decisión de Carlos Menem de privatizar Segba. Siempre es bueno recordar a García Venturini: “La historia no es lo que pasó sino lo que nos pasó”. Es bueno refrescar nuestra memoria ya que la tragedia eléctrica que agobia a capitalinos y bonaerenses no es fruto de una maldición bíblica sino de una decisión política tomada al más alto nivel en 1992, es decir, hace 31 años. Recordemos, pues, cómo fue la privatización de Segba. Para ello, nada mejor que citar a María Seoane, quien en su libro “El saqueo de la Argentina”, escribió lo siguiente sobre este asunto:
“La privatización de SEGBA fue presentada por el menemismo como un ejemplo de “best practice” en materia privatizadora. Se realizó por ley del Congreso, en la segunda fase del programa desestatizador, en la que el ministro de Economía era Cavallo y el Secretario de Energía, el ingeniero Carlos Roa Bastos. Éste, un cavallista de pura cepa, y miembro de la Fundación Mediterránea, con el tiempo absorbió, además de Energía, las Secretarías de Transporte y Comunicaciones. Participó en las privatizaciones de SEGBA y Gas del Estado, y luego el gobernador De la Sota lo llamó para que se hiciera cargo de la empresa provincial de energía EPEC, en Córdoba. Abandonó el gobierno de Menem con Cavallo en 1996 y, hasta su vuelta a la función pública de la mano de su jefe durante la presidencia de De la Rúa, trabajó para la empresa norteamericana Enron. En 2001, Cavallo lo nombró ministro de Infraestructura. Bastos contó como “asesor independiente” con el ingeniero Alejandro Sruoga, quien pasó de asesorar al Estado en la privatización del sector eléctrico a subgerente de Costos y Tarifas de Edenor, entre 1992 y 1996. Luego, asesoró a los “entes”·reguladores eléctricos provinciales en el proceso de revisión tarifaria. En 2001 volvió jurar como secretario de Energía de De la Rúa. El jefe del sindicato que agrupaba a los trabajadores de la empresa estatal SEGBA era, desde 1984, Oscar Lescano, quien luego llegaría a ser titular de la CGT entre 1992 y 1994. Cuando mataron al periodista José Luis Cabezas en 1997, en la investigación salió a la luz la relación de Lescano con el oscuro empresario Alfredo Yabrán (…).
El marco legal para la privatización del sector eléctrico lo dieron la ley 24.065 y su decreto reglamentario 1.398, que se conocieron como “Marco Regulatorio Eléctrico”. En la ley, la electricidad dejaba de ser considerada un recurso estratégico y pasaba a ser un commodity, una mercancía que se podía negociar y acumular, que podía cambiar de precio y de manos según las reglas de mercado. El sistema eléctrico quedó dividido en tres partes: generación, transporte y distribución. Las tres empresas que operaban en el sector público, SEGBA, Agua y Energía e Hidronor, fueron divididas en unidades de negocios de acuerdo con el tipo de actividad. Quedaron tres distribuidoras, Edenor, Edesur y Edelap, que fueron las primeras en ser privatizadas; seis empresas de transporte y más de veinte de generación, que formaron el mercado mayorista (…).
La transferencia al capital privado se inició en abril de 1992. En la ceremonia de apertura de sobres para ofertas para las dos principales distribuidoras, realizada en julio de 1992 y que presidió Bastos, Barra asistió como apoderado del grupo Soldati y Mariano Grondona hijo como apoderado de Distrilec, del grupo Pérez Companc. Edenor fue adjudicada al consorcio liderado por Astra; Edesur al encabezado por Pérez Companc. La transferencia de Edenor y Edesur se concretó en agosto del mismo año. Presidente de Edesur fue nombrado Gustavo Petracchi, que había sido interventor de SEGBA (…).
Como ocurrió en prácticamente todas las privatizaciones, antes de transferir las empresas al capital privado se expulsaron trabajadores. Cuando se privatizó SEGBA había un 50 por ciento menos de personal que a mediados de la década del 80. Y al igual que en el resto de los sectores, en el caso del eléctrico existieron numerosas “fallas regulatorias”. Promover la competencia y patrones de comportamiento empresarial compatibles con mercados competitivos es una regla básica cuando se trata de regular monopolios naturales. En el diseño de la privatización del sector eléctrico, se dividió SEGBA en unidades de negocios, se segmentó la actividad con el proclamado propósito de introducir ciertos niveles de competencia “por comparación”. A la vez, se establecieron diversas limitaciones a los posibles vínculos entre empresas que operaran en las distintas fases de la cadena, y también en un mismo segmento (en particular, en el campo de la transmisión y en la distribución eléctrica), para evitar la concentración del sector (…).
En septiembre de 1992, en un informe reservado, la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP) denunció serias irregularidades en la privatización de la red de distribución de energía de SEGBA. Entre las veinte observaciones de la SIGEP se destaca que a último momento se introdujeron cambios y que todas las modificaciones apuntaron a beneficiar la rentabilidad de los nuevos dueños, en perjuicio de los usuarios y en detrimento de la Tesorería; que no se realizó una valuación previa del patrimonio de la compañía, para fijar así un precio de venta de referencia, y que se entregó a los nuevos propietarios un subsidio para financiar los programas de racionalización de personal (…). El trabajo de la SIGEP precisaba que a través de artilugios legales se consolidó un monopolio en el servicio eléctrico y que se cometieron errores similares a los de la privatización de ENTEL, entre ellos la venta de la compañía sin que el gobierno hubiera creado previamente un ente regulador que controlara a las empresas y resguardara los derechos de los usuarios de Edenor y Edesur. También señalaba que “después de la puesta en vigencia de las normas de calidad, el usuario debe esperar tres años para que pueda sancionar a las concesionarias, en el caso que la calidad del servicio no sea el previsto en el pliego”. Según la Sindicatura, hubo correcciones finales en los pliegos que favorecieron a las adjudicatarias y perjudicaron a los usuarios (…)”.
Edesur y el apagón de 1999
Más adelante, Seoane alude a la incapacidad del ENRE (ente regulador) para defender los intereses de los usuarios cuando las empresas privatizadas no cumplen con sus obligaciones. Un ejemplo paradigmático la tuvo como protagonista a Edesur. Se trata de un apagón que tuvo lugar en el verano de 1999. Cualquier similitud con el apagón de estos días lejos está de ser una coincidencia. Escribió la autora:
“Otro ejemplo de “falla” se vio en el “apagón” de Edesur en el verano de 1999, un “accidente” en el que se conjugaron, al menos por parte de Edesur, el incumplimiento en materia de inversiones y de normas mínimas de seguridad y previsión, la impericia, la negligencia, la desinformación y la despreocupación absoluta por usuarios y consumidores. Cuatro días después del “accidente” que afectó a más de 150.000 “clientes forzosos” de Edesur, el ENRE le solicitó a Edesur que acreditara “fehacientemente” que, en la ejecución de la misma (en referencia a las instalaciones de la Subestación Azopardo, cuya falla hizo que entrara en colapso el sistema), se ha dado estricto cumplimiento a las normas técnicas de diseño nacionales e internacionales que regulan la materia para instalaciones de esas características. Que el “regulador” le consulte al “regulado” por el grado de cumplimiento de las normas es, cuando menos, sorprendente. El apagón puso en evidencia debilidades e imprecisiones, como la falta de previsión ante interrupciones del servicio, la inexistencia de sanciones de peso a la empresa y de resarcimientos a los usuarios, la recurrencia a multas y penalidades de dudosa y controvertida legalidad, y la inexistencia de mecanismos de seguimiento y/o monitoreo de las escasas inversiones realizadas por los concesionarios, entre otras cosas (…).
En aquel tórrido febrero de 1999, la solución demoró 12 días y generó protestas barriales, los primeros cacerolazos y fogatas en las calles de Buenos Aires. El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el futuro presidente De la Rúa, declaraba públicamente la necesidad de revisar los contratos y quitarle la concesión a Edesur, cosa que no sucedió en ese momento ni después, cuando él se hizo cargo del gobierno nacional”.
La historia, lamentablemente, acaba de repetirse. En aquel entonces el presidente era Menem y el lord porteño Fernando de la Rúa. Hoy el presidente es Alberto Fernández y el lord porteño es Rodríguez Larreta. En aquel entonces el apagón de Edesur atentó contra la vida de miles de porteños y bonaerenses. Hoy el apagón de Edesur atentó contra la vida de miles de porteños y bonaerenses. Cambian los ocupantes de los “puestos menores” pero se mantienen la impunidad de Edesur y la indefensión de los usuarios.
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