Otras reflexiones sobre la política de salarios

Mario Cadenas MadariagaLa importancia del sector asalariado.

No decimos ninguna novedad si repetimos que el sector asalariado se compone de alrededor de 12 millones de personas en nuestro país. La clase activa, que comprende también a los trabajadores independientes, a los productores rurales y los empresarios de todos los sectores, lleva a este sector a los 18 millones de personas, aproximadamente. La importancia de la clase activa es que constituye el sector social productivo, sobre la cual pesa la responsabilidad de sostener a la clase pasiva a través de la contribución a la previsión social, y otras cargas.

También debe tenerse presente que las amas de casa se consideran injustificadamente como parte de la clase pasiva -porque su trabajo no es retribuido-, pero es un grupo activo cuyo aporte es de gran valor.

Los problemas del sector asalariado en el período del nuevo gobierno.

Al comenzar el nuevo período de gobierno se transfirió la conducción del organismo de control de las obras sociales a una persona de total confianza del sector gremial, a fin de que no pueda tener lugar retener fondos de los trabajadores, como sucedió durante el gobierno de CFK. Esto traduce correctamente el nuevo espíritu que existe para enfocar los problemas del sector laboral.

Debe tener prioridad relevar y determinar perfectamente los problemas del sector por niveles de ingresos, regiones geográficas, estados de salud, carencias -vivienda, servicios sanitarios, educación, coberturas contra riesgos sociales-, para trazar sobre esa realidad una política laboral precisa.

Otro objetivo debe ser aumentar la capacitación, porque de ella depende el grado de rendimiento o productividad de toda la sociedad, sin perjuicio de las inversiones de capital. Muchas veces se limita esta responsabilidad a la infancia y la juventud en la etapa educativa, pero en realidad alcanza a toda la sociedad con diferentes modalidades y grados de intensidad. El asalariado lo debe comprender como parte de sus obligaciones, pactadas con el empleador para que sean justas y razonables.

Una forma de aumentar la productividad del trabajo debe ser facilitar el traslado del sector público al sector privado siguiendo la enseñanza de las economías de altos ingresos, Alemania por ejemplo. La Argentina con 4 millones de trabajadores del Estado debe necesariamente, en forma gradual, ir transfiriendo trabajadores del sector público al sector privado. De esto nos ocupamos especialmente en este mismo artículo.

Un problema prioritario debe ser considerado la inflación, porque constituye una incertidumbre permanente en cuanto a la suficiencia del salario, y como es un fenómeno permanente le gana al salario que se determina anualmente.

El crecimiento de la productividad es la base del crecimiento del salario, por lo cual es un objetivo de recíproco interés del trabajador y el empresario, porque también es un factor del crecimiento de la renta del capital.

En nuestro país otro problema a resolver debe ser el trabajo informal o no registrado, porque éste no tiene cobertura de salud, ni esta amparado contra el riesgo de vejez, lo que lo convierte en una futura carga social. Afecta a casi cuatro millones de trabajadores o el 34% de los asalariados. El ingreso de este sector debe llevar simultáneamente a estudiar una rebaja de las contribuciones y aportes previsionales, en el nivel de los EEUU y Canadá.

La política previsional debe formar parte de la política laboral ya que la jubilación es un salario diferido. En este aspecto la elevación de los haberes con relación a los salarios debe ser parte de la política gremial. Cuando los contribuyentes a la Anses lleguen a un alto porcentaje de la clase activa -hallándose hoy sólo en el 50% por ciento-, será el momento de reconocer una total autonomía de esta institución, sostenida sobre la base de sus contribuciones y aportes. En ese momento la administración debe ser sólo un derecho de sus aportantes y beneficiarios -trabajadores, empresarios y jubilados-, no formando parte del presupuesto publico. La deuda actual debe satisfacerse con los intereses correspondientes.

Otro tema que no se tiene en cuenta en la política laboral pero alcanza una importancia social de primer nivel es el crédito tanto el de consumo, como el hipotecario para la vivienda. El crédito para el consumo generalmente tienen las tasas de interés más altas de la plaza, lo que no se justifica. Debería ser analizado por las entidades gremiales con las entidades bancarias. El crédito hipotecario para la vivienda en nuestro país, no alcanza al 1% del PBI, y en Italia donde no tiene un gran desarrollo llega al 20% del PBI, y en Alemania supera el 40% del PBI. Con este crédito debidamente desarrollado, en la argentina se podría resolver totalmente el problema de la vivienda. En ocho años se podrían financiar el déficit de 4 millones de unidades habitacionales a razón de 25.000 millones de dólares en préstamos en pesos, a razón de 500.000 unidades por año.

El problema del exceso de personal en el sector público. La relación entre el año 2002 y la actualidad.

En el año 2002 se estima que el sector público empleaba a 2,2 millones de personas y que en la actualidad emplea casi el doble, 4.6 millones. De este total 600.000 trabajan para el Estado Nacional y 4 millones para el Estado provincial y municipal.

La importancia del empleo público en otros países.

La Argentina tiene alrededor del 10% de su población ocupada en el sector público y Chile tiene el 4%. Esta relación en el año 2002 alcanzaba solo al 5% de su población entre nosotros. Es una de las causas de su bajo nivel de competitividad.

El Japón es que el tiene la mas baja relación de empleados públicos, igual al 3% a su población total, es a la vez es un país altamente tecnificado.

La Argentina para crecer debe volver rápidamente a la relación de empleados públicos que tenía en el año 2002.

La contracción del empleo público debe hacerse sin aumentar la desocupación.

En esta materia es necesario proceder de acuerdo con una rigurosa planificación. Primero la administración publica nacional, provincial y municipal, debe determinar el personal que debe conservar, del debe prescindir, oportunamente, siguiendo patrones similares.

El personal del que se va a prescindir, debe capacitarse, a cargo de la administración, conforme a la posible demanda de empleo que se prevé, de manera que cuando se expanda la demanda privada, encuentre la mano de obra necesaria.

Se debe modificar el régimen de despido de la administración pública.

En los últimos años se ha diferenciado la estabilidad en el sector privado y en el sector publico, interpretándose que en el primero podía cubrirse con una indemnización y en el segundo debía reintegrarse a la función. (Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia). Pero no comprende a la planta transitoria ni al personal contratado.

Como la diferenciación tiene base constitucional, lo que debe es modificarse el concepto legal de la estabilidad, interpretándose en una reforma de la ley respectiva, que se cumple con ella, proporcionalmente una oportunidad de empleo en la actividad privada o pública, de similares características. Agregándose la facilitación de la capacitación, y una compensación por otros gastos.

Pero lo que no se puede mantener es el régimen actual que compromete cualquier plan de reactivación económica.

El asalariado el principal interesado en un alto crecimiento económico.

Aunque la dirigencia gremial argentina no se ha guiado en su política de salarios por la evolución del PBI, en esta etapa que se inicia deberá tener esa referencia como la más importante para prever el futuro, siguiendo el criterio de la OIT. Además deberá establecer planes de largo plazo, como por ejemplo de ocho años, o sean dos períodos presidenciales en toda su política gremial para ajustarse a la política general.

En ese período debería luchar porque se alcance un crecimiento del 10% anual del PBI, para incrementar el salario en una 100%, en ocho años.

Cómo se enfrenta el período de transición diciembre 2015-marzo 2016.

El período más difícil del nuevo gobierno es la etapa que se ha iniciado, y debería ser encarada por los dirigentes gremiales con el objetivo de que sea corta, a fin de iniciar un futuro con las definiciones fundamentales adoptadas y la mayor estabilidad posible.

La dirigencia gremial ha pedido la reducción del impuesto a las ganancias sobre el salario, de manera de desgravar a la mayor proporción de trabajadores que lo pagan, y para comenzar han obtenido satisfacción sobre el pago del aguinaldo, con la promesa del ajuste de la base impositiva para desgravar los salarios hasta una suma dada. Este petitorio no era fácil de comprender porque favorece sólo a los salarios más altos.

De cualquier manera estos beneficios serán computados en el balance de la distribución de los beneficios que importa la nueva política.

A nuestro criterio, se debería hacer un balance general de cómo se distribuye la productividad que se deriva de la reforma, para hacer lugar a la participación que le corresponde al asalariado -en la que se deberá descontar el ya recibido por la reducción del impuesto a las ganancias-. Es lo que se está pidiendo en forma de un bono de fin de año.

Transcurrida la transición, vendrá el período ordinario posterior, en que se restablecerán las convenciones colectivas, en las que se deben acompañar las pautas para restablecer la estabilidad, porque es un objetivo de interés común.

La dirección gremial debe adecuarse a los tiempos de la política general, para jugar en armonía con los intereses generales. (1)

Mario Cadenas Madariaga

1) La lectura de este documento debe hacerse conjuntamente o al menos tener en cuenta algunas consideraciones vertidas en nuestro articulo “Una política nacional de salarios” del 9 del actual. En particular, insistir en la necesidad de que la representación sindical cuente con un mejor asesoramiento económico.

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