Por Carlos Tórtora.-

Con la crisis de Formosa en plena evolución, la pregunta que algunos se hacen en la Casa Rosada es hasta cuando el presidente continuara apoyando a Gildo Insfrán. Hay quienes exponen las cosas sin eufemismos y dicen “al primer muerto Alberto se lava las manos y lo entrega a Insfrán”. La realidad es que el entorno presidencial sigue los números y hasta ahora el apoyo al formoseño no tendría mayores costos. Todo depende de si se nacionaliza o no la crisis provincial, ya que es indudable que la UCR local lleva el peso de las protestas detrás de las marchas de los comerciantes y de los sectores independientes que salen a la calle.

Insfrán sabría perfectamente que el apoyo presidencial no es un cheque en blanco, pero especula con la creencia en el peronismo de que su caída significaría entregarle la provincia a Juntos por el Cambio. El peronismo no tiene figuras de recambio y está atado a la suerte del gobernador ya que éste hábilmente se ocupó de que en el PJ provincial no haya crecido ningún liderazgo alternativo.

La intervención

Si las protestas y la represión continúan -y sobre todo si se nacionalizan- se hablaría cada vez más en los próximos días de la posibilidad de la intervención federal, que el artículo 6° de la Constitución Nacional define como “garantir la forma republicana de gobierno”. La facultad de disponer la intervención federal corresponde al Congreso mediante una ley. El Poder Ejecutivo sólo puede disponer la intervención durante el receso del Congreso Es decir que en el mismo acto en que el Poder Ejecutivo decreta la intervención, este debe convocar al Congreso para su tratamiento. ES materia de discusión si el Ejecutivo puede decretar la intervención durante el funcionamiento del Congreso por su facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia.

Otro punto para el análisis, en caso de llegarse a una intervención, es a que poderes del estado provincial se aplica. En el caso de Formosa, el férreo poder de Insfrán se extiende a la legislatura y la justicia provinciales. La intervención que terminó con el reinado de Carlos Juárez en Santiago del Estero alcanzó a los tres poderes provinciales.

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