Por Luis Díaz de la Torre.-

La libertad de expresión es uno de los pilares básicos de cualquier democracia, reconocida por la Constitución Nacional y defendida férreamente por los ciudadanos.

Es imprescindible para poder vivir en sociedad, pero como todo derecho conlleva también obligaciones. Entre esas obligaciones está la de expresar la verdad o hacerse responsable por las consecuencias que sus dichos inexactos producen.

Es lógico, libertad y responsabilidad, pilares como causa y efecto.

El legítimo reclamo efectuado por la Policía Bonaerense en los últimos días trajo enseñanzas para los ciudadanos y la dirigencia política.

Se notó desde el principio la falta de liderazgo por parte de los uniformados, como consecuencia de muchos años de persecuciones por parte de la clase política, pero en un momento el pedido se encauzó cuando tomaron el liderazgo los efectivos más antiguos.

No nos engañemos: éste es un reclamo de tropa, de personal subalterno, no de jefes, los cuales están disociados de la problemática de sus subalternos.

Existen dos realidades muy distintas dentro de la fuerza: los subalternos, que son aquellos que ponen el cuerpo y arriesgan su vida todos los días, y los jefes, que tienen sus propios intereses, que no siempre son los mismos que los de sus subordinados.

Para la tropa, el sueldo, las horas CORES y las horas POLAD representan su mundo, su forma de darles dignidad a sus familias poniendo el cuerpo, arriesgando su vida frente a la delincuencia y actualmente en la primera trinchera contra el COVID 19.

Resulta mortificante para el personal policial arriesgar su vida, mientras que todos los días el ministro de salud de la provincia y su vice ministro hablan de MUERTES y CADAVERES como consecuencia de la pandemia, pero mandan a los policías a pelear contra la pandemia sin armas ni protección adecuada. Si llegan a contraer la enfermedad, la obra social IOMA no los atiende, esa es la TORMENTA PERFECTA. No existe ambulancias ni hay atención de urgencia para los policías ni quien atienda al personal policial.

Volvamos a la libertad de expresión, durante los reclamos un personal policial fue entrevistado en la puerta de la Quinta de Olivos por un canal ultra oficialista, y el capitán AMAYA manifestó que no era el presidente quien tenía que resolver el tema, sino el gobernador y el ministro de Seguridad. La quinta está dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires; no lo olvidemos. Este supuesto desplante fue replicado por todos los medios oficialistas, había aparecido el líder que podía conducir este reclamo legítimo, mediante un miembro de la tropa con más de 30 años de servicio.

Apareció un periodista especializado en policiales del mismo canal ultra oficialista y difundió una noticia FALSA denunciando que Amaya tenía una causa por drogas dando como única referencia que tramitaba en el juzgado del Dr. SUAREZ ARAUJO, todo ello con el afán de desacreditar su conducción. De esta falsedad se hicieron eco muchos medios satélites oficialistas para deslegitimar al líder de un reclamo justo de los trabajadores de la seguridad.

Es importante destacar que el juez SUAREZ ARAUJO se jubiló en el año 2009. Ese era el único dato para aportar por parte del periodista sin haber verificado ninguna otra información o dato de dicha supuesta investigación.

Se entiende que lo periodistas de policiales se nutren de información que le suministran las distintas fuerzas de seguridad para poder acceder a primicias, información de primera mano y los llamados OFF DE RECORD. Puede ser que en este caso alguien allegado a la fuerza y que no participaba del reclamo le haya suministrado información inexacta para difundir en medio de una crisis que escalaba y que tomaba participación directa el presidente de la Nación.

Sandro Adrián Amaya hace más de treinta años que presta servicios en la policía bonaerense y siempre se ha preocupado por el bienestar de sus camaradas y no ha sido imputado por ninguna causa por el tráfico de drogas.

Como consecuencia de sus denuncias a lo largo de los años fue castigado por los distintos jefes y ministros, en la gestión anterior el Ministro Ritondo lo castigo enviándolo a la división ISLAS en la zona de Zarate solo y arriba de una lancha librado a su suerte, como consecuencia de su denuncia ante la justicia penal por los chalecos antibalas utilizados por los policías que se encontraban vencidos.

Actualmente se encuentra sancionado por causa relacionada con sus dichos en un programa de radio de la localidad de Vicente Lopez donde denunciaba los problemas del personal policial, la falta de equipamiento, los bajos salarios y demás reclamos que hoy fueron vistos por todo el pueblo argentino que manifestó su solidaridad con los policías bonaerenses.

Es evidente que el gobierno detecto que el reclamo si tenía conducción y trato de difamarlo para esmerilar su credibilidad con mentiras con la colaboración de medios inescrupulosos que repitieron una falsedad.

Nuestra policía debe tener los elementos necesarios para defender al pueblo y brindar su vida en el ejercicio de sus funciones, Amaya tiene esas convicciones.

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