Por Luis Alejandro Rizzi.-

En una de sus acepciones, “lastre” significa ‘estorbo, yaba, freno, obstáculo’; pues bien, en la sociedad argentina existe un lastre cultural que tiene que ver con la obsesión por el “control”.

Esta característica apareció con toda nitidez en los proyectos de “desregulación del estado», donde se mantienen controles, a veces poco visibles, en los que la última decisión sigue en manos del estado y sus funcionarios.

En el DNU 70 y en el proyecto de ley ómnibus, más bien “cambalache legislativo”, como en la supuesta liberación del comercio exterior, se mantienen restricciones muy irritativas.

En materia de importaciones, se eliminaron las famosas “SIRA” y “SIRASE”, pero se reemplazaron por las “SEDI”, que no se pueden oficializar si el solicitante no reúne el CEF que exige la AFIP. El estado sigue digitando quién tiene o no “CEF” para hacer negocios de comercio exterior.

Una arbitrariedad propia de un gobierno totalitario.

Esa restricción implica, además, desconocimiento del negocio, ya que muchas empresas importadoras son PYMES que tienen representaciones y su misión es la de intermediación; calzan sus operaciones y brindan luego los servicios de asistencia post venta y asistencia técnica, e incluso servicios de garantía.

El CEF es una fórmula secreta cuya composición la AFIP mantiene en su sagrado arcano, pese a una sentencia judicial que obliga a develar el secreto, caso Agraco.

Es decir, el gobierno se reserva un control arbitrario y discrecional en materia de importaciones.

En materia de transporte aéreo, si bien se elimina la restricción de la propiedad sustancial, los directivos del eventual inversor extranjero deben ser argentinos nativos; un absurdo.

Se mantiene el sistema de concesión de rutas, lo que significa que el funcionario público conserva el poder de autorizar o no la respectiva solicitud.

Una genuina liberación sería que la autoridad de aplicación se limite a verificar la capacidad técnica operativa; luego, la empresa debe tener absoluta libertad para explotar las rutas que considere oportuno, sin control alguno por parte del gobierno o Estado, salvo en lo que se refiere a la «safety» o seguridad operativa.

El gobierno devaluó, pero anunció ya un atraso cambiario al proponer una devaluación mensual del 2% hasta marzo. Tenemos la experiencia del fracaso de la tablita de Martínez de Hoz. ¿Qué pasará luego de marzo? ¿Una devaluación explosiva?

Los importadores que paguen sus compras recurriendo al CCL, por un plazo de seis meses no pueden comprar dólares en el MULC.

Las limitaciones a las importaciones de bienes y servicios, en todo caso, deben decidirse según el precio de las divisas en un mercado libre, lo que además facilitaría un ordenamiento más racional de los precios relativos.

Podría enumerar muchos otros casos que demuestran que en los más “libertarios” predomina en el subconsciente el “enano controlador”.

En mi opinión, la libertad económica requiere de una institucionalización republicana muy sólida. La libertad no se ejerce en la selva, es imposible, se ejerce en la República, y en este punto estamos muy flojos de papeles.

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