Por Hernán Andrés Kruse.-
Una vez más quedó en evidencia el carácter nauseabundo del submundo del espionaje ilegal. Quien está en el centro de la tormenta es el diputado oficialista Rodolfo Tailhade, vinculado con Ariel Zanchetta, un ex policía dedicado a espiar de manera ilegal a jueces de la Corte Suprema, políticos, empresarios, periodistas, etc. Luego de un análisis de sus dispositivos electrónicos y sus movimientos la Justicia llegó a la conclusión de que se trata de un agente inorgánico de la AFI dedicado a investigar la vida privada y laboral de aquellas personas que estaban en su mira telescópica. Este personaje está vinculado con Fabián “Conu” Rodríguez, un directivo de la AFIP que le pagaba al ex policía con dinero de la pauta oficial los “trabajos” que le encargaba.
En conferencia de prensa, Cristian Ritondo, Mario Negri y Juan Manuel López alertaron sobre el peligro que significa para las instituciones de la democracia y los derechos y garantías individuales el espionaje ilegal. “La calidad de querellante la tiene cada uno de los afectados, nosotros queremos actuar con responsabilidad. No es cuestión de entrometer a la competencia electoral. Después del balotaje, la política argentina va a tener que levantar la mirada, no puede ser que a las instituciones la secuestren los servicios de inteligencia”, sostuvo Negri. Por su parte, Ritondo destacó que “lo que estamos viendo es lo peor. Entre 2016 y 2023 hubo más de 1.906 espiados. Acá se trata de la desproporción de hasta dónde han llegado: de espiar ilegalmente en Argentina y utilizarlo para llevar un juicio político a la Corte Suprema y amedrentar a todos los testigos” (fuente: Infobae, 7/11/023).
Con el correr de las horas se tuvo conocimiento de un dato estremecedor: de los documentos que está analizando la Justicia apareció un parte que alude a las internas de la AFI que quedaron al descubierto luego de la muerte de Alberto Nisman, el fiscal de la causa AMIA. Ello explica la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes tienen a su cargo la causa por el espionaje a los jueces de la Corte Suprema, de remitir ese material al juez Julian Ercolini y al fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación de la muerte de Nisman. En ese material quedan expuestos César Milani, ex jefe del Ejército, y Fernando Pocino y Antonio Stiusso, ex jefes de la central de inteligencia. Dicho documento, denominado “Parte de información”, se refiere a las vinculaciones de Milani y Pocino con la “inteligencia paralela”, es decir con el espionaje ilegal. Destaca la inexplicable cantidad de errores cometidos por los encargados de la seguridad del edificio Torres Le Parc de Puerto Madero, lugar donde murió Nisman en enero de 2015. En la causa, que se investiga como asesinato, surgen numerosas comunicaciones que tuvieron lugar en aquel trágico fin de semana y que fueron detectadas a fines de ese año por la División Fraudes Bancarios. Muchos espías o ex espías se comunciacon a través de sus celulares con sus jefes, quienes se contactaron con funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner. Aparecen mencionados Oscar Parrilli (titular de la AFI en ese momento), el actual viceministro de Justicia Juan Martín Mena (número 2 de la AFI en ese momento), César Milani y Hugo Matzkin (jefe de la Policía Bonaerense en ese momento). El material, de doce carillas, fue hallado entre los dispositivos de Zanchetta y remitido a la investigación por la muerte de Nisman. Hoy, a casi nueve años del trágico suceso, reina la más escandalosa impunidad (fuente: Patricia blanco: “El ex policía preso en la causa del espionaje ilegal tenía material de la interna de la AFI vinculado a la muerte de Nisman”, Infobae, 8/11/023).
Los legisladores nacionales de la Coalición Cívica, entre quienes se destacan Juan Manuel López, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic, solicitaron la expulsión del legislador Rodolfo Tailhade por su vinculación con el espionaje ilegal que está conmocionando a la opinión pública. “La información que ha trascendido respecto a una posible vinculación entre el diputado Tailhade y una red de espionaje ilegal de la que formarían parte Ariel Zanchetta y Fabián Conu Rodríguez, evidencia una situación de extrema gravedad institucional. Atenta contra el normal funcionamiento del Congreso y del Poder Judicial en nuestro país”, expresaron en un comunicado (fuente: Infobae, 9/11/023). Horas más tarde el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la detención y posterior indagatoria del subdirector General del Servicio al Contribuyente de la AFIP, Fabián Conu Rodríguez, quien se comunicaba con Ariel Zanchetta, un agente de inteligencia inorgánico que hoy está tras las rejas acusado de haber espiado a jueces de manera ilegal. El fiscal federal reclamó “convocar a Néstor Fabián Rodríguez a prestar declaración indagatoria en la presente causa”, como así también efectuar un nuevo allanamiento a su domicilio y sus oficinas para disponer de la detención y requisa de Conu, todo ello a los efectos de garantizar su sujeción al proceso y obtener elementos probatorios que resulten de interés para la invesitgación”. El Ministerio Público considera que “según pudo determinarse Rodríguez le encargó a Zanchetta la realización de informes de inteligencia sobre determinados “objetivos” y la publicación de información contra los “blancos” seleccionados, así como también se logró determinar que Zanchetta le reportaba la actividad ilegal realizada, todo ello mientras el funcionario público se interesó en la contratación mediante su influencia y se apropió de los fondos públicos para asegurar la financiación y remuneración de estas tareas ilegales a través del otorgamiento de publicidad oficial” (fuente: Patricia Blanco: “Pidieron la detención del Conu Rodríguez, el funcionario kirchnerista que hablaba con el espía preso”, Infobae, 9/11/023).
En su libro “El Poder”, Bidart Campos expresa lo siguiente: “El espionaje del poder es una táctica o una estrategia que utiliza múltiples armas: la delación; la tortura; la búsqueda policíaca de personas, instituciones y datos; el miedo, etc. Todo ello, a la caza de quienes cree o siente sus enemigos, para hacerlos caer en emboscadas que el propio poder, o su aparato de espías, tienden con sectarismo persecutorio. Razones de estado, doctrinas de la seguridad nacional, partidismo oficialista adverso o reacio al disenso y al pluralismo, purgas ideológicas, odios raciales, clasistas o religiosos, suelen ser excusas del espionaje del poder”. La pregunta que cabe formular es la siguiente: ¿es compatible el espionaje del poder con la democracia liberal? La respuesta se cae de madura: no lo es en absoluto. El espionaje del poder socava los cimientos básicos de la democracia liberal, atenta contra el respeto de los derechos y garantías individuales que en nuestro país están consagradas en la constitución de 1853.
El problema es que el espionaje hace a la esencia del poder. Y el poder está presente en la democracia liberal. En consecuencia, el espionaje está presente en la democracia liberal. La gran cuestión es cómo debe funcionar el espionaje en la democracia liberal. En su ensayo “El control de los servicios de inteligencia en los estados democráticos”, María Concepción Pérez Villalobos (Universidad de Granada, 2008) procura desentrañar tan delicada cuestión.
LA FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA EN LOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS
“Es una realidad que todos los Estados del mundo cuentan con servicios de inteligencia. La expresión “servicios de inteligencia” ha cobrado relevancia en los Estados constitucionales, en detrimento de la tradicional “servicios secretos”. El de servicios secretos parece un término históricamente más usado, pero unido a épocas en las que éstos eran los “equilibradores” del poder y artífices de la paz mundial. El establecimiento de un sistema de control democrático de los servicios de inteligencia, es ahora uno de los desafíos de los Estados constitucionales porque se incardinan en la estructura del Estado, se someten al principio de legalidad, al Derecho y al respeto escrupuloso de los derechos fundamentales que se ha convertido en el principio inspirador de todo el sistema constitucional. Pero junto al elemento constitucional, es fundamental el elemento democrático, de manera que el constitucionalismo actual es democrático, o, dicho de otra manera, las Constituciones democráticas limitan las actuaciones de los poderes públicos porque las someten a controles. Así, el constitucionalismo moderno aparece como respetuoso de los principios básicos democráticos, de manera que no cabe hablar de democracia y libertad en regímenes donde estos principios no estén suficientemente reconocidos y protegidos. Es cierto que, en algunos países, fundamentalmente de Iberoamérica, el elemento democrático es inestable porque el binomio anterior democracia-libertad se decanta más a favor de democracia-justicia, de manera que los sistemas se vuelven inestables, ya que la democracia exige instituciones legítimas, eficaces y permanentes.
Desde la segunda mitad del siglo XX y, definitivamente, desde la caída del muro, en 1989, se produce una clara incardinación de estos servicios en las estructuras constitucionales de los Estados democráticos, de modo que para cumplir con su función constitucional, los servicios de inteligencia no sólo deben ser capaces de obtener información, sino de transformarla en “inteligencia”. No decimos nada nuevo si afirmamos que la esencia de la inteligencia, de esos servicios, es la de servir de apoyo al poder en la toma de decisiones relativa a la seguridad y defensa del Estado. Por eso, todos los Estados del mundo tienen necesidad de contar con unos servicios que faciliten la toma de decisiones en materias de política exterior y relaciones internacionales, y que en materias de política interior eviten situaciones que atenten contra la seguridad del Estado. Su función es la de poner a disposición del ejecutivo un conjunto de información política, económica, científica, técnica y militar, debidamente contrastada, valorada e interpretada y capaz de orientar la acción de gobierno tanto en su proyección exterior como interior. Por eso, los servicios de inteligencia no son una “policía política” ni son una institución autónoma desligada del gobierno ni de los controles que sobre éste ejerce la sociedad democrática; es la diferencia entre unos servicios de inteligencia democráticos y unos servicios secretos que constituyen un “Estado dentro del Estado” y que funcionan sin ajustarse a ningún tipo de control legal ni democrático, situándose al servicio del poder político establecido para el mantenimiento del mismo.
Esta razón ha provocado que se produzca una revalorización de la inteligencia frente a la simple información; no son ahora simples servicios de información que se dedican a espiar; son servicios que investigan, analizan y estudian la información que obtienen para que sus gobiernos adopten las decisiones correctas. Las respuestas que requieren los nuevos riesgos no dependen tanto de la cantidad de información como de la adecuada valoración e interpretación que se hace de ésta. Pero es cierto que las fuentes de información tienen en la actualidad una dimensión inabarcable para cualquier servicio de inteligencia. En el siglo XXI el protagonismo lo tienen las fuentes de información abiertas, que incluyen recursos de todo tipo: los que aparecen en los medios de comunicación (nacionales e internacionales) bien sea en prensa, radio, televisión o Internet. A lo que hay que añadir toda la información distribuida por otros canales como bases de datos, publicaciones de todo tipo, páginas web que aparecen y desaparecen a una velocidad imposible, foros, blogs, chats… Es la inteligencia multimedia que ha trasladado el proceso de inteligencia al proceso de análisis desbordando la función de los servicios de inteligencia que, en no pocas ocasiones se ven obligados a acudir a empresas privadas de gestión de estos recursos y a grupos especializados. Existe ya una abundante literatura sobre estos temas. Lo que a nosotros nos interesa destacar es que estos análisis masivos de información se ven a menudo fuera del circuito de control de las actuaciones de los servicios de inteligencia, y, por tanto, del control que la sociedad democrática ejerce sobre ellos”.
LA NECESIDAD DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA EN LOS ESTADOS DEMOCRATICOS
“La mayoría del trabajo de los servicios de inteligencia debe realizarse en secreto; la revelación de fuentes, métodos, recursos o éxitos, podría comprometer seriamente su eficacia. Esto significa que, de alguna forma el secreto les resguarda de la luz pública, y no pueden ser tan transparentes como otras entidades de gobierno. Pero que no pueda utilizarse esta transparencia no significa que estén fuera de los sistemas de control democráticos. No comparto la afirmación de algún autor en el sentido de que “las agencias de inteligencia, por su naturaleza, funcionan en secreto sin estar sujetas a las reglas normales del Estado” (UGARTE, J. M., 2002), al menos, no dicho de esta manera. Los servicios de inteligencia se sujetan a los mismos controles democráticos que los demás actos del ejecutivo, en concreto y muy especialmente el principal medio de control del poder ejecutivo que existe en un sistema democrático que es el control parlamentario y el control de legalidad que se ejerce sobre los actos de la administración que es el control judicial. Los servicios de inteligencia claramente se someten a estos controles aunque los procedimientos de control que se realizan no se hacen con la transparencia con la que se hacen los demás. No existen demasiadas comparaciones sistemáticas, a nivel internacional, sobre el control democrático de los servicios de inteligencia, por eso tampoco se ha desarrollado ningún cuerpo de derecho de carácter internacional. Existen unas pautas generales que se repiten en el control democrático de los servicios de inteligencia, con independencia de la estructuración de los servicios en cada Estado, pero no presuponen la existencia de un único modelo de control democrático. Es cierto que este control, en los Estados constitucionales, en líneas generales se realiza por el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial que comparten esta responsabilidad, por lo que también es necesario contar con un efectivo sistema de frenos y contrapesos que impida a cualquiera de ellos tener el privilegio exclusivo de su control. En el ámbito internacional crece el consenso sobre el control democrático de los servicios de inteligencia: así, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Las Naciones Unidas (ONU), La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa… han reconocido de forma explícita que los servicios de inteligencia deben someterse a procesos de control democrático”.
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