Por Hernán Andrés Kruse.-

El 16 de junio pasado, el Presidente de la Nación firmó el decreto 797 en virtud del cual fueron asignados 45.000 millones de pesos (3000 millones de dólares) para efectuar el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Lo notable de esta cifra, que sorprendió a aquellos que conocen el proyecto, es que se trata exactamente del monto que venía reclamando desde un principio el consorcio privado encargado del soterramiento y que los técnicos de la obra se habían negado rotundamente a convalidar porque consideraban que estaba inflada (sobreprecio). En diciembre pasado los responsables de la Unidad Ejecutora del Soterramiento que tiene a su cargo el control del proyecto presentaron un informe de gestión que estipula con lujo de detalles lo que debe pagarse por la obra que faltaba ejecutar. Ese monto actualizado oscilaba entre los 2055 y los 2264 millones de dólares, en función del criterio de actualización elegido. Ahora bien, el actual gobierno reconoció un plus de entre 750 y 945 millones de dólares sin explicar el porqué de semejante “acto de gratitud” hacia la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella, la española Comsa y la argentina Iecsa, propiedad del primo del presidente de la nación, Angelo Calcaterra.

En febrero de 2006, a través de la resolución 82 de la Secretaría de Transporte, el por entonces presidente Néstor Kirchner incorporó el soterramiento del ferrocarril Sarmiento al plan de obras públicas que su gobierno decidió llevar a cabo. En octubre quedaron preclasificados Iecsa, Benito Roggio y el Grupo Isolux. En octubre de 2007, a raíz de una modificación sufrida por el objeto de la licitación, sólo Iecsa e Isolux se presentaron a la competencia. En enero de 2008 la obra fue adjudicada a Iecsa pero al estallar meses más tarde la crisis desatada por la caída de Lehman Brothers el financiamiento propuesto originalmente por Iecsa se tornó inviable. Recién en agosto de 2013 la presidente Cristina Kirchner ordenó la creación de la Unidad Ejecutora del Soterramiento del Sarmiento (UESS) con el objetivo de relanzar la obra. Dos meses más tarde el consorcio encabezado por Iecsa informó mediante una carta a la UESS que un banco brasileño (el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) había dado el sí para financiar la obra hasta un máximo de 1508 millones de dólares, siempre que ese dinero fuera utilizado para la compra de bienes y servicios de aquel país, exigencia que no contemplaba el pliego de condiciones. Ese dinero corresponde al 50 por ciento de un monto contractual que, actualizado, llega a los 3000 mil millones de dólares. Lo “curioso” del caso es que esa cifra fue realizada por su cuenta por IECSA en julio de 2013. ¿Cómo hizo el consorcio para llegar a esos 3000 millones de dólares? Muy simple: contabilizando gastos vinculados con fletes en Brasil, despachos de Aduana, seguros por la importación de bienes, etc. Según el kirchnerismo estos gastos adicionales no tenían justificativo alguno porque la financiación que había sido prevista en el pliego no incluía la compra de bienes y servicios brasileños sino financiación directa del soterramiento. Vale decir que Iecsa y sus socios introdujeron nuevas condiciones que el gobierno de Cristina no estuvo dispuesto a avalar.

Cuando la UESS propuso modificar el método para construir las estaciones, las diferencias volvieron a surgir como hongos. Respecto a la construcción del soterramiento la oferta primigenia contemplaba cambios por demás relevantes: a) la anulación temporaria de las vías principales; b) la instalación de desvíos de carácter provisional; c) la construcción de estaciones alternativas; d) el desplazamiento parcial del sistema de señalización existente; e) la reubicación de instalaciones ferroviarias (sistema Cut and Cover). Ahora bien, tanto la Secretaría de Transporte como la UESS coincidieron en señalar que con semejante sistema de construcción el normal funcionamiento del tren se vería severamente alterado. De ahí que propusieran un sistema de construcción denominado “en caverna”, lo que haría factible la excavación y la construcción de la estructura desde el interior del propio túnel, lo que evitaría provocar serios perjuicios tanto al sistema de transporte como a las instalaciones del ferrocarril. Entre agosto de 2014 y abril de 2015 el consorcio presentó una serie de propuestas que contemplaban en forma parcial lo observado por la UESS. En definitiva, las partes no lograron llegar a un acuerdo respecto al precio debido a que, en virtud de lo analizado por la UESS, la obra faltante podía llegar a valer, en el mejor de los casos, 2250 millones de dólares y no los 3000 mil millones reclamados por el consorcio Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa. El año pasado la UESS presentó un informe de gestión donde da cuenta de todos estos avatares. Para diversos especialistas consultados por Página 12 la diferencia entre lo exigido por el contratista y lo que estaba dispuesto a reconocer el gobierno nacional ameritaba una rescisión contractual porque lo que se exigía en relación con el financiamiento no respetaba lo dispuesto por el pliego.

Hasta que llegó a la presidencia Mauricio Macri. El mencionado decreto de necesidad y urgencia (797) le asignó a la obra los 3000 millones de dólares que reclamaba el contratista. Cómo será la “generosidad” del presidente de la nación que ahora el consorcio ni siquiera se digna a aportar el financiamiento, y ello por una simple y contundente razón: ahora es el propio Estado el encargado de poner la plata, es decir, somos nosotros, los idiotas de siempre, los que nos hemos hecho cargo de la obra de soterramiento. Eduardo Firvida, nuevo responsable de la UESS, y Máximo Fioravanti, director de inspección de la obra en representación del Estado, decidieron no tener en cuenta el informe elaborado por la gestión anterior de la UESS y en un segundo aceptaron las exigencias del contratista. Al poner en marcha la tuneladora que se empleará para hacer el soterramiento en la estación Haedo, el presidente de la nación dijo muy suelto de cuerpo “ahora empezó de verdad”. Lo que sucede es que por empezar la obra en las actuales circunstancias el Estado (nosotros) se verá obligado a pagar un alto costo. Es por ello que la ex presidente exigió el lunes 31 una auditoría sobre todas las obras realizadas a partir de 2003 para así despegarse de las denuncias de corrupción, y además reclamó que se emplee la misma vara para evaluar e investigar al gobierno de Mauricio Macri (fuente: Fernando Krakowiak, “Bolsillo de payaso con la plata del Estado”, Página 12, 2/11/016).

La actividad económica, lamentablemente, sigue en caída libre. Según las últimas mediciones del Indec la construcción registró una caída del 13,1 por ciento durante el mes de septiembre en comparación con el mismo mes de 2015, y en lo que va de 2016 tuvo una merma del 12,8 por ciento. La construcción viene siendo la actividad más afectada por la política de ajuste aplicada sin anestesia por el gobierno de Mauricio Macri. En septiembre las ventas de insumos para el sector tuvieron en el mismo mes una caída del 21 por ciento mientras que el cemento volvió a caer un 11,5 por ciento. Desde agosto del año pasado el sector perdió nada más y nada menos que 61.008 puestos de trabajo registrados. El entusiasmo que tuvo el gobierno en agosto se desmoronó como un castillo de naipes en septiembre. En ese momento el ministro Prat Gay hacía alusión al “brote verde” y aseguraba que ese brote se reproduciría en los meses siguientes. En septiembre la realidad, una vez más, impuso sus condiciones. En el sector de la construcción se observan tensiones en la mayoría de sus rubros. En el sector de viviendas del ámbito privado la decisión del gobierno de desarmar el Procrear, por ejemplo, explica en buena medida el menor incentivo que hoy existe para construir nuevas viviendas. En las obras viales y en aquellas obras de infraestructura vinculadas a inversiones del sector público, hubo un marcado retroceso a raíz del recorte efectuado al presupuesto en gastos de capital. Ello explica la caída del asfalto en un 3,2 por ciento en septiembre en relación con igual mes de 2015, mientras que las obras petroleras tuvieron problemas como consecuencia de la baja del precio internacional del oro negro.

Durante el mismo mes los despachos de artículos sanitarios de cerámica sufrieron una caída del 14,5 por ciento interanual, los de hierro redondo para hormigón cayeron un 21,5 por ciento y pisos y revestimientos cerámicos, un 12,9 por ciento. Los ladrillos huecos cayeron un 14,0 por ciento y las pinturas para construcción, un 9,1 por ciento. La construcción viene sufriendo mucho en materia de empleo. En agosto del año pasado los trabajadores formales ascendían a 453.605. En enero de este año descendieron a 408.111 y en agosto la plantilla era de 392.517 trabajadores. Estos números no se registraban desde el estallido de la convertibilidad a fines de 2001 (fuente: Federico Kucher, “La construcción sigue en caída libre”, Página 12, 1/11/016).

La actividad fabril también viene en caída libre. Según el Estimador Mensual Industrial (EMI) en septiembre la actividad fabril cayó un 7,3 por ciento en relación Con igual mes de 2015. Es la octava caída interanual consecutiva y la segunda más profunda en lo que va del año. En los primeros nueve meses se registra un retroceso del 4,6 por ciento. El sector automotor (-22,5 por ciento) y las industrias metálicas básicas (-23,1 por ciento) fueron los sectores más afectados. El Indec, además, hizo una encuesta a diversos directivos del sector que demostró que para el 78,9 por ciento de los consultados el nivel de la demanda interna se mantendrá estable o bajará aún más y el 75,4 por ciento pronostica lo mismo para las exportaciones. Lo más alarmante es que el 91,7 por ciento de los entrevistados no tiene decidido incorporar personal y espera un recorte. El panorama es realmente desolador. Sin embargo, el gobierno celebró en septiembre cuando se dio a conocer la desaceleración producida en agosto del ritmo de caída interanual de la actividad industrial. Creyó que era el comienzo de la recuperación. La realidad le dio nuevamente una sonora bofetada. Los números de septiembre demostraron que el gobierno deberá remar mucho contra la corriente si pretende salir del atolladero en que se metió a raíz de sus decisiones económicas. La industria sufre debido al menor consumo interno y la caída de la demanda externa, sumados a un ingreso indiscriminado de productos importados que atenta contra la producción local.

Las industrias metálicas también registraron en septiembre un fuerte descenso en relación con igual mes del año anterior: 23,1 por ciento. El sector que más sufrió fue el del acero: 27,8 por ciento. Según la Cámara Argentina del Acero la pobre performance de la actividad siderúrgica repercute negativamente sobre los laminados plásticos (-10,8 por ciento en septiembre) y los productos no planos (-21,6 por ciento en el mismo mes). La industria automotriz sigue teniendo un paupérrimo rendimiento ya que en septiembre registró una caída interanual del 22,5 por ciento. Por su parte, el resto de la metalmecánica cayó un 10,9 por ciento y la industria de los alimentos, un 5,9 por ciento. Ha habido caídas importantes en la producción láctea (-12 por ciento), las carnes rojas (-8,8 por ciento), la elaboración de bebidas (-9,5 por ciento) y la molienda de cereales y oleaginosas (-7,7 por ciento). En el sector de los textiles se registró una caída del 20,5 por ciento en la producción de hilados de algodón mientras que la producción de tejidos bajó un 5,6 por ciento. Por su parte, la producción de papel y cartón cayó un 8,3 por ciento y la refinación de petróleo sufrió un retroceso del 3,3 por ciento. En el sector químico hubo una caída muy pronunciada en la producción de detergentes y jabones (-28,9 por ciento) y en la de fibras sintéticas (-22,8 por ciento). En la producción de caucho y plástico se detectó una merma del 11 por ciento en relación con septiembre de 2015. Durante los primeros nueve meses de 2016 las metálicas básicas cayeron un 15,2 por ciento; la industria automotriz, un 13,8 por ciento; el tabaco, un 7,3 por ciento; la metalmecánica, un 6,1 por ciento; la edición e impresión, un 5,5 por ciento; los productos minerales no metálicos, un 4,9 por ciento; la refinación del petróleo, un 4,7 por ciento; los alimentos, un 1,9 por ciento; el papel y el carbón, un 0,6 por ciento; y el caucho y el plástico, un 0,5 por ciento (fuente: “Todos los bloques industriales en rojo”, Página 12, 1/11/016).

La ex presidente Cristina Kirchner no se guardó nada a la hora de criticar el operativo policial desplegado el lunes pasado en Comodoro Py a raíz de su presentación ante el juez Ercolini. Cristina responsabilizó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por haber montado un operativo “disperso, sin lógica de intervención” y agregó que tanto ella como aquellos dirigentes políticos, sociales y de derechos humanos que se autoconvocaron para “hacerle el aguante” quedaron a merced de “una banda de forajidos” (por las fuerzas de seguridad desplegadas en el lugar). La ex presidente fue impiadosa con la funcionaria: “quieren mostrar una conducción y una autoridad de la que carecen”. La ministra contraatacó expresando que la presencia de cerca de 600 efectivos en Comodoro Py se debió a la necesidad de “demostrar que el control de la calle lo tiene el Estado y no la militancia”. Según Cristina “usaron todo un destacamento móvil de gendarmería, casi 600 hombres, y con el despliegue logístico que sería necesario para lugares inhóspitos y no para la ciudad”. “Los policías estaban armados”, acusó la ex primera mandataria señalando después que hubo “golpes, palazos y hasta la denuncia de una diputada por agresiones (Juliana Di Tullio)”. Todo fue una demostración “de torpeza, estupidez y provocación”, enfatizó. “Control político de las fuerzas implica conducción y conocimiento de la fuerza que tenés que conducir. Nada de esto se vio ayer (por el lunes)”, indicó Cristina. “Se notó, más allá de la clara intención de reprimir a los militantes, una falta de actuación de la línea de la Federal, dispersa, sin lógica de intervención, lo que los convirtió en una manga de forajidos” (…) “Sólo a Macri se le puede ocurrir poner a alguien como Patricia Bullrich al frente de las fuerzas de seguridad”, concluyó irónicamente”. Por su parte el titular del bloque de diputados del kirchnerismo, Héctor Recalde, consultado acerca de una eventual detención de la ex mandataria, fue contundente: “si sucede, lo que habrá será una multitudinaria movilización popular” (fuente: “Fue una torpeza y una provocación”, Página 12, 2/11/016).

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