Por Hernán Andrés Kruse.-
Pasaron 29 años. Exactamente a las 8.42 de la mañana del 18 de julio de 1994 la sede de la AMIA desapareció de la faz de la tierra. Las escenas registradas por la televisión jamás serán olvidadas. Toneladas de piedras apelmazadas, gritos, desesperación, miedo, gente intentando socorrer a las víctimas; un escenario verdaderamente dantesco. En aquel entonces Carlos Menem ejercía la presidencia de la nación. Los ministerios del Interior, de Defensa, de Justicia y de Relaciones Exteriores estaban a cargo de Carlos Ruckauf, Oscar Camilión, Rodolfo Barra y Guido Di Tella, respectivamente. El atentado provocó la muerte de 85 personas. Hasta hoy nadie fue condenado. Una vergüenza. Un agravio incalificable a la memoria de las víctimas.
Las preguntas surgen como hongos. En marzo de 1992, es decir dos años y medio antes del ataque a la AMIA, la embajada de Israel fue devastada por una bomba. En este caso se puede defender la hipótesis de que el gobierno fue tomado por sorpresa. Puede ser. ¿Pero se puede sostener la misma hipótesis respecto a la voladura de la AMIA? ¿Alguien puede creer que los servicios de inteligencia carecían de información sobre la tragedia que se venía? ¿Los ministros Ruckauf y Camilión no tenían información clasificada sobre lo que el terrorismo internacional tenía planeado ejecutar en Buenos Aires? ¿Alguien puede creer que a Carlos Menem el atentado lo tomó por sorpresa? ¿Cómo es posible que quienes lo sucedieron nada hicieron por esclarecer el atentado? ¿No pudieron o no quisieron? ¿Cómo se explica la inacción de la justicia y de los servicios de inteligencia? La única certeza es que hace casi tres décadas 85 argentinos fueron salvajemente asesinados por una bomba asesina y que sus autores, tanto materiales como intelectuales, caminan libremente por las calles de alguna ciudad del planeta.
A continuación paso a transcribir un detallado escrito del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre el caso AMIA, cuyo título es “El caso AMIA, el poder judicial y los servicios de inteligencia”.
EL CASO
“En la mañana del 17 de julio de 2015, sobre un pequeño escenario montado en una plaza del centro de Buenos Aires, un hombre y una mujer leen 85 nombres. Después de cada nombre, las personas reunidas en el lugar gritan “¡Presente!”. Detrás, la rutina diaria del Palacio de Justicia de la Nación sigue su curso: los automóviles tocan bocina, los oficinistas entran y salen de los edificios. Veintiún años antes, a las 8.42 am del 18 de julio de 1994 –en un día que había comenzado muy parecido a este– una bomba terrorista explotó en el centro comunitario de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). El edificio de seis pisos se derrumbó en una montaña de escombros. Ochenta y cinco personas perdieron la vida y 300 resultaron heridas: trabajadores, gente haciendo mandados, transeúntes, jóvenes y ancianos. ¿Por qué? ¿Por acción de quiénes? ¿Cómo? La investigación judicial oficial sobre el ataque terrorista más grave de la historia argentina se ha extendido por más de dos décadas, y aún no arrojó respuestas. Incluso después del regreso a la democracia en la Argentina, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y su sucesora, la Secretaría de Inteligencia, existían en las sombras, operando de forma encubierta; nadie explicaba lo que hacían, ni qué sabían o no sabían exactamente. Los agentes estatales y paraestatales utilizaban identidades falsas. Sus agencias recogían datos sobre los ciudadanos argentinos, en algunos casos pertinentes y en otros meros chismes, sin supervisión alguna. Gastaban sus presupuestos secretos sin rendir ningún tipo de cuentas; toda una estructura dedicada a servir a propósitos políticos. Intervenían teléfonos de hombres de negocios, periodistas, funcionarios y miembros de la oposición, produciendo información que los funcionarios políticos utilizaban para desacreditar a sus adversarios, a menudo con la participación de periodistas influyentes y medios de comunicación. Y cuando el tráfico de información no era suficiente, los agentes de la SIDE tenían acceso a fondos reservados para el soborno y el tráfico de influencias, con el fin de torcer las decisiones a su voluntad.
Las agencias de inteligencia también se las arreglaron para dominar el sistema judicial, en particular durante la década de 1990. Los tribunales eran tan dependientes de la información de los servicios de inteligencia que la relación entre el poder judicial y la comunidad de inteligencia se invirtió: más que un colaborador en las investigaciones criminales, la Secretaría de Inteligencia se adueñó de los procesos judiciales más relevantes, que incluyeron casos de corrupción política y empresaria y delitos graves que involucraban a organizaciones complejas. Al igual que en el ámbito político, los vínculos entre los servicios de inteligencia y el poder judicial se consolidaron a través de sobornos procedentes de los fondos reservados de la SIDE. Esta red de relaciones que vinculaban al sistema político, el poder judicial, el Ministerio Público Fiscal y el sistema de inteligencia estaba bien consolidada en el momento en que la Argentina sufrió dos ataques terroristas devastadores: un atentado el 17 de marzo de 1992 en el que una camioneta explotó en la Embajada de Israel en Buenos Aires, y mató al menos a 22 personas e hirió a más de 350, y, dos años más tarde, el aún más letal atentado a la AMIA.
La primera investigación judicial del atentado a la AMIA fue manejada por el juez federal de instrucción Juan José Galeano. Durante los cruciales primeros meses, su trabajo estuvo plagado de irregularidades; entre las más graves, el hecho de que la SIDE participara en la investigación. Y para mediados de 1996, dos años después del ataque, su trabajo todavía no había arrojado ningún resultado significativo, ni tampoco la investigación paralela sobre el atentado a la Embajada israelí. La población se impacientaba: conformada poco después del atentado a la AMIA, una agrupación llamada Memoria Activa comenzó a reunirse todos los lunes frente al Palacio de Justicia para leer los nombres de las 85 personas que habían muerto en el ataque, y su demanda de verdad y justicia fue consiguiendo el apoyo cada vez más fuerte de los argentinos. Tanto el juez Galeano como el gobierno necesitaban un chivo expiatorio. De manera que el juez y la SIDE conspiraron para construir una explicación basada en declaraciones de Carlos Telleldín, un vendedor de automóviles que había sido detenido por ser el último propietario registrado de una camioneta que se encontró en medio de los escombros de la AMIA.
Telleldín, en la cárcel desde 1994, había sido acusado de entregar el vehículo a los terroristas, pero hasta mediados de 1996 no había revelado la identidad de esas personas. La información proporcionada por los servicios de inteligencia extranjeros a los investigadores judiciales tras el ataque sugirió que este había sido orquestado por la República Islámica de Irán. Pero en julio de 1996, pocos días antes del segundo aniversario del atentado, Telleldín declaró ante el juez Galeano que le había dado la camioneta a un grupo de policías de la provincia de Buenos Aires. Le dijo que esos agentes solían extorsionarlo y que les había entregado el vehículo a cambio de protección para su empresa ilegal de venta de vehículos robados. Galeano ordenó la detención de 15 agentes de policía, entre ellos Juan José Ribelli, jefe de la Brigada de Investigación del municipio de Lanús de la provincia de Buenos Aires. En el segundo aniversario de la explosión, con esta “conexión local” tras las rejas, las autoridades estatales aseguraron a la sociedad argentina que la célula terrorista responsable de la bomba había sido desmantelada. Debido a que las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires eran conocidas por su violencia y sus vínculos con redes ilegales, la historia era creíble.
Pero menos de un año después, en abril de 1997, los medios argentinos emitieron un video de una reunión entre el juez Galeano y Telleldín. Allí, los dos parecían discutir la compra de los derechos de autor de un libro que supuestamente Telleldín estaba escribiendo. Después de la divulgación del video, ambos negaron que la conversación se refiriese a un pago por el último testimonio de Telleldín. A fines de 2001, con la declaración de Telleldín como única prueba, comenzó el juicio contra los policías acusados de participar en el ataque a la AMIA. En 2003, nueve años después del atentado y durante los primeros días del gobierno de Néstor Kirchner, un sector de la Secretaría de Inteligencia reveló información que corroboraba que varios agentes habían sido parte de una operación de soborno relacionada con la investigación del atentado a la AMIA, y que el mismo día en que Telleldín había acusado por primera vez a la policía en 1996, empleados de inteligencia se habían reunido con su esposa en un banco. En ese momento, el gobierno tomó una decisión política fundamental: emitió un decreto relevando a los agentes de inteligencia de su deber de mantener sus actividades en secreto, y permitió así que en el juicio en curso declararan que se había utilizado dinero secreto de la agencia de inteligencia para pagar a Telleldín a cambio de que acusara a agentes de policía de la provincia de Buenos Aires como la “conexión local” del ataque.
Los agentes de inteligencia declararon que en julio de 1996, con el conocimiento del entonces presidente Carlos Menem y a petición del juez Galeano, Hugo Anzorreguy, por entonces secretario de Inteligencia, ordenó a sus subordinados entregar 400.000 dólares a la esposa de Telleldín en pago por la declaración de su marido. El dinero provino de fondos reservados que la SIDE administraba sin ningún tipo de supervisión o transparencia, y la naturaleza secreta del presupuesto permitió que se utilizara para fabricar una historia que descarriló la investigación de los hechos durante años. Pero ahora las consecuencias de una práctica notoriamente común –el uso de los fondos reservados para comprar o fabricar información– quedó expuesta y a la vista de todos. El pacto entre el gobierno argentino, la Secretaría de Inteligencia del Estado, agencias de inteligencia extranjeras, el juez Galeano y Telleldín había producido una pista falsa en la investigación, desviándola de pistas legítimas y poniendo la legitimidad y la legalidad de toda la investigación del atentado en tela de juicio.
El pago de un soborno que se había decidido en el nivel político más alto no era la única ilegalidad cometida durante la investigación judicial del juez Galeano. En los hechos, la SIDE y un sector de la policía federal eran los dueños de la investigación; agentes de inteligencia llevaron a cabo registros e interrogatorios de testigos, y el juez y los fiscales respaldaron sus acciones. La SIDE también se involucró en escuchas telefónicas: durante un año intervino los teléfonos de las embajadas de Cuba e Irán en Buenos Aires sin una orden judicial, así como las líneas telefónicas pertenecientes a otras personas bajo investigación. Aunque agentes de la SIDE han admitido desde entonces que en efecto hacían esas escuchas ilegales, las grabaciones en casete de las conversaciones nunca salieron a la superficie.
En octubre de 2004, el tribunal a cargo del juicio contra Telleldín, Ribelli y los otros agentes de policía dictaminó que las acusaciones contra la “conexión local” se basaban en irregularidades judiciales, declaraciones compradas y el uso ilegal de los recursos del Estado. Los jueces determinaron que la investigación no había tenido como fin descubrir la verdad, sino más bien legitimar un engaño construido por altos funcionarios de los diferentes poderes del Estado; que era “un armado al servicio de políticos inescrupulosos”. Todos los acusados fueron absueltos y el tribunal ordenó una nueva investigación, declarando nula toda la investigación realizada hasta ese punto. Al año siguiente, los fiscales que habían participado en la investigación renunciaron y el juez Galeano fue removido de su cargo por sus actos ilegales; estos ex funcionarios están en juicio actualmente. Habían pasado diez años desde el atentado, y la única respuesta a las demandas de justicia había sido la exposición de una poderosa maniobra de encubrimiento.
Después de que el juez Galeano fuese removido de su cargo, el presidente Néstor Kirchner designó a Alberto Nisman para presidir una nueva investigación como fiscal federal especial. Pero Nisman no era nuevo en el caso: había estado en el equipo de investigación inicial que había colaborado con la Secretaría de Inteligencia, y él también basaría gran parte de su investigación en la información proporcionada por la Secretaría, la mayoría de la cual no se podría utilizar como prueba en los tribunales. Por caso, en 2005 Nisman anunció que había identificado al conductor suicida de la camioneta; una afirmación que nunca fue respaldada ni demostrada en los procedimientos judiciales. En 2006, dos años después de hacerse cargo de la investigación y 12 años después del atentado a la AMIA, el fiscal Nisman emitió una acusación de 800 páginas acusando a ocho altos ex funcionarios iraníes, entre ellos el ex presidente Ali Akbar Rafsanjani y el ex ministro de Inteligencia Ali Fallahian, de orquestar el ataque. Un año más tarde INTERPOL emitió un “alerta roja” para cinco de los ocho funcionarios acusados e instruyó a los Estados miembros a detenerlos para que pudieran ser enviados a la Argentina para testificar en la corte.
El gobierno iraní se negó a entregar a sus ciudadanos a la justicia argentina, lo que originó un callejón sin salida en el caso, que se prolongó durante varios años. Luego, en marzo de 2012, los gobiernos de la Argentina e Irán firmaron un Memorándum de Entendimiento para crear una comisión que permitiese a los jueces argentinos viajar a Teherán para realizar entrevistas, y posiblemente incluso entrevistar a los acusados nombrados, pero que no aseguraba que estos se presentarían ante un tribunal argentino. En los diez años que transcurrieron desde el momento en que Nisman asumió como fiscal especial en 2004 hasta finales de 2014, la investigación había estado casi en un punto muerto. Sin embargo, el 14 de enero de 2015, el fiscal presentó una denuncia alegando que el Memorándum de Entendimiento era una maniobra de la por entonces presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y otros funcionarios para encubrir el atentado y proteger a los iraníes. La acusación se basaba en intervenciones de teléfonos de personas que no tenían un papel central en el sistema político nacional; las conversaciones grabadas supuestamente implicaban un acuerdo para beneficiar a los iraníes.
Nisman iba a presentarse ante el Congreso de la Nación el lunes 19 de enero para exponer los detalles de su denuncia a los legisladores del partido gobernante y de la oposición. El fin de semana, según informaciones que después aparecerían en la prensa, Nisman intentó sin éxito ponerse en contacto con la persona que, como jefe operativo de los servicios de inteligencia hasta diciembre de 2014, había tenido el control de la investigación de la AMIA durante años y había facilitado la intervención telefónica en la que se basó la acusación contra el gobierno de Fernández de Kirchner. A última hora de la tarde del domingo 18 de enero, Nisman fue encontrado muerto en su domicilio con una bala en la cabeza. La investigación judicial sobre la muerte de Nisman permanece abierta y, por el momento, la teoría de que la muerte fue un suicidio prevalece. Mientras tanto, la denuncia de Nisman contra la ex presidenta argentina no ha prosperado: dos autoridades judiciales determinaron que no había pruebas suficientes para abrir un caso judicial, dado el hecho de que no se podían sacar conclusiones a partir de las conversaciones grabadas. La muerte de Nisman y el contexto en el que se produjo tuvieron un impacto significativo en la opinión pública y, después de años de una lucha a menudo solitaria por parte de las víctimas, el caso AMIA ha pasado a convertirse en un tema clave de la agenda política. En agosto de 2015, comenzó en Buenos Aires el juicio para determinar las responsabilidades penales individuales de los funcionarios políticos y judiciales en el encubrimiento del atentado a la AMIA. Las víctimas y amplios sectores de la opinión pública argentina esperan que el juicio finalmente revele la verdad de lo sucedido”.
La verdad, hasta el día de la fecha, no ha sido revelada. Quizá sirva como consuelo pero por lo menos el año pasado el Estado argentino reconoció su responsabilidad por la impunidad. Sobre este tema escribió Luciana Bertoia en la edición de Página/12 del 15/10/022 (“Atentado a la AMIA: el estado reconoció su responsabilidad por la impunidad”).
“Diana Wassner y Adriana Reisfeld llevan 28 años buscando saber quién, por qué y cómo voló la AMIA. Este viernes subieron el último escalón que les quedaba en esa larga búsqueda después de no obtener verdad y justicia en el país. A través de sus abogados, representantes del CELS, pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condene al Estado argentino, que admitió como válidas todas las injusticias que la agrupación Memoria Activa denunció. “El estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en el caso AMIA”, reconoció Natalia D´Alessandro, titular de la Unidad Especial de Investigación (UEI) AMIA, que depende del Ministerio de Justicia (…).
No hay lugar en donde Diana y Adriana no se hayan metido para buscar saber qué pasó el 18 de julio de 1994, cuando una de ellas perdió a su marido y otra, a su hermana. Estuvieron en una oficina de Migraciones buscando fichas de ingresos al país mientras palomas las sobrevolaban dentro del edificio. En 2015 fueron a conocer el lugar donde estaban arrumbados los archivos de inteligencia sobre el peor atentado terrorista del país. Los encontraron con 40 centímetros de agua, entre cucarachas y ratas. Estos fueron algunos de los relatos que en estos últimos días oyeron de boca de referentes de Memoria Activa los integrantes de la Corte-IDH que se reunieron en Uruguay (…).
La representación del estado argentino-encabezada por Javier Salgado, de la Cancillería, y por D´Alessandro, de la UEI-AMIA-no pudo más que decirles que les asistía la razón en cada uno de sus planteos. El reconocimiento fue fuerte: “El Estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en el caso: por el armado de una acusación falsa, por la cooptación de la Justicia, por los servicios de inteligencia, por la corrupción, por la falta de seguimiento de líneas lógicas de investigación, por los plazos irrazonables de tramitación de actuaciones judiciales, por el secreto, por el encubrimiento de la verdad, por la falta de construcción de la memoria colectiva y, sobre todo, por la manipulación política de la causa al servicio de intereses-nacionales y extranjeros-inescrupulosos”, dijo la titular de la UEI-AMIA (…). “El reconocimiento fue muy importante porque el Estado argentino nos dio la razón en todas las violaciones que planteamos”, evaluó Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, después de la audiencia. “El caso AMIA debe pasar a ser un tema importante para el Estado en general. Las medidas que le reclamó la Corte-IDH son fundamentales porque van al corazón de la discusión sobre el funcionamiento de la Justicia argentina, su relación con los servicios de inteligencia y el acceso a la información”.
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