Por Carlos Tórtora.-

El actual impasse en la relación entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández está lleno de interrogantes. El presidente blanqueó que llevan más de un mes sin verse, lo que implica un reconocimiento de que la relación se ha enfriado. En el análisis están los que sostienen que la vicepresidenta simplemente no tolera más la lentitud con la que se van tramitando las causas por corrupción en su contra, cuando esperaba la caída de la mayor parte de las mismas antes de fin de año. El reproche al presidente es, obviamente, el supuestamente escaso empeño que la Casa Rosada pondría en acelerar la extinción de los procesos. Para Cristina, el calendario le podría correr en contra pese a estar en el poder. Es que quedan sólo 11 meses para las elecciones legislativas y las encuestas lo dan al gobierno en una posición de debilidad. Si se produjera un fenómeno de voto castigo y el Frente de Todos perdiera las elecciones en los distritos más grandes -hipótesis hoy probable- inmediatamente se podrían levantar las banderas de la lucha contra la corrupción y la continuidad de las causas contra Cristina volvería a tener un enorme apoyo político, siendo mucho más difícil su extinción. En otras palabras, que los jueces se cuidarían de cajonear los expedientes. Si bien un año parece mucho, para los tiempos judiciales no lo es. Hoy por hoy, ella espera el alivio que le daría la Sala 1 de la Cámara de Casación. Los procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner, Julio de Vido y José López, además de otro medio centenar dictados contra empresarios, contratistas y banqueros, pueden quedar anulados por la decisión de dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal: Ana María Figueroa y Daniel Petrone.

Estos dos magistrados, con antecedentes cercanos al kirchnerismo, estudian emitir un fallo que podría declarar nulas las confesiones de todos los arrepentidos de la causa Cuadernos, alegando que se violó el artículo sexto de la ley 27.304.

El fallo de Figueroa y Petrone iría en línea con los argumentos de la defensa de ciertos imputados -De Vido, por caso-, que sostienen que las confesiones contra sus clientes “deberían caer” porque no se cumplió taxativamente con el registro material del descargo realizado por los arrepentidos.

“Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”, sostiene el artículo 6 de la ley del Arrepentido.

Los abogados de los procesados -desde CFK a López- sostuvieron que la justicia de primera instancia violó la ley porque “no hay grabaciones ni filmaciones” de las confesiones. El juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la histórica pesquisa, afirmaron, en cambio, que se cumplió con el requisito normativo y que nada del expediente debería caer.

¿Hasta cuándo?

Así las cosas, la vicepresidenta le exigiría a la Casa Rosada gestos más contundentes, o sea que presione a los jueces de Comodoro Py antes de que las circunstancias compongan un cuadro político nuevamente adverso. Parece obvio que, aunque tiene un discurso de solidaridad con ella, AF se cuida bastante de quedar comprometido en el lobby judicial a favor de la extinción de las causas. Las próximas semanas servirán para esclarecer si el enfriamiento actual de la relación cederá ante las necesidades políticas de ambos o se convertirá -por el contrario- en una constante.

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