Por Carlos Tórtora.-

Como Resolución 943 se publicó en el Boletín Oficial el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y el próximo miércoles se estrenará el mismo ante la manifestación convocada por la Unidad Piquetera.

La pulseada que se inicia así tiene distintas facetas. Si Bullrich consiguiera que los piqueteros dejaran libres las calles, aunque sea parcialmente, se anotaría un gran éxito político y fortalecería a los halcones del gobierno. En caso contrario, Milei resultaría dañado por su frase en su discurso inaugural, «el que corta no cobra», criterio que no se aplicó porque haría falta una ley.

Hay que destacar que este protocolo se parece bastante al que aplicara Bullrich en el 2016 y que fracasó por la masiva oposición de los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos. El contexto es similar, con la diferencia de que este gobierno cuenta hoy con mayor apoyo del que tenía entonces Mauricio Macri.

Muchas complicaciones

El punto álgido del Protocolo se refiere a la utilización de la fuerza para el desalojo de la vía pública. Por más cuidados que se tomen, la posibilidad de episodios de violencia extrema está a la vuelta de la esquina. En caso de haber un muerto, los piqueteros tendrían motivos para desatar una ofensiva generalizada. Como es inevitable en estos casos, el gobierno quedaría a la defensiva y en una situación complicada.

También cabe analizar la posibilidad de la intervención judicial, ya sea de oficio o a petición de una de las partes. En este sentido, los piqueteros buscan desde ya que un juez se pronuncie por la inconstitucionalidad del protocolo, lo cual no es para nada imposible con un criterio garantista. Si se judicializara el protocolo y se paralizara su aplicación, el gobierno debería recurrir a una ley para subsanar el problema y la misma no sería fácil de sancionar. En síntesis, que existen importantes probabilidades de que la aplicación del protocolo tenga serios problemas.

Para los piqueteros, se trata de una cuestión de vida o muerte, porque retroceder con el corte de calles implicaría una posición más débil para discutir con el gobierno por el control de los planes sociales. La jugada final de Milei es quitarles a las organizaciones el manejo de los planes. La batalla por la vía pública es sólo la primera parte del conflicto, pero sin duda la más espectacular.

Share