Por Luis Américo Illuminati.-

La mala justicia pretende policías-robot.

Un policía que estaba vestido de civil mató a un motochorro que quiso robarle la moto en Moreno. El policía actuó en legítima defensa. En todas las épocas de la historia de los pueblos el Estado admitía que la acción de robar conlleva el riesgo de morir al intentarlo. Solamente en épocas de decadencia del derecho, de la ética y de las buenas costumbres, la culpa recae sobre quien defendió lo que es legítimamente suyo. En la Argentina el Estado -en poder de una casta de inmorales- protege a los delincuentes en un marco de garantismo aberrante.

Lo esencialmente confuso, intrincado, es la realidad concreta, que es siempre única. El que sea capaz de orientarse con precisión en ella; el que vislumbre bajo el caos que presenta toda situación vital la anatomía secreta del instante se dará cuenta que las fórmulas taxativas no reflejan mucho ni poco la realidad a la que parecen referirse, y si ahondáis más en el análisis hallaréis que ni siquiera pretenden ajustarse a la cruda realidad. Porque la vida es por lo pronto un caos donde uno está perdido si para hallar equilibrio y orden no elige el parámetro correcto. El legislador lo sospecha; pero le aterra encontrarse cara a cara con esa terrible realidad, y procura ocultarla bajo un telón fantasmagórico donde todo está muy claro en apariencia.

La legítima defensa de la víctima que mata al delincuente que lo asalta a mano armada debe ser considerada una causa de justificación distinta a la obsoleta fórmula legal (art.34 inc.6 CP), que data de 1922 y que parece dirigida al duelo o riña criolla tan común en esa época y no al delito de robo actual donde el comportamiento del autor -generalmente bajo los efectos de la droga- se asemeja al de un verdugo o un perro rabioso.

Los delincuentes no tienen piedad alguna cuando disparan a sus víctimas como el hecho que ha conmovido a Córdoba ocurrido en una verdulería donde un repartidor fue tomado de rehén por tres ladrones, quienes lo confundieron con el dueño del local y, tras obligarlo a tirarse en el suelo boca abajo y amenazarlo para que entregara el dinero del comercio, fríamente le pegaron un tiro, causándole una grave herida en el cuello que puso a la víctima en trance de perder la vida.

CONCLUSIÓN

Ambos casos interpelan la conciencia de los legisladores que no le ponen punto final a una cuestión donde la vida del delincuente es más importante que la del ciudadano honrado. La lenidad de la ley beneficia y salva al primero y perjudica y condena al segundo. Aprendan de Bukele quien ha conseguido la aprobación del 90% de la población de El Salvador que ahora sí es una república en serio y no una colonia de vacaciones de políticos y delincuentes y un matadero del inerme e indefenso ciudadano.

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