Con el fin de salvar lo que para muchos tiene un irremediable destino de fracaso, los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich, y de Economía, Nicolás Dujovne, salieron a dar los últimos manotazos de ahogado para tratar de mantener en pie los nuevos y polémicos contratos de PPP de los corredores viales.

Tras confirmar que los bancos privados y los fondos de inversión bloquearon por completo los financiamientos que habían prometido para los PPP, ahora los funcionarios nacionales quieren evitar la caída de las nuevas concesiones de rutas y autopistas con una salida alternativa que involucraría directamente a la administración bonaerense de María Eugenia Vidal y al gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

El nuevo esquema de salvataje de los PPP que pretenden instrumentar las carteras de Dietrich y Dujovne consiste en un doble aporte de fondos que deberían destinar al flamante fideicomiso estatal de las obras concesionadas tanto el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), como el Banco Ciudad de Buenos Aires.

A fines de agosto -cuando el combo de la crisis financiera y el escándalo judicial de los cuadernos de las coimas estaban por darle la partida de defunción a los PPP viales que aún no se pusieron en marcha-, la administración macrista implementó contrarreloj una cuestionada solución por la cual el Estado quedó a cargo de tomar los préstamos que debían conseguir las constructoras con una garantía de repago oficial que nunca estuvo prevista en las reglas de juego licitatorias.

Esa variante -acordada entre Dietrich, Dujovne, el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías y el titular del Banco Nación, Javier González Fraga-consistió en la creación de un fideicomiso administrado por el Estado que sería el encargado de recibir diversas líneas de créditos de bancos privados para financiar a los consorcios adjudicatarios de los PPP.

El fideicomiso -cuyo manejo quedó la órbita del BICE comandado por Francisco Cabera, el ex ministro de Producción que fue desplazado por la falta de resultados y una intrascendente gestión- arrancó con un aporte de 200 millones de dólares del Banco Nación y la constitución de un sistema de garantías de 600 millones de dólares provenientes de las cauciones que habían depositado los consorcios ganadores de la licitación.

Con esos recursos iniciales, el BICE salió a buscar financiamientos de bancos privados para tratar de alcanzar una masa crítica de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares que necesitan las constructoras para poner en marcha las obras antes de fin de año.

Pero lejos de lo esperado por el Gobierno, los bancos y los fondos de inversión no se entusiasmaron con ese esquema y cerraron todos los grifos de los créditos para las obras de los PPP viales, pese a que el tomador final iba a ser el Estado y no las constructoras y que la garantía de devolución era mucho más sólida y segura que la previstas originalmente.

Ante la caída del financiamiento privado, los funcionarios macristas pretenden suplantarlo con nuevos aportes del BAPRO y del Banco Ciudad.

La intención de la Nación es que -por medio de sus bancos estatales- Vidal y Larreta repliquen la movida del Banco Nación y aporten entre 200 y 300 millones de dólares cada uno al fideicomiso de los PPP.

Enterados de esa jugada, la primera reacción de los funcionarios provinciales y locales fue de rechazo por el elevado costo político que deberían afrontar si llegan a desviar parte de los escasos fondos que disponen a los proyectos nacionales cuando tienen miles de pedidos de asistencia crediticia de empresas y productores de sus territorios que no pueden atender.

Pero más allá de esa resistencia inicial, el planteo de la administración nacional sigue en pie y no se descarta que se incluya en la amplia negociación de fondos, aportes, compensaciones y recortes que se abrió con la provincia y la Ciudad tras el envío del proyecto presupuesto 2019 al Congreso.

En medio de esta polémica, el ministerio de Transporte sorprendió a propios y extraños con una llamativa ampliación presupuestaria del 45% en el monto de la del “Metrobus Oeste”, que tuvo como beneficiaria a una constructora muy ligada al macrismo que ha quedado involucrada en la causa de las coimas en la obra pública que lleva adelante el juez federal, Claudio Bonadío.

Por medio de la resolución 762, la cartera de Dietrich elevó el presupuesto final de la obra del “Metrobus Oeste” de 107 millones a 155 millones de pesos. El argumento esgrimido para actualizar el monto de los trabajos fue que a pedido del municipio de Morón se introdujeron una serie de modificaciones tales como “la configuración de nuevas calzadas, reemplazo de cordones, reubicación de paradores y estaciones y una mayor incorporación de delineadores rebatibles y tachas reflectivas en toda la traza”.

La empresa a cargo de la obra es Construcciones Ingevial SA que tiene entre sus antecedentes una antigua y larga relación con Dietrich forjada en sus tiempos de funcionario del gobierno porteño de Mauricio Macri. Entre otras obras que hizo para la Ciudad figuran el Centro de Trasbordo Flores, el cerco y vallado del Corredor Metrobús Cabildo y la construcción del “Establecimiento para la Integración Social y Laboral del Infante y Adolescente”.

Ingevial -como la mayoría de las constructoras- quedó expuesta en la causa de los cuadernos de las coimas por los datos que aportó el ex financista de los Kirchner, Ernesto Clarens.

Junto con otras 85 empresas del sector, Ingevial integra el listado de las constructoras nacionales que -según el arrepentido Clarens- pagaron coimas a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para quedarse con contratos de obras públicas.

Antonio Rossi

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