Por Hernán Andrés Kruse.-
Acompañado por su compañero de fórmula, el gobernador jujeño Gerardo Morales, y el casi seguro sucesor de Omar Perotti, Maximiliano Pullaro, Horacio Rodríguez Larreta eligió Rosario para anunciar con bombos y platillos su plan de seguridad para la lucha contra el delito y el narcotráfico. La elección de la Cuna de la Bandera como plataforma de lanzamiento de su plan de seguridad lejos estuvo de ser casual. Desde hace mucho tiempo que Rosario es tierra de nadie, una jungla dominada por el poder narco. ¿Qué mejor, entonces, para acaparar la atención de la opinión pública que dar a conocer sus medidas contra la inseguridad en el epicentro de la violencia sin control? “Rosario es el ejemplo de lo que una ciudad sufre cuando un gobierno nacional y provincial los abandona, cuando dejaron avanzar las mafias de la droga. La violencia nos va matando de a poco, el miedo no es vida”, enfatizó en el Parque de las Colectividades.
El plan larretista consta de 14 puntos.
“1. Mandar al ejército a blindar las fronteras y controlar que no entren drogas y armas. 2. Con el ejército en las fronteras, 10.000 nuevos gendarmes y efectivos de la policía federal van a poner el cuerpo en las más zonas críticas del país: 3000 van a ir a Rosario, 6000 van a ir al conurbano bonaerense y otros 1000 a Córdoba. 3. Crear el Grupo de Elite Antinarcotráfico con los mejores agentes de todas las fuerzas. Tendrá el prestigio del FBI y contará con tecnología de punta para enfrentar delitos complejos. 4. Impulsar una ley de extinción de dominio para incautar los bienes de los criminales mientras se resuelve la condena. No van a poder usar su plata robada para comprar sicarios, ni usar sus autos y camiones para trasladar la droga, ni sus casas como bunkers. 5. Construir módulos de máxima seguridad en las cárceles con inhibidores de señal para incomunicar a los líderes de las organizaciones criminales. Además, se construirán cárceles de máxima seguridad bien lejos de las grandes ciudades para que todos los narcos estén presos. 6. Ir a buscar a los prófugos, reactivando el sistema que el gobierno actual no usa y con la tecnología que ya dio resultados: cámaras de reconocimiento facial y equipos especializados de las distintas fuerzas de seguridad. 7. Diputados y senadores aprobarán un nuevo código penal para combatir el crimen organizado. Hoy Argentina tiene un código de más de 100 años que no está preparado para los delitos actuales.
- Impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años. Los jóvenes van a ser responsables de sus actos, pero con un trato diferenciado dentro de un régimen especial, porque a los 14 años no se es un adulto. Así se evitará que esos chicos entren definitivamente en el mundo del delito y sean usados como soldaditos de los narcos.
- Lograr una Justicia más rápida a través del nuevo sistema acusatorio federal, con prioridad en Rosario. Los juicios penales serán orales y el poder de investigación lo tendrán los fiscales, para bajar de años a meses la duración de los procesos. 10. Promover el juicio por jurados. 11. Brindar asistencia, acompañamiento psicológico, ayuda económica y asesoramiento jurídico gratuito para las víctimas de la inseguridad. 12. Volver a tener el control de las calles de los barrios más violentos, llevando más policías, instalando cámaras, sumando luces y llevando servicios básicos. 13. Dar a los policías el entrenamiento y el equipamiento que necesitan. Impulsar un acuerdo federal con los gobernadores para que los policías tengan al menos un año de entrenamiento y que cada uno tenga su chaleco, su arma reglamentaria y Taser, handy y tecnología en el 911 y en las calles. 14. Promover beneficios para los que elijan la profesión, mejorando su salario y facilitando el acceso a la vivienda y a un sistema de salud de calidad” (fuente: Infobae, 20/7/023).
Una vez más, un candidato presidencial parte de la creencia de que la represión es la única forma de combatir al narcotráfico. Parte de la creencia de que con más policías y más gendarmes en las calles, los narcos serán barridos. La historia de la lucha contra el narcotráfico a nivel mundial ha demostrado que la represión no soluciona el flagelo del narcotráfico. No sólo no lo soluciona sino que lo empeora. ¿Por qué, entonces, un dirigente racional como Larreta apuesta a un método de combate al narcotráfico cuya ineficacia ha quedado demostrada desde hace mucho tiempo? Por un simple y mísero cálculo electoral. Consciente del hartazgo-plenamente justificado, cabe aclarar-de los argentinos, Larreta decidió apostar por la mano dura para derrotar a los narcos. Ahora bien, si hasta el día de la fecha la mano dura fracasó ¿por qué con Larreta en la presidencia sería exitosa? Siempre hay que tener en cuenta la conocida sentencia de Einstein: “locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.
A continuación paso a transcribir partes de un jugoso ensayo de Iván Cachanosky titulado “Un análisis acerca de la legalización de las drogas” (Laissez-Faire, No. 33 (Sept. 2010): Es de esperar que algún día la clase política se digne a analizar el flagelo del narcotráfico desde esta perspectiva.
LA ÉTICA
“El acto de drogarse no constituye un crimen ya que ese hecho no lesiona derechos de terceros.” (Alberto Benegas Lynch, La tragedia de la drogadicción: Una propuesta (Buenos Aires: Lumiere, 2006).
“Ante la disputa de si conviene legalizar la droga, una de las respuestas que puede darse es que es más eficiente luchar contra las drogas legalizándolas que prohibiéndolas. Pero más allá de la eficiencia, ¿qué es lo correcto a hacer? ¿Es ético legalizar la droga? ¿Es ético prohibirla? Si bien es importante el factor eficiencia, desde el punto de vista ético tiene un rol secundario. La pregunta que busca responder la ética es si corresponde o no legalizar las drogas. Primero se debe analizar si una medida es ética antes que eficiente, ya que si no es ética de nada nos sirve que sea eficiente. Es muy común que hoy en día se asocie a la droga directamente con el crimen, o con la idea de que drogarse es malo. Sin embargo, que las drogas provoquen daño al cuerpo no quiere decir que éticamente el acto sea incorrecto. Si una persona prefiere tener una vida más corta pero disfrutar del uso de la droga, mientras no dañe derechos de terceros se encuentra en su pleno derecho y libertad de hacerlo. Es decisión del individuo el querer llevar una vida sana y larga o una con vicios pero más corta.
El economista y abogado austríaco Friedrich von Hayek enfatiza que en una sociedad libre tendremos que aceptar el hecho que pueden suceder cosas que (a) nos gusten, (b) no nos gusten y violen nuestros derechos, (c) no nos gusten pero no violen nuestros derechos. Si aceptamos la sociedad libre, debemos tener estos tres escenarios en mente. Sólo en la opción (b) debe intervenir el Estado mediante la justicia y la fuerza pero no en la opción (c), la cual a veces puede traer discrepancias basadas en diferencias de opiniones, pero no violan derechos ajenos. Lamentablemente estamos acostumbrados a que aquello que el gobierno juzga como malo va a ser prohibido por ley y lo que es prohibido por ley es visto como un delito. Bajo estas circunstancias las personas que desean drogarse, por ejemplo, en su departamento privado sin siquiera salir a la calle, son considerados criminales. Si nos preguntamos cuál fue el delito, la respuesta será “haber consumido droga.” Si a continuación nos preguntamos quién fue la víctima, la respuesta es nadie, solo el individuo que consumió, y eso no pareciera ser un crimen.
El acto de consumir una droga no necesariamente viola derechos de terceros, y por lo tanto no puede ser un delito. La acción que toma el hombre al decidir consumir estupefacientes puede considerarse un vicio pero, nuevamente, vicio tampoco es sinónimo de crimen. En el primer caso el individuo se daña a sí mismo, en el segundo caso daña a otro individuo. El acto de consumir drogas puede ser un vicio, pero no es un crimen. El economista Guy Sorman, en su libro The Immigrant and the Drug Addict, cuenta el caso de un camionero que consumía anfetaminas para poder trabajar más cantidad de horas. No buscaba sentirse diferente, simplemente buscaba un medio para poder trabajar más y poder obtener el pan en su mesa. ¿Violó el camionero el derecho de una tercera persona? Claramente no, simplemente usaba las drogas como estimulante. Por supuesto que la pregunta más obvia que surge aquí es ¿qué pasa si un individuo, por el acto de consumir drogas, termina violando derechos de terceros?
Ante estas preguntas no hay que omitir que si bien uno puede ser libre de consumir una droga, la contracara de la libertad es la responsabilidad; es decir, uno debe hacerse responsable de los actos que realiza. Dicho en otras palabras, la responsabilidad es el costo que se paga para tener libertad. Con lo cual si un individuo decide drogarse y terminar en una vida degradante no podrá tener derecho a reclamarle al Gobierno que lo mantenga más adelante. Y este punto debe estar bien claro, ya que varias personas podrían estar optando por drogarse porque saben que tarde o temprano el Estado los mantendrá, pero mientras tanto deciden “pasarla bien.” Con respecto a la violación de derechos de terceros, supongamos que una persona se droga y acto seguido sale a la calle y le roba el reloj a otra persona. Está violando derechos de esa otra persona y la causa fue el consumo de una droga. Con lo cual se termina concluyendo que el Estado debería prohibirlas para evitar estos escenarios. Por eso, no podemos ignorar que el Gobierno tiene un rol que jugar. Analicemos a continuación cuál debería ser ese rol.
Rol del Gobierno
Las labores que incumben la intromisión del Gobierno siempre van a ser difíciles de analizar debido a las diversas consecuencias que pueden generar. Esto es así porque el Estado debe ocuparse de personas; y esto nos lleva al ámbito de las ciencias sociales, el cual es mucho más complejo que el de las ciencias naturales debido a su alto grado de subjetividad. Como muy bien señaló el economista austríaco Ludwig von Mises: In the natural sciences knowledge comes from experiment; a fact is something experimentally established. Natural scientists, in contrast to students of human action, are in a position of being able to control changes. They can isolate the various factors involved, as in a laboratory experiment, and observe changes when one factor is changed… In the field of human action, we are never in a position of being able to control experiments. We can never talk of facts in the field of social sciences in the same sense in which we refer to facts in the natural sciences (Ludwig von Mises, The Free Market and Its Enemies: Pseudo-Science, Socialism, and Inflation (New York: Foundation for Economic Education, 2004).
El Gobierno, al ocuparse de seres humanos, debe lidiar con la acción humana, la cual puede ser muy difícil y hasta imposible de predecir. Es por eso que un acto puede parecerle a la persona A correcto pero a la persona B incorrecto. Y mientras ese acto no viole derechos de terceros es muy difícil poder definir quién tiene razón y quién no cuando se trata de acciones humanas, porque el grado de subjetividad es muy alto. Un gobierno no puede ni debe atribuirse la capacidad de definir estas cosas de una manera tan simple. Es por esta razón que ha llegado a suceder que según en qué época nos ubiquemos, para la ley un acto puede ser bueno, pero luego puede ser malo. Por ejemplo, antes de 1907 las drogas podían comercializarse como cualquier otro bien. Thomas Szasz da un claro ejemplo al respecto: There was a time, not long ago, when America was at peace with drugs—when the trade in drugs was as unregulated as the trade in diet books is today; when people did not view drugs as presenting the sort of danger that required the protection of the national government; and when, although virtually all of the drugs of which we are now deathly afraid were freely available, there was nothing even remotely resembling a “drug problem.” It would be a mistake to assume, however, that in those good old days Americans minded their own business. Far from it. Then they hounded themselves and their fellows with the fear of another dangerous pollutant threatening the nation, namely, pornographic books, magazines, and pictures (Thomas Szasz, Our Right to Drugs (Syracuse: Syracuse University Press, 1992). Más adelante, Szasz agrega: Before 1907, all drugs could be sold and bought like any other consumer good. The manufacturer did not even have to disclose the contents of his concoction. Hence the name “patent medicine,” the adjective alluding to the fact that the composition was a trade secret, protected by a patented name.
Un acto es moralmente correcto o moralmente incorrecto, no es bueno o malo según en qué época nos encontremos. Podrá costarnos decidir u opinar si el acto es bueno o malo, debido a su grado de subjetividad, pero el tiempo cronológico no debería estar en la ecuación del resultado. Pero lo que sí está claro, es que si el acto viola derechos de terceros entonces es moralmente incorrecto. Básicamente, el Estado en sus funciones puede optar por uno de los siguientes tres empleos de la fuerza: Ofensivo, Defensivo, o Preventivo. Un claro ejemplo de una acción ofensiva del gobierno es cuando cobra impuestos que no se aplican para fortalecer el Estado de Derecho. Simplemente le saca a A para darle a B. Éste es un acto ofensivo. Un acto defensivo podría ser, por ejemplo, que la policía detenga a un criminal por haberle robado dinero a un anciano. Por último, un acto preventivo podría ser aquel en el que un policía detiene a un individuo antes de que asesine a otro. ¿Cuál es la posición que debería tomar un gobierno ante el tema de las drogas? ¿Ofensivo, defensivo o preventivo?
OFENSIVO
Comenzando primero con el caso de un Gobierno ofensivo, en el tema de “La Guerra contra las Drogas”, Guy Sorman cuenta que en 1949 el partido comunista chino le declaró la guerra al opio anunciando que en dos años iban a erradicar la droga. El objetivo mandarín fue logrado, pero el costo arrasó con la propiedad privada de miles de individuos y con la vida de miles o quizás millones de personas. En este caso podemos ver cómo un Gobierno, de forma ofensiva, viola las libertades de los individuos, llegando a extremos, para cumplir con su meta. El objetivo fijado fue alcanzado en el tiempo estimado. ¿Pero a qué costo? No todos los casos necesariamente son tan ofensivos. El mismo autor cita otro ejemplo de un ruso que por tener 20 gramos de hachís fue condenado a estar entre 12 y 18 meses en prisión. La droga hachís no es de las más dañinas y no genera dependencia. Pero en Rusia como la droga no es tolerada fue a prisión en vez de a un hospital. Los países con gobiernos ofensivos poseen la característica de entrometerse en los asuntos privados y por ende corren el riesgo de tomar malas decisiones. Y en esos casos puede existir el riesgo de que la situación se agrave aún más.
El economista Bruce Benson brinda un claro ejemplo de esta situación. Benson relata que las penalidades suelen estar basadas en el peso de la droga y no en su potencia, con lo cual se incrementa el incentivo por las drogas de alta potencia. Este punto puede ser cuestionable. ¿Puede estar el Gobierno seguro de que basar las penalidades en el peso en vez de la potencia es más efectivo? ¿Cuál es la mejor decisión a tomar? Ante la imposibilidad de lograr los resultados deseados en la tan larga guerra contra las drogas los Gobiernos han ido invadiendo cada vez más la propiedad privada. Han llegado a intrusiones muy graves como por ejemplo intervenir teléfonos para escuchar conversaciones, o generar que la gente comience a denunciarse entre sí a cambio de dinero. Según el abogado Steven Duke estos informantes recibían un salario o una bonificación por persona denunciada. Algunos informantes llegaron a conseguir más de un millón de dólares con estos arreglos. Hubo padres que denunciaban a sus hijos; hijos que denunciaban a sus padres; amigos denunciándose entre sí. El factor dinero terminó generando más bien mercenarios en vez de “guerreros.”
Al no poder ganar la guerra contra las drogas los Gobiernos se concentran en invadir más y más los derechos y la propiedad privada de los individuos. ¿Pero hasta dónde puede llegar? ¿Dónde hay un límite? Como afirma Steven Duke: The drug war cannot succeed in ending the consumption of illicit substances but if the unwinnable war continues, it can deprive us all of precious liberties. It has already done so (Steven Duke, “The Drug War on the Constitution,” en Timothy Lynch (ed.), After Prohibition: An Adult Approach to Drug Policies in the 21st Century (Washington: Cato Institute, 2000). No importa qué haga o intente hacer el Gobierno, no va a poder eliminar la demanda de forma definitiva. Sin embargo, el punto va más allá de si el Estado fue eficiente o no en la guerra contra las drogas (que no lo fue). ¿Por qué el Gobierno debe cuidarnos? ¿Quién le atribuyó ese rol? ¿No son acaso nuestros padres o la escuela los que deberían educarnos y cuidarnos? Thomas Szasz expresa estos puntos de manera muy clara: … the government … is supposed to be our servant, not our master; because it is expected to treat us as adult moral agents, not as irresponsible children or incompetent mental patients; and because we possess our inalienable rights as persons, not as the beneficiaries of a magnanimous state (Szasz, Our Right to Drugs).
¿Qué pasaría si la legalización de las drogas fuera la mejor manera de combatirlas? Uno de los peores problemas de que la droga esté prohibida es que aumenta la cantidad de crímenes. Entonces, si legalizando las drogas disminuye el número de delitos y además el Gobierno no posee autoridad para decidir que el acto de drogarse es bueno o malo, la legalización de drogas podría ser una salida más atractiva. Por supuesto, no olvidemos que la contracara de la libertad es la responsabilidad, con lo cual, si legalizamos las drogas en una sociedad libre no se puede pretender luego que mediante impuestos se mantengan a los adictos. Fue su decisión llevar una vida que a largo plazo los perjudicaría. No se debe olvidar nunca que si hay libertad de actuar también hay responsabilidad por esos actos.
Continuando ahora con acciones gubernamentales que todavía son ofensivas pero en menor grado y bajo el escenario de la legalización de drogas, existen diversas variantes que sostienen una legalización pero con un Gobierno intervenido. Entre ellas podemos destacar una legalización regulada con impuestos altos. Sin embargo, si uno de los grandes problemas de la prohibición de las drogas son los crímenes, entonces mantener impuestos altos sólo significaría atenuar el problema. Equivaldría a bajar el precio pero no al nivel que el mercado fijaría. Esta postura es promovida por Ethan Nadelmann, fundador de la “Drug Policy Alliance.” Su principal razón para tener impuestos elevados es restringir el consumo. Es interesante examinar el caso de Holanda, ya que es uno de los países más cercanos a la legalización de estupefacientes. En Holanda el consumo de drogas es legal, pero sólo es así en algunos bares o pubs, y hay límites de cantidad para consumir. Está prohibido fumar en la calle por ejemplo. Este caso es el más cercano hoy en día a una legalización total. No es total debido a que el consumo está restringido, y sólo puede consumirse en los pubs y no en las calles. Y en Holanda, como se verá más adelante, a pesar de la legalización el consumo no aumentó y los índices de delitos son más bajos que en otros países donde la droga se encuentra prohibida.
Fue E. L. Engelsman, en Holanda, quien empezó a sugerir lo que se llamó la “normalización” de las drogas (E. L. Engelsman, “Dutch Policy on the Management of Drug-related Problems,” British Journal of Addiction, 84 (1989). Se concentró en tratar de despolitizar el debate y en mostrar cómo la guerra contra las drogas se iba perdiendo. Lo que Engelsman entendió fue que es mejor negociar en paz con los adictos que marginarlos. Otro punto muy acertado de Engelsman fue diferenciar entre las drogas soft y las hard. Considera un mito el hecho de que las drogas soft son el paso a las drogas hard. Al legalizar las drogas soft y no las hard se tiende a consumir más las primeras, ya que pueden calmar la adicción y no hay que correr tanto riesgo como en las segundas, que además son mucho más caras por ser prohibidas. El paso de las drogas soft a las drogas hard podría ser cierto si las drogas en su totalidad se encontraran legalizadas, pero la experiencia en Holanda nos muestra cómo ese salto de drogas soft a hard no se efectuó.
El caso holandés es muy interesante porque logró mantener los índices de consumo y de delito bajos a pesar de legalizar algunas drogas. Quizás sea un buen ejemplo a imitar y en vez de gastar tantos recursos en una guerra que no da resultados, utilizarlos en proteger e informar a los jóvenes y adolescentes acerca del daño que les pueden causar las drogas. En vez de marginar, intentar brindar información para ayudar, y gastar esos recursos en educación, para que los consumidores sepan los riesgos que corren si consumen drogas.
DEFENSIVO
La mayoría coincide en que el Estado debe tener, por lo menos, un papel defensivo. Si una persona comete un delito, ya sea robo, asesinato o violación, se espera que pague de acuerdo a la infracción cometida. La mayoría de la gente concordaría que si un hombre asesina a otra persona debería ir a la cárcel y cumplir una pena. Ahora supongamos que un individuo apunta con su revólver en la cabeza de otro individuo; si el Gobierno sólo debe actuar en manera defensiva, debería esperar a que el agresor hale del gatillo para poder detenerlo. Es decir, hay que esperar a que se cometa el crimen para poder actuar. Que un Gobierno actúe solo de manera defensiva es extremista. Lo lógico sería que actúe también en forma preventiva para evitar este tipo de situaciones. Lo ideal no es curar sino prevenir.
PREVENTIVO
Es necesario que el Gobierno sea preventivo, porque de lo contrario se podrían poner en riesgo muchas vidas de personas inocentes. Supongamos, y siendo un poco extremistas para enfatizar el punto, que una persona en su departamento ha decidido recolectar dinamita, y posee suficiente como para hacer volar en pedazos el edificio en el cual vive con todos sus vecinos. Pero este señor no tiene intenciones de volar el edificio, simplemente le gusta la estética de la dinamita en uno de sus cuartos, le gusta observarla, simplemente apreciarla. Si bien su manera de actuar no es un delito, es altamente riesgoso para sus vecinos, por lo cual debe haber cierta dosis de prevención para evitar accidentes que puedan acabar con la vida de terceros. Llevando este ejemplo al caso de las drogas, ¿no deberían permanecer entonces prohibidas para evitar que algún adicto termine violando derechos de terceros? ¿No es acaso la misma lógica preventiva que en el ejemplo de la dinamita?
CORRUPCIÓN
Otro gran problema que trae aparejado la prohibición de drogas es la corrupción que se genera. Al estar prohibidas por ley, su comercio tiene que ser ilegal, en el mercado negro, y como hay castigos por el intercambio de estos bienes, su riesgo aumenta, generando de esta manera un negocio altamente rentable. Al volverse beneficioso, los mafiosos de las drogas sacan gran provecho de ella. Incluso los mafiosos cuentan con la prohibición ya que al ser un bien prohibido, allí es donde estarán los beneficios, y allí es donde estarán entonces los mafiosos. Si fueran legales no habría mafias en torno a las drogas debido a que dejarían de ser rentables y estos mafiosos se moverían a otro rubro, seguramente prohibido, para mantener sus altas ganancias. Hay otras víctimas en el caso de la corrupción, como por ejemplo los policías. Alberto Benegas Lynch cuenta cómo la policía ve que aceptar sobornos es menos rentable que emprender ellos mismos el negocio de las drogas. Además, con la cantidad de dinero que mueve el negocio de las drogas, sobornar policías puede que no sea un gran inconveniente. Un empresario puede verse seducido por el negocio de las drogas por ser ilegal, luego los policías pueden dejarse sobornar por dinero involucrado en este negocio.
Pero la situación puede ser aún más grave; un país puede corromperse por el narcotráfico. Puede haber países que se aprovechen de la prohibición de las drogas y entren para obtener una fuente de ingresos. Benegas Lynch, en el libro ya citado, apoyándose en Jonathan Marshall relata cómo en el caso de Perú, el jefe de una división anti-narcóticos resultó ser cabecilla de un círculo de narcotraficantes. Otro ejemplo es marcado por el comandante revolucionario cubano Huber Matos, quien relata cómo Fidel Castro, en medio de la revolución cubana, aprovechaba los altos beneficios de la marihuana y tenía su plantación como negocio personal. Por último, para entender algo de las dimensiones de los números que hablamos, en 1997, el negocio de las drogas en su totalidad generaba una ganancia de entre 300 y 600 mil millones de dólares. Y cuanto más leyes antidrogas existan y más riesgo involucre al negocio, esas cifras seguirán aumentando”.
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